El Instituto Butantan (Brasil) produjo veneno para que la dictadura chilena asesinara a opositores

14 de marzo de 2024

DESCLASIFICAN VISITA DE GENERAL MATTHEI A ESE LABORATORIO BRASILEÑO EN 1979

Documentos inéditos revelan que la junta militar chilena visitó Butantan en secreto con funcionarios del régimen brasileño. CIPER reproduce reportaje realizado por Agência Pública, que en Brasil accedió a archivos desclasificados que confirman el vínculo del Instituto Butantan con la dictadura chilena. Los registros incluyen fotografías que revelan una visita secreta de la FACh a Butantan en 1979.

Este es un reportaje de Agência Pública, reproducido por CIPER, elaborado en la conmemoración del 60 aniversario del Golpe de Estado que derrocó a Joao Goulart en Brasil.

A través de análisis forenses, un diente puede volver a contar la historia. En febrero de 2023, laboratorios de Canadá, Dinamarca y Chile anunciaron que se habían encontrado restos de toxina botulínica en una muela del poeta Pablo Neruda, reforzando una vieja teoría de que el escritor, senador y diplomático chileno pudo haber sido asesinado por la dictadura.

Neruda murió hace poco más de 50 años, el 23 de septiembre de 1973, sólo 12 días después del golpe militar en Chile que derrocó al presidente electo Salvador Allende. Amigo del presidente, el poeta pretendía viajar a México, donde formaría una oposición política. Sin embargo, hospitalizado en una clínica de Santiago, Neruda murió la víspera de su partida tras recibir una inyección. Aunque padecía un cáncer de próstata, su antiguo chófer y parte de su familia siempre sospecharon de un envenenamiento.

A finales de febrero de 2024, la justicia chilena ordenó que se volviera a investigar la muerte. Pero lo que aún no ha entrado en el radar de los investigadores es que el episodio puede estar relacionado con un suceso que conecta uno de los centros científicos más importantes de Brasil -el Instituto Butantan- y la dictadura de Augusto Pinochet.

Se trata de un controvertido caso de presos chilenos opositores al régimen que fueron envenenados con toxinas botulínicas procedentes de Brasil, en 1981. La toxina es uno de los venenos más potentes que se conocen.

«El botulínico afecta a todo el sistema neurovascular y provoca la muerte por infarto o asfixia», describió en una entrevista a Agencia Pública el expreso político Guillermo Rodríguez, una de las víctimas del episodio. Él y otros siete reclusos, cuatro de ellos presos políticos, ingirieron alimentos envenenados mientras se encontraban en la Cárcel Pública de Santiago.

Conocido como «El Ronco», Guillermo Rodríguez se ganó el apodo por la ronquera crónica que adquirió como consecuencia del envenenamiento. «Todavía tengo secuelas en la vista, en el aparato respiratorio y en la voz».

Una sentencia judicial dictada en 2021 por la Corte Suprema de Chile dictaminó que la toxina utilizada en la cárcel procedía de Brasil. Y que había sido enviada al país por valija diplomática a la cancillería del palacio presidencial, que en ese tiempo funcionaba en La Moneda.

El único lugar que producía el suero antibotulínico en Brasil era el Instituto Butantan.

Ahora, una investigación de seis meses de Agencia Pública revela testimonios inéditos y nuevos documentos que prueban la cercanía del Butantan a los militares brasileños y chilenos, incluyendo fotos de la visita de una delegación de altos oficiales vinculados a Pinochet a su sede en São Paulo.

Al ser contactado por el reportaje, el Instituto reafirmó, en un comunicado, «su absoluto compromiso con la democracia y sus valores y con la libertad de opinión de sus investigadores para que puedan desarrollar con tranquilidad y seguridad su trabajo en favor de la ciencia y la salud pública en el país».

LOS PRESOS DE LA CÁRCEL PÚBLICA

El 7 de diciembre de 1981, un mes después de ser condenados a cadena perpetua por un Consejo de Guerra, Guillermo Rodríguez Morales, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y Ricardo Aguilera, simpatizante, invitaron a comer a sus compañeros de celda tras recibir carne y verduras enviadas por sus familias.

Horas después, siete reclusos presentaban síntomas de intoxicación grave: vómitos, fiebre alta, problemas de visión, habla y respiración, convulsiones y discapacidad muscular. Tratados como gastritis aguda, ninguno de ellos recibió el tratamiento adecuado.

Cuando la situación empeoró el 9 de diciembre, los pacientes fueron enviados al Hospital del Centro de Rehabilitación Social. Guillermo permaneció en la ambulancia atado a Víctor Corvalán Castillo, un preso común que ya estaba muerto.

Sólo después de ser diagnosticados con envenenamiento botulínico por el médico Jorge Mery fueron trasladados a otros hospitales. Tras varios días en coma, el preso común Héctor Pacheco Díaz también falleció el 20 de diciembre.

Sólo tras la llegada de material y antídotos procedentes de Francia, Estados Unidos y Argentina, los otros cinco presos envenenados -Guillermo, los hermanos Ricardo y Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael E. Garrido Ceballos- fueron dados de alta.

De vuelta a la cárcel, necesitaron un mes de terapia para volver a caminar. Rodríguez necesitó una traqueotomía y, en abril de 1982, se le paralizaron las cuerdas vocales.

Entre los testimonios de las víctimas, Adalberto Muñoz reveló que unos días antes un funcionario de prisiones le había aconsejado que no almorzara con los presos políticos.

Ricardo Aguilera cree que fueron utilizados como conejillos de indias: «No nos eligieron para matarnos por nuestra importancia, sino como ‘conejillos de indias’ para probar la eficacia de un agente tóxico».

