Visitará Chile la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)

La tortura ha sido una práctica habitual en la historia de la humanidad. Además de como un instrumento para humillar, degradar y someter al ser humano, la tortura ha sido usada incluso como un recurso “legítimo” en los procesos judiciales y un elemento inherente a las sanciones penales. Desde el punto de vista del derecho internacional, según el contexto dentro del cual se cometan, los actos de tortura constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de derecho internacional humanitario.  La prohibición de la tortura constituye una norma de ius cogens, es decir, una norma de carácter imperativo, sobre la cual los Estados no pueden disponer, de conformidad con el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.  

En este contexto, producto de la preocupación por las arbitrariedades cometidas cuando los Estados privan de libertad a sus ciudadanos, inspirado en la experiencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en visitas a lugares de detención, nace el Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2002.

El Protocolo Facultativo implementa medidas concretas en orden a proteger el derecho a la integridad personal de las personas que se encuentran detenidas, fundamentalmente por un arresto, la ejecución de una medida cautelar, o por el cumplimiento de una pena privativa de libertad. Entre estas medidas, se encuentran las visitas regulares a lugares de detención en los Estados partes. El monitoreo de las cárceles y centros de reclusión, como mecanismo de prevención del crimen internacional de tortura, tiene una importancia vital, ya que las personas detenidas se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de indefensión incompatible con la salvaguarda y protección de sus derechos fundamentales, situación agudizada cuando el Estado secuestra y recluye en centros clandestinos, como ha ocurrido en nuestro pasado reciente.

Si bien desde el año 1990 el Estado chileno inició un proceso de incorporación del derecho internacional de los Derechos Humanos al ordenamiento jurídico interno, hasta la fecha existen diversos instrumentos internacionales cuya recepción continúa pendiente, como la Convención de las Naciones Unidas sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y el Estatuto de Roma. Entre estos instrumentos se encuentra también el Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que a pesar de haber sido firmado por Chile el 6 de junio de 2005, aún no ha sido ratificado.

Los días 8 al 12 de mayo una delegación conformada por expertos internacionales de reconocido prestigio de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) visitará nuestro país con el fin de apoyar las medidas para prevenir la tortura en Chile, avanzar en la aplicación de las recomendaciones formuladas para Chile por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y promover la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Para ello, esta delegación se entrevistará con autoridades políticas, académicas y sociales.

Los expertos internacionales que forman parte de esta misión son: Theo van Boven, Profesor de la Universidad de Maastricht; Juan Méndez, Presidente del Centro para la Justicia de Transición; Marco Mona, Presidente de la APT, y Claudia Gerez, del Programa para las Américas de la APT.
Santiago, Mayo de 2006.

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