15 de septiembre de 2024
Algo está pasando, algo huele mal ….
De Kiruza
El programa de gobierno de Gabriel Boric prometió 53 cambios concretos. En el Capítulo 3 se lee:
“Chile tiene tareas pendientes en los procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, y nuestro compromiso será dar pasos decididos para acabar con esta deuda. Pero también vamos a reconocer y reparar las violaciones de derechos humanos ocurridas en democracia, y especialmente durante la revuelta social”.
En ese mismo capítulo se lee:
“Implementar un plan nacional efectivo de búsqueda de personas detenidas desaparecidas, integrado por las entidades públicas pertinentes que cuenten con equipos multidisciplinarios especializados, con recursos suficientes y dotación especializada, que trabaje junto a la sociedad civil en el esclarecimiento de su destino final”.
“Avanzaremos en la promoción y preservación de la memoria, de espacios de conciencia y sitios de memoria con una nueva ley de sitios de memoria que permita su recuperación y patrimonialización expedita, aplicable tanto a espacios que hoy están reconocidos como lugares de tortura/exterminio –en dictadura y otros momentos de la historia pasada y reciente– como a aquellos que aún no lo han sido”.
El Plan de Búsqueda, generado por su gobierno, se diseñó y anunció el 30/8/2023 día internacional del detenido desaparecido, declarando que su objetivo general es:
“Esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y destino final de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales”.
Alli se definen tres objetivos específicos:
1) Esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero;
2) Garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad en los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; y
3) Implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada.
De esos objetivos específicos se desprenden 8 metas, 23 acciones y 46 actividades, sólo una meta asociada al objetivo específico N°1 se concentra en recuperar los restos de los y las detenidos desaparecidos, dice así: “Ubicar, recuperar, identificar y restituir los restos mortales de las personas víctimas de desaparición forzada” y sólo hay una meta asociada al objetivo específico N°2 que dice; “Hacer parte a la sociedad en los procesos de búsqueda”.
El Pacto Apruebo Dignidad (FA y PC) sale segundo en la primera vuelta de la elección presidencial de 2021 detrás del ultraderechista José Antonio Kast con quien se enfrenta en segunda vuelta. Cuando conforma su gobierno G. Boric integra a Unidad Constituyente, la ex Concertación, que salió quinta en la primera vuelta presidencial. En la cartera de Justicia nombró como ministra a Marcela Ríos Tobar (FA) y en la subsecretaría de DDHH a Haydee Oberreuter (ex MAPU) y reconocida defensora de los DDHH con amplia trayectoria. Al conocerse públicamente la existencia de 12 mil carpetas no tramitadas con relatos de ex conscriptos que aportan antecedentes sobre violaciones a los DDHH la subsecretaria Oberreuter pide la renuncia a Mauro Torres jefe del programa de DDHH. En pleno diseño del Plan de Búsqueda se le pide la renuncia, no a Mauro Torres sino a la ministra Ríos, al Jefe del programa de DDHH y a la subsecretaria Oberreuter quien fuera apoyada el día de su renuncia de manera pública por la senadora Fabiola Campillai y agrupaciones de DDHH.
Para su primer aniversario el Ministerio de Justicia nos sorprende con la petición de renuncia al subsecretario de DDHH Xavier Altamirano. Luego se conoce el millonario trato directo de la subsecretaría de DDHH con la empresa Unholster cuyo socio director de data center es Cristóbal Huneeus hijo de reconocidos miembros de la ex Concertación que juega rol importante en el Gobierno del presidente Boric como asesor de la reforma previsional. Gracias a CIPER esta información se hace pública. El 9/8/24 Ciper informó que “El Ministerio de Justicia adjudicó una licitación de $98 millones a Unholster para elaborar un anteproyecto de plataforma del Plan Nacional de Búsqueda. Cinco meses más tarde asignó directamente, sin concurso, otros $619 millones a la misma empresa para desarrollar la plataforma”.
