Declaración demandando Justicia por Macarena Valdés

El 22 de agosto próximo se cumplen dos años de la muerte de Macarena Valdés, un hecho que la familia, la comunidad indígena a la que ella pertenece, movimientos sociales en defensa del agua y de derechos humanos han catalogado como un feminicidio empresarial, y que la justicia, sin investigarlo, sigue afirmando fue un suicidio.

Los hechos

Macarena Valdés, defensora de su territorio, del agua y la semilla perdió la vida  a los 32 años en medio de una lucha de su comunidad contra el proyecto de central de pasada que estaba desarrollando en forma irregular –sin evaluación de impacto ambiental ni consulta  indígena – la empresa austríaca RPG Global, financiado por el Banco BICE, en una zona turística. Como afectada,  Macarena formaba parte de esta lucha, junto a Rubén,  vocero (werken) y su comunidad ubicada en Tranguil, un sector cercano a Liquiñe, en la comuna de Panguipulli de la sureña Región de Los Ríos. Dos días antes del hecho, contratistas de RPG aseguraron a la señora Mónica Pailamilla,  dueña del terreno donde la familia Collio vive, que si Rubén no abandonaba el lugar, “algo muy malo podría pasarles”.

La familia entabló una querella criminal contra quienes sean responsables de la muerte de Macarena, pareja de Rubén Collío y madre de sus 4 hijos, de 1, 5, 11 y 14 años, ocurrida el 22 de agosto cuando ella se encontraba en su casa, sola con su guagua. La causa de muerte oficialmente registrada fue suicidio. Pero la autopsia realizada por el legista Enrique Rocco, fue cuestionada desde el inicio por el reconocido tanatólogo Luis Ravanal. Asimismo el relato familiar deja en claro que la tesis de suicidio no tiene asidero.  Rubén relata que su hijo de 11 años encontró a la madre colgando del techo. Luego llegó él, y vio que la guagua estaba mudada “con un pañal de los buenos, que aguantan, una muda de ropa, los carnets de control médico en la cartera, porque Macarena estaba lista para salir. Además nos dejó comida preparada, dos presas de pollo y las papas encima de la cocina. Eso no calza. Todo estaba normal….” No había historial de depresión. Los Collío-Valdés habían dejado Santiago tres años atrás, y eligieron Tranguil para reconectarse con la tierra y criar a sus hijos de una forma diferente.

Ante la falta de respuesta de la justicia, y el intento de cerrar la causa, la familia, apoyada por organizaciones de todo el país logró que la justicia aceptara la realización de una segunda autopsia, lo que tuvo lugar el 30 de octubre de 2017. Según el informe evacuado en enero de este año por el perito de la familia,  el Dr. Ravanal y su equipo técnico, integrado por la  doctora Carmen Cerda Aguilar, profesora titular de la Universidad de Chile y directora subrogante del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la Facultad de Medicina, quien estuvo a cargo del estudio histológico (análisis microscópico de los tejidos para determinar causas de muerte). El análisis del tejido cervical demuestra que no hubo suicidio. Pese al tiempo transcurrido, el Instituto Médico Legal no ha dado a conocer los resultados de los estudios paralelos que hizo en esta nueva diligencia. El Fiscal Nacional Abbott señaló públicamente en junio de este año, en carta al Comité Coordinador Justicia para Macarena Valdés, que no hay antecedentes nuevos en la causa.

La Comisión de DDHH de Naciones Unidas y el Instituto Nacional de DDHH han tomado conocimiento de estos hechos, que serán nuevamente elevados a consideración de Naciones Unidas este año. Los antecedentes entregados por Rubén Collío apuntan a que en Chile se cometió el 22 de agosto de 2016 un feminicidio empresarial, similar al caso de Berta Cáceres, lideresa defensora de su territorio en Honduras. La muerte de Macarena Valdés, es en este contexto un montaje criminal para notificar a las comunidades de Panguipulli (donde hay 8 proyectos de centrales) y a todas las de la Región de los Ríos  que deben bajar la resistencia a la construcción de las decenas de centrales hidroeléctricas allí proyectadas,  y abandonar la defensa del agua y de su territorio ancestral. Sin embargo la comunidad continúa activa y existe una demanda paralela contra la empresa presentada por usurpación de su territorio por una familia de la comunidad. Una parte de la central fue construida pasando sin autorización por el predio de la familia de la señora Julia Quillempan, desviando el río y pasando sobre un  cementerio indígena.

Por todos estos hechos manifestamos nuestra preocupación por la pasividad de la justicia. El Instituto Médico Legal debe entregar su informe posibilitando el avance de la investigación, asimismo es necesario que se hagan las diligencias para esclarecer la situación a partir del nuevo peritaje del Dr. Ravanal y la experta sra. Xxx,  información entregada por la comunidad y la familia. No podemos aceptar que en Chile exista sicariato y que la oposición a proyectos de inversión genere  hechos que no sean investigados como corresponde por la justicia.

Firman:

Santiago, julio de 2018



 

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