Gasto del Estado en publicidad: una luz de esperanza 

AL DIPUTADO MARCO Enríquez Ominami se le pueden formular muchas críticas, pero quienes creen en el pluralismo, la transparencia y la libertad de expresión le tienen que reconocer el mérito de haber conseguido que la Cámara de Diputados decidiera, en forma unánime, establecer una comisión investigadora acerca de cómo asigna el Estado sus cuantiosos recursos publicitarios.

Es sabido que los sucesivos gobiernos de la Concertación, honrando probablemente un pacto secreto firmado con el pinochetismo en los albores de la transición a la democracia, han favorecido de manera abusiva y arbitraria al duopolio (El Mercurio y COPESA) que controla actualmente la prensa nacional y define, en alto grado, la pauta de prioridades de la opinión pública, es decir los temas acerca de los cuales los chilenos tienen que opinar.

Es probable que esta preocupación de Marco le venga por el lado de su madre, la periodista Manuela Gumuccio, compañera en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, hace más de cuarenta años, del editor de este diario electrónico. Manuela era entonces un personaje en el plantel porque a mediados de los sesenta el padre de la estudiante, el senador Rafael Agustín Gumucio, lideraba el ala rebelde de la a la sazón poderosa Democracia Cristiana bajo el Gobierno de Eduardo Frei Montalva. Algún tiempo después Gumucio, un cristiano que trataba de llevar a la política los valores del Evangelio, rompió con el partido de toda su vida y se fue a formar el MAPU.

Manuela dirige ahora un observatorio de medios de comunicación en el que se ha dedicado, entre otras cosas, a tratar de cuantificar los recursos publicitarios que el aparato estatal destina a los medios de comunicación y la forma en que los distribuye.

Este ejercicio no ha hecho otra cosa que confirmar lo que la simple observación enseña y es que los organismos públicos, el aparato del Gobierno y del Estado en su conjunto incluidos el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, las empresas de propiedad estatal destinan a la empresa El Mercurio con toda su cadena, sus radios y sus negocios conexos a lo largo de todo el país, y su rival, hasta por ahí no más, COPESA (dueña de La Tercera y La Cuarta), que obedece a los mismos intereses ideológicos y políticos, un porcentaje que no se compadece con el peso real que los medios de estas empresas tienen en el mercado nacional. Este subsidio gigantesco y encubierto, en perjuicio de otros medios, ha llevado a la muerte a diversas experiencias periodísticas que existían a comienzos de la transición o han tratado de erigirse para ofrecer enfoques diferentes a los de la derecha, lo que ha redundado en una situación incomprensible.

Es de veras sobrecogedor que al cabo de más de una década y media de una supuesta transición a la democracia, el país exhiba hoy un pluralismo mucho más estrecho y acotado que el que imperaba bajo la dictadura de Pinochet, digamos a mediados de los 80. Esto es consecuencia de esta política comunicacional suicida promovida por personajes como Eugenio Tironi y otros ultraliberales que hoy, por supuesto, disponen de un amplio espacio en los diarios de estas empresas, las cuales se apoderan de un elevadísimo porcentaje de la publicidad estatal, mientras el Gobierno, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, las empresas públicas, las Fuerzas Armadas, niegan recursos a medios que tienen su historia, que disponen de su público y que apenas sobreviven o mueren porque la empresa privada en Chile, ya está comprobado, asigna sus recursos publicitarios de una manera altamente ideologizada.

Por cierto, al empresariado nacional le importa exactamente un rábano el tema del pluralismo, pero al Estado debería importarle, sobre todo si está dirigido por personas de vocación supuestamente democrática y progresista.

Desgraciadamente, si al comienzo del Gobierno de Lagos hubo alguna preocupación por el tema, cuando Claudio Huepe y Heraldo Muñoz estuvieron a cargo de la Secretaría General de Gobierno, ese interés se disipó con Francisco Vidal y Osvaldo Puccio. Y a Ricardo Lagos Weber el tema le interesa hongo, es decir absolutamente nada; ni a él ni a sus asesores.

Algunos criterios basicos
La comisión impulsada por Marco Henríquez Ominami, que logró concitar el apoyo unánime de la Cámara, está acopiando datos acerca de la forma en que el aparato estatal distribuye los recursos que destina a publicidad y avisaje legal. El apoyo de los sectores de Derecha a la iniciativa del diputado socialista obedece principalmente al afán de acosar al Gobierno, pero a la hora de buscar formulas más equitativas que signifiquen fomentar el pluralismo, vía, por ejemplo, una reforma a la Ley de Prensa que favorezca el pluralismo, a muchos derechistas se les saldrá el indio y privilegiarán la eficiencia y la necesidad de aprovechar economías de escala, lo cual significa, en buen romance, apoyar lo ya establecido y desechar los medios alternativos.