Frente a estos hechos, renuncia Sandro Gaete ex PDI y funcionario del Plan de Búsqueda con reconocida experiencia en investigaciones de DDHH quien en entrevista en La Tercera el 16/8/24 señaló:
“Si bien es cierto, es necesario conocer las trayectorias de las víctimas, eso ya está hecho. Es un trabajo que no hizo Unholster, lo han hecho analistas del Programa de Derechos Humanos, del área de investigación. Analistas de investigación del Programa de Derechos Humanos hicieron esa pega. Entonces, de alguna u otra forma, siento que seguimos estando en deuda. Entonces, todo el sacrificio en el diseño, todas las jornadas que se fueron realizando, todo quedó ahí. A los familiares ni siquiera les informaron lo de este contrato y la llegada de Unholster, lamentablemente, sólo vino a entorpecer el trabajo, y yo no estaba dispuesto a quedarme”.
Además de Gaete, dejan el Plan de Búsqueda nada menos que su jefe, Juan Mena. Pero no renuncia por desacuerdos con el PNB, sino para irse con una beca de estudios a Inglaterra. El analista Mauricio Carrasco también renuncia, lo mismo hace la arqueóloga Nicole Fuenzalida y la asistente administrativa Carolina San Martín. Otro aspecto delicado es la negativa de agrupaciones de DDHH a interactuar con una antropóloga del Plan de Búsqueda familiar directo de un uniformado criminal condenado en causa de DDHH Ver Resumen.cl, donde el 24/09/21 se informa que
“Queda condenado Ary Antonio Acuña Figueroa a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio… como autor del delito de homicidio calificado de Hugo del Rosario Candía Núñez, previsto y sancionado en el artículo 391 N°1 del Código Penal, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, en la comuna de Talcahuano”.
Familiares de agrupaciones de DDHH advirtieron al Plan de Búsqueda que para prospecciones con georadar habían contratado a la empresa de un ex uniformado procesado por corrupción. Los mismos familiares han tenido que corregir a peritos de la PDI y profesionales del Plan de Búsqueda en diligencias en sitios de interés porque no conocen el terreno y los detalles de los hechos, etc., etc. Es decir, asistimos a un escenario desfavorable para el trabajo y expectativa que el Plan de Búsqueda genera. Esta forma de actuar del Ministerio de Justicia, como responsable gubernamental, nada aporta, al contrario retrasa las acciones para la meta de “Ubicar, recuperar, identificar y restituir los restos mortales de las personas víctimas de desaparición forzada”.
Una constante de las autoridades del Ministerio de Justicia ha sido la nula autocrítica y la justificación cerrada al trato directo y al actuar de la subsecretaría de DDHH lo que viene aparejado sin medidas correctivas, por ejemplo, suspender el trato directo. Esto es relevante porque en él subyace la hipótesis que analizando grandes volúmenes de datos disponibles en la web como fuente primordial avanzaríamos en el desafío principal que es “Ubicar, recuperar, identificar y restituir los restos mortales de las personas víctimas de desaparición forzada”. Chile conoció de esfuerzos públicos dejando a un software realizar trabajos de búsqueda. Recordemos la “Operación Topógrafo” de espionaje del Ejército o la “Operación Huracán” de Carabineros que para espiar a ciudadanos mapuches crearon como derivada la “Operación Andes” y el conocido software “Antorcha” que terminó siendo un fraude.
Es urgente que el presidente de la república haga la obvia y necesaria autocrítica y genere urgentemente cambios que restablezcan confianzas y de garantías de relativo cumplimiento de los objetivos planteados. Al revisar la Ley de Presupuesto 2024 se observa que para el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia para gasto en personal se asignan M$356.806 y para Bienes y Servicios de Consumo M$978.158. No deja de llamar la atención que el trato directo a la empresa Unholster del asesor de la Ministra del Trabajo en la reforma previsional se le asignen casi el doble del monto que se destina para el pago del personal en un año.