La Corte Suprema condenó a cuatro miembros del Ejército chileno y a un funcionario de prisiones por los asesinatos. En la causa se estableció que el envenenamiento se produjo «mediante la ingestión de una sustancia derivada del microorganismo Clostridium botulinum, que fue obtenida por el director del Instituto Bacteriológico, proveniente de Brasil, y que llegó a Chile vía mensajería diplomática, siendo recibida en la Cancillería y luego enviada a un laboratorio secreto que dependía de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine)».

También determinó que «la toxina botulínica fue introducida a la Cárcel Pública debidamente liofilizada, donde a ciertos internos se les suministró alimentos contaminados con dicha toxina, lo que provocó la muerte de dos de ellos, resultando otros cinco internos con lesiones graves».

Fundado en 1901, el Instituto Butantan es reconocido internacionalmente por sus investigaciones en los campos de la herpetología, la microbiología y la inmunología. Vinculado a la Secretaría de Salud del Estado de São Paulo, es responsable de gran parte de la producción de sueros y vacunas utilizados en el país, además de haber sido decisivo en la lucha contra la gripe H1N1 y el covid-19.

En los años setenta, el instituto gozaba de una enorme reputación como centro científico de excelencia. En 1972, Brasil se convirtió en el quinto país del mundo en producir el suero antibotulínico, elaborado a partir de la cepa variante A de la bacteria anaerobia Clostridium botulinum, cuya toxicidad produce parálisis muscular progresiva, incluida la del diafragma.

Ese mismo año comenzaron los estudios sobre el poder tóxico de la variante E, el mismo tipo encontrado 50 años después en los huesos de Neruda.

«No podemos descartar el uso de la bacteria y la toxina con fines productivos en Chile», dijo a Pública la doctora Gloria Ramírez Donoso, coordinadora del Panel Internacional de Expertos que investiga la causa de la muerte del escritor. «Insisto en que los abogados soliciten registros de documentos anteriores y posteriores al 11 de septiembre de 1973 sobre la producción, venta nacional, exportación e importación de productos químicos y biológicos del Instituto Bacteriológico de Chile».

«Es una pista importante», dice. «Creo que la información sobre Brasil debe ser presentada por los abogados defensores [de la familia]».

EL INSTITUTO SOCIO DE PINOCHET

Poco relatada aquí, la relación entre la dictadura de Augusto Pinochet y el instituto paulista está descrita desde hace tiempo por los tribunales y la prensa chilenos.

Al comienzo del régimen militar en Chile, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) creó el Proyecto Andrea, que utilizaba toxinas para eliminar a los opositores, como veremos. El gas sarín, la toxina botulínica, la toxina estafilocócica -producida en Butantan desde los años 30-, el talio, entre otros venenos, formaban parte del arsenal del proyecto.

Durante el gobierno de Pinochet hubo oficialmente 3.225 muertos y desaparecidos.

En 2008, la científica chilena Ingrid Heitmann Ghigliotto encontró en el sótano del Instituto Chileno de Salud Pública (antiguo Instituto Bacteriológico), del que era directora, dos cajas con ampollas de toxinas botulínicas del Instituto Butantan, una cantidad que, según ella, era suficiente para «exterminar a medio Santiago».

Los productos químicos, que habían permanecido en secreto durante 27 años en el sótano del instituto, fueron descubiertos e incinerados en 2008, sin que el gobierno de Michelle Bachelet fuera informado. «No pensé que pudieran ser importantes para un caso judicial», explicó la científica sobre la decisión de quemar el material. «Podría matar a mucha gente». Según ella, en las cajas encontradas faltaban algunos frascos.

El Instituto Butantan dijo a Pública que no había localizado ningún documento relacionado con el Instituto de Salud Pública chileno.

Sin embargo, fotos y documentos recientemente puestos a disposición por el Centro de Memoria Butantan sugieren lo contrario: durante la dictadura cívico-militar, el instituto tuvo estrechas conexiones con militares extranjeros, incluida la junta militar que gobernó Chile durante 17 años. Dos docenas de fotos obtenidas por Pública muestran incluso una visita a Butantan, el 1 de junio de 1979, del comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Fernando Matthei, miembro de la Junta y ex ministro de Salud, junto con el cónsul general chileno en São Paulo.

EL GIRO A LA DERECHA DE BUTANTAN

La relación con la dictadura de Pinochet parece haber sido la culminación de un giro a la derecha de Butantan durante la dictadura militar. Diez días después del Golpe de Estado en Brasil de 1964, el 10 de abril, científicos, médicos y académicos brasileños lanzaron un manifiesto de apoyo. Al mismo tiempo, se promovió una persecución política, con el apoyo del Departamento de Orden Político y Social (Dops), la policía política y el Servicio Nacional de Información (SNI), contra los científicos considerados «comunistas», que desembocó en despidos y exilios al extranjero.

«Había una dirección de derechas muy fuerte en el Butantan en aquella época», afirma Vera Bohomoletz, física e hija del bioquímico Sebastião Baeta y de la investigadora Olga Bohomoletz, prestigiosos científicos que fueron destituidos de sus cargos durante el régimen.

Dos de los firmantes del manifiesto -la Dra. Jandyra Planet do Amaral y el veterinario paraguayo Bruno Soerensen Cardozo- se convirtieron posteriormente en directores del instituto. Durante sus mandatos, otros firmantes, el bioquímico Edison Paulo Tavares de Oliveira, el biomédico Reynaldo Schwindt Furlanetto y el veterinario Raymundo Rolim Rosa se involucraron en la investigación de la toxina botulínica. Soerensen también participó en la visita de los militares chilenos, según el informe.

«Esta relación no parece fortuita. Los hechos están interconectados», dice Vera Bohomoletz.

Entregó a Pública una carpeta con documentos que nunca se han publicado, entre ellