Pescadores sin mar, igual que Bolivia

Es atendible la inquietud del diputado Patricio Vallespín, presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara, cuando declara que “es bastante complicada la tramitación de la Ley Larga de Pesca precisamente por lo complicado del tema”. Lo que no queda claro es si lo engorroso del trámite es un desafío para realizar cambios sustanciales al actual régimen de asignación de cuotas de capturas, o una justificación ante la ausencia de implementación de medidas específicas.

Como sea, al menos existe conciencia para reconocer que “la forma en que se trató esta ley no fue la más adecuada”, términos condescendientes para referirse a la promulgación de una fraudulenta Ley de Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA), con manifiestas interdependencias políticas y económicas. El diputado recomienda asimismo el envío de al menos cuatro proyectos que perfeccionen el espíritu original de la iniciativa, de modo de incorporar la pesca artesanal (a través de una ley corta), la pesca industrial, la acuicultura y una propuesta relativa a las competencias y atribuciones de la Subsecretaría.

Es gratificante comprobar que el señor Vallespín asume las obligaciones que le impone su cargo al poner en el tapete estas necesidades, que muchas veces se ignoran pues no existe voluntad política para concretar reformas esenciales desde sus cimientos. No debemos olvidar que en el momento de la definición y aprobación de la cuestionada ley existían intereses económicos que se sobreponían con los intereses políticos, a través de la presidencia del Senado y la participación de la familia Zaldívar en la comisión de pesca.

El compromiso de la comisión con los pescadores artesanales es otra de las materias abordadas por el diputado, quien catalogó al subsector pesquero como “emprendedores del mar”, bonitas palabras para referirse a un numeroso grupo de trabajadores marginados en muchos casos de los procesos productivos que se originan en el mar, debido fundamentalmente a la sobreexplotación de los recursos y a una desigual asignación de cuotas. El parlamentario ha reconocido las potencialidades de desarrollo que envuelve la política de asegurar la conservación del recurso y entregando áreas de manejo para practicar la acuicultura artesanal.

60 mil pescadores “expropiados”
Estos argumentos no resultan nuevos, pues el subsecretario designado por la Presidenta Bachelet ha manifestado en múltiples oportunidades su preocupación por la situación de los 60.000 pescadores artesanales, oprimidos por la iniquidad de una deficiente administración pesquera. Sin embargo, a la hora de comprometerse con cambios radicales a la norma, el subsecretario tan sólo asume el compromiso de otorgar concesiones acuícolas de pequeña escala a los pescadores artesanales. Al respecto, Vallespín señala que “esperan que la Subsecretaría de Pesca actualice y fortalezca el proceso de toma de decisiones para asignación de recursos en la institucionalidad pesquera y la política exterior”. Le podemos asegurar al nuevo subsecretario que nosotros también esperamos ese compromiso, al igual que la totalidad de pescadores artesanales y sus respectivas familias.

Es muy probable que estemos en uno de las coyunturas más favorables, tanto política como económica, para reformar la actual institucionalidad pesquera. Existe “voluntad política” y reconocimiento social, además de un considerable superávit del cobre, que potencialmente puede permitir la inversión en capacitación e infraestructura idónea. No obstante, tales excedentes se han orientado a cancelar deudas añejas con los bancos asumidas durante la dictadura y a mejorar aún más la posición de las fuerzas armadas y la inversión en armamento. No en vano el gobierno de Lagos fue el que históricamente ha invertido más en material bélico, mientras que la inversión social y los sectores más necesitados siguen esperando.

Es necesario asumir un compromiso real, dejando de lado cualquier tipo de presión política o del empresariado. Ya está bueno de regalarle el país y sus recursos naturales a los grandes empresarios. Este sector ya ha lucrado bastante con el patrimonio natural de todos los chilenos.

De hecho, a pesar de la ostensible caída del dólar, Corpesca (controlada por el grupo Angelini) registró ganancias por $3.086 millones durante el primer trimestre de año 2006, lo que representa un alza de 1,2% respecto a igual período de 2005. Por su parte, la pesquera Iquique-Guanaye (filial de Empresas Copec) registró utilidades por 1.278 millones, lo que representa un alza del 8,3%. Por lo tanto, la política del gobierno manifiesta una evidente contradicción respecto al objetivo de lograr una distribución más equitativa entre todos los chilenos, por cuanto se sigue privilegiando a los sectores más adinerados. Por si fuera poco, la actividad de los industriales se encuentra curiosamente fiscalizada por empresas externas que son pagadas por ellos mismos, según Cosme Caracciolo, presidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH.

La condición de país subdesarrollado o como les gusta decir a algunos “en vías de desarrollo” tampoco es un argumento válido para continuar con estas arbitrariedades. Recientemente Perú ha tomado conciencia del valor de sus recursos naturales y ha hecho exigible el pago de los derechos de pesca de los recursos hidrobiológicos por parte de los armadores industriales, de acuerdo a los volúmenes extraídos y el destino del producto. En caso de incumplimiento, la autoridad correspondiente suspenderá la vigencia de los permisos de pesca y por consiguiente el zarpe de las embarcaciones infractoras.

Esta materia la hemos abordado en múltiples ocasiones, haciendo alusión a la necesidad de crear un mecanismo arancelario que permita retribuir los grandes volúmenes de peces, de propiedad común, extraídos por el subsector industrial. Sin embargo, el gobierno en ningún caso ha dado muestras de un compromiso real con nuestro patrimonio natural, es necesario asumir una postura auténtica y transparente, demostrando la validez del planteamiento del político español Julio Anguita, en el sentido de “no hay democracia sin determinación”.
Artículo publicado por Oceana
(22/05/06)