Cabe suponer que al Estado de Chile le interesa fomentar el pluralismo, al igual que le importa preservar el idioma pascuense o aymara; por más que el 99% de los chilenos hable castellano, eso no autoriza para aplastar a grupos minoritarios cuya pertenencia a la sociedad chilena la enriquece, así como la empobrecería la desaparición de las etnias que hablan esos idiomas. Por lo demás, diversos medios ajenos a los dos conglomerados que controlan la prensa chilena hoy probablemente tienen un nivel de crecimiento muy grande y representan mucho más del 1 o 5% del mercado y podrían crecer mucho más si se le brindaran mínimas oportunidades, como las de no ser objeto de discriminación. Tiene que haber, en una sociedad que se quiere democrática, espacios para experiencias diferentes y un periodismo que no se alinea con intereses económicos y que consigue captar a un sector, aunque sea minoritario, de la población.

Surge a este respecto la necesidad de esclarecer conceptos básicos. ¿Cuál es el rasgo distintivo que no forman parte de estos dos conglomerados gigantescos que manipulan a su antojo a la opinión pública nacional y, por cierto, también al Gobierno? Tal vez el criterio fundamental para identificar estos medios sea que ellos no persiguen el afán de lucro ni la defensa de intereses económicos; buscan financiarse, pagar a sus trabajadores, pero no pretenden lucrar con el ejercicio del periodismo ni defender causas relacionadas con grupos económicos de los que constituyen un negocio más. Nos parece que ese es un criterio fundamental que nos permite separar aguas con lo que hacen COPESA y El Mercurio en nuestro país.

La aplicación de este criterio define que se trata de empresas medianas o pequeñas. Ellas revisten, en general, importancia clave para promover un desarrollo con equidad, ya que generan efectivamente muchos puestos de trabajo por unidad de capital, a diferencia de lo que sucede con la gran empresa, y entregan dignidad a quienes laboran en ellas. Pues bien mucho más importante es la pequeña empresa en el ámbito periodístico, porque está asociada, adicionalmente a la supervivencia del pluralismo, tan maltratado en nuestro país.

Al diputado Henríquez Ominami le hemos planteado que es indispensable que estos medios alternativos sean capaces de autofinanciarse. Ellos no piden una limosna; existen, tienen su público, son capaces de resistir en medio de un mercado salvaje, pese a todas las trabas que se les imponen. Lo único que piden es no ser discriminados: que si ellos representan el 1% del mercado, el Estado les asegure una participación al menos igual a ese porcentaje dentro del total de recursos publicitarios que los poderes públicos manejan.

Los medios electrónicos aparecen como una de las alternativas más viables, ya que su instalación y operación resulta mucho más barata que lo diarios tradicionales, a lo que se agrega el
hecho de que un creciente porcentaje de la población, en especial jóvenes, tiene acceso o va a tenerlo en un futuro próximo a la internet, con lo que se amplifican las posibilidades de pluralismo y de interacción entre estos medios y sectores ciudadanos. Hace falta, eso sí, que la ley defina con mayor precisión lo que es un diario o un medio electrónico periodístico. La Ley de Prensa es demasiado laxa e interpretada de manera literal llevaría a tener que aceptar que el sitio web de la Parroquia San Expedito, por el hecho de renovarse periódicamente su material con las prédicas del cura y las noticias sobre el catecismo, es un medio periodístico.

Bastaría, por otro lado, que un vivaracho levantara un sitio en el que fuera colocando a diario la foto de una niña ligera de ropa con un pequeño texto para que fuera considerado un diario electrónico, bastándole su inscripción en la Gobernación respectiva y la entrega del cd correspondiente a la Biblioteca Nacional.

En consecuencia, teniendo en cuenta las potencialidades que ofrece el periodismo electrónico, parece fundamental que la Ley de Prensa coloque más exigencias a los diarios electrónicos, de manera que ellos sean realmente medios de carácter periodístico, manejados por profesionales responsables y sujetos a la ética que esta profesión requiere. Eso permitiría a su turno exigir al Estado un trato deferente con estas expresiones tan fundamentales para la profundización de la Democracia y la participación de la ciudadanía.

Cabe formular votos entonces para que la notable iniciativa del diputado Marco Henríquez Ominami, junto con acoplar antecedentes que comprueben lo que ya se sabe, lo que es de dominio público, conduzca a reformas a la Ley de Prensa que de veras fomenten el pluralismo y pongan freno a la concentración de la tenencia de medios en Chile, que es tan peligrosa y perjudicial como aquella se observa en materia de ingresos y oportunidades.

(17/07/06)

El autor es Editor del periódico electrónico El Gran Valparaíso www.granvalpariso.cl