Esto es lo que se desprende al analizar la ley de presupuesto vigente y sería muy bueno que la nueva subsecretaria de DDHH Daniela Quintanilla pueda transparentar, dado que en entrevista con el medio El Mostrador 1/9/24 señala “En primer lugar, se busca el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte de las personas víctimas de desaparición forzada. Lo que nosotros hemos llamado la construcción de la trayectoria, o sea, indagar hasta aproximarnos a su destino final o lo más cercano posible”. Es decir, el foco no está en la única meta que se centra en encontrar los restos de los y las detenidas desaparecidos, que es lo que piden los Familiares de los Detenidos Desaparecidos.
El Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia está en deuda con la sociedad chilena y en particular con los familiares de los y las detenidas y desaparecidas, a medio siglo de ocurridos los hechos nuevamente se alimenta una esperanza que está atravesada por una crisis de gestión, de metodologías, sensibilidades y sentidos en las tareas encomendadas.
En Chile, el año 1996 se aplicó por primera vez la técnica de prospección con radar de penetración terrestre dando con el bunker del asesino, pedófilo y ex nazi Paul Schafer usado también en búsqueda de detenidos desaparecidos por ese mismo equipo de profesionales, lo mismo sucede con el uso de otras técnicas. El Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia se acopla al trabajo de los tribunales de justicia que avanzan con sus propias dinámicas, ya lo hacían antes del Plan de Búsqueda y lo siguen haciendo con el Plan de Búsqueda en funcionamiento.
Si reconocemos que las agrupaciones de DDHH por 50 años han recorrido un camino de búsqueda convengamos que son portadoras de experiencia, información y cierta expertis. También hay que reconocer las contribuciones de profesionales que han puesto sus capacidades técnicas y recursos en la búsqueda y de los sobrevivientes y testigos que son un aporte incalculable para encontrar los cuerpos. Aquí cabe recordar otra meta del Plan, a saber; “Hacer parte a la sociedad en los procesos de búsqueda”.
Además, no podemos dejar de constatar que, si bien el gobierno ha citado el documento de recomendaciones de la ONU, “Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas”, ha llevado adelante el Plan de Búsqueda sin cumplir uno de sus aspectos vital y central:
“PRINCIPIO 3. LA BÚSQUEDA DEBE REGIRSE POR UNA POLÍTICA PÚBLICA
-
- La política pública sobre búsqueda debe construirse e implementarse, en todas sus etapas y todos sus alcances, con la participación de las víctimas y de todas las personas y organizaciones de la sociedad civil con experiencia y voluntad de cooperar con la construcción y/o implementación de esa política”. (Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Página 12. ONU. Ver documento completo al pie de este artículo).
Es evidente, y no podemos dejar de señalar que la subsecretaría de DDHH se ha quedado solamente en la cita de esa importante recomendación de la ONU, pues la ha incumplido totalmente. Para afirmar esto, nos basamos en la Declaración de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, del 12 de agosto de 2024. Allí se lee lo siguiente:
«Es inaceptable que se adjudiquen cifras millonarias a privados sin procesos transparentes y que las agrupaciones de familiares no fueran informadas de estos procedimientos. Ni las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ni el Programa de DDHH, a cargo del Plan Nacional de Búsqueda, informaron de esta situación, habiendo participado de las reuniones con la empresa Unholster. Es necesario recalcar que el Comité de Seguimiento del PNB tuvo tres reuniones durante este año y en ninguna se mencionó el cuestionado contrato que se firmó en enero de 2024.»
No logramos encontrar información ni evidencias sobre qué acciones, qué presupuestos y que otros recursos se orientan a las metas “Hacer parte a la sociedad en los procesos de búsqueda” y “Ubicar, recuperar, identificar y restituir los restos mortales de las personas víctimas de desaparición forzada”.
Fuentes consultadas:
PrincipiosRectores_DigitalisedVersion_SPhttps://www.dipres.gob.cl/597/articles-330063_doc_pdf.pdf
Asignación 001, del Subtítulo 24, del ítem 03, de la Partida 10, Capítulo 06, Programa 01, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2023
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