Desenmascarar a la justicia concertacionista

Astrea, la hija de Zeus y Temis, símbolo de la justicia viste – entre otros atributos- una venda que le cubre la vista como imagen de garantía de imparcialidad. En el caso chileno, esta venda no siempre esta en el mismo lugar, indicando así que la justicia no es tan ciega como se la supone, y la balanza que lleva en su mano derecha, signo de equidad, esta cargada precisamente hacia su lado derecho. Mientras que la espada, que debería estar apoyada en el suelo colgando de su mano izquierda, se encuentra sobre su hombro; solo faltaría el león, atributo necesario, de una  justicia que debe obligadamente  ser acompañada de la fuerza.

Fuera de toda metáfora, la justicia chilena, es el  punto neurálgico de la convivencia social. Justicia cada vez más necesaria, si se tiene en cuenta la avidez, con  que las clases altas, dueñas del capital y los medios de producción, participan en el proceso social, generando conflictos endógenos y exógenos a este, que requieren de un estado que ponga fin a la injusticia social que acorrala a los chilenos contra el muro de la desesperanza. Chile es un país pretencioso en este sentido y se jacta de tener una de las justicias más ecuánimes del continente; este delirio, llevo a la mismísima presidenta de Chile, a  solicitar la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin siquiera sonrojarse y sin que ningún juez ni ninguna corte la llamara a la reflexión. Esta justicia que los panegiristas del modelo venden al exterior junto con el ‘packaging’ del modelo económico neoliberal, no hacen mas que estafar a la comunidad internacional, ya que esta justicia chilena, es una hija bastarda, de la dictadura militar que masacro al pueblo chileno.

Cuando se observa la realidad objetiva del accionar de la justicia chilena, nos damos cuenta que ésta, está  partida en dos; como si existieran dos países; distintos entre si, a los que se aplican diferentes criterios de justicia. Por un lado; el garrote, la sanción dura y ejemplificadora, aplicada con la clara intención de doblegar los espíritus, por el otro; la sanción garantista, el recaudo de los derechos, la simbiosis perfecta entre lo ético y moral, con la practica de  la justicia.  La actuación de esta justicia en los hechos que se relacionan con el conflicto social, tienen un común denominador, expresado por un legalismo clasista, que emerge como sustancia de esta justicia chilena que enarbola el garrote siempre en la misma dirección, y sin guardar pudor frente a sus fallos que en concordancia con su accionar, pretenden fijar un concepto de ecuanimidad, que la realidad se encarga de tirar por la borda. La mano siempre invisible, – aunque presente – de la política en el accionar de la justicia, compromete seriamente esta pretendida ecuanimidad, debido a la existencia de una ideología de la exclusión que se viene practicando desde la época de la dictadura, creando así, una subjetividad social que impregna incluso la toga de los jueces encargados de impartir justicia.

El estado chileno cierra los ojos ante el cúmulo de avances en materia de derechos humanos, que desde Nuremberg hasta nuestros días, han trazado un desarrollo histórico cada vez más sólido y consistente, que pone limites al poder estatal y a las ambiciones de quienes han violado sistemáticamente los derechos humanos y persiguen leyes que perdonen sus crímenes, como; las leyes de amnistía y el juzgamiento de estos crímenes por parte de tribunales militares; dos anacronismos legales impuestos desde el poder y barridos  por el valiente accionar de las organizaciones de derechos humanos y familiares victimas de la represión. El estado chileno parece desconocer las resoluciones de las convenciones contra el genocidio, el apartheid, la tortura, la imprescriptibilidad: los fallos de las comisiones regionales de derechos humanos y de las cortes especializadas, que han aportado una gran cantidad de principios y reglas para ser incorporados a las constituciones nacionales con el fin de garantizar los derechos de toda generación por parte del estado chileno. La prevalescencia del principio por la vida se debe anteponer a cualquier otro fundamento de jerarquía inferior a este, como el que anida en la actual constitución de facto, en donde predomina el concepto de propiedad, como razón de ser, del espíritu humano.

La represión por parte del estado chileno, no es un concepto compatible con la justicia, no esta relacionada con esta, es un acto coercitivo que apunta a deteriorar el espíritu contestatario de quienes entienden, que están sojuzgados, por relaciones sociales; políticas, culturales y económicas, impartidas desde el estado; un estado que monopoliza la fuerza y tiene como aliado a la justicia chilena que legitima este ejercicio monopólico. La coerción, como instrumento de contención del estallido social provocado por la injusticia social a la que se ve sometido el pueblo chileno, no concurre en solucionar las desigualdades creadas por el sistema económico, por el contrario lo que hace es darle sustento a este, permitiendo el sostenimiento de estas relaciones de injusticia. La barbarie de esta doctrina, queda patente cuando las fuerzas de seguridad matan en actos de represión y la justicia chilena los legitima.

Eduardo Guillermo Vivian Badilla, es un luchador social, fruto característico de una época en que a los jóvenes chilenos se le presentaban solo dos opciones de vida: el alineamiento con el régimen de facto, o la lucha por la recuperación de la democracia, la igualdad y la justicia social. Eduardo, paso a ser victima de una justicia de facto que lo condeno por sus delitos y ahora lo persigue aun en prisión, con la intención de doblegar su espíritu, con esa maquinaria para vigilar y castigar que Foucault denuncia como obsoleta y que en el caso de Eduardo, se hace evidente, que no tiene la menor intención de aplicarse como correctora. La documentalista chilena, Elena Varela, va a ser juzgada por esta misma justicia de facto, en el marco de las leyes contra el terrorismo, otro engendro del espíritu clasista de  la actual  justicia chilena, con el que se  pretende mantener controlado el conflicto social provocado por el modelo económico. Esta misma justicia que corre solicita para atender las demandas que en prisión exigen los pocos condenados por crímenes de lesa humanidad que este régimen concertacionista ha logrado meter presos.

El gobierno de  Michelle Bachelet, esta ante la posibilidad de corregir los errores cometidos por los sucesivos gobiernos de la concertación en materia de justicia y  derechos humanos, y quizás con ello, logre habilitar las aspiraciones que manifestó en su oportunidad para colocar a Chile en la presidencia de la comisión interamericana de derechos humanos, aunque esto sea, pedirle peras al olmo.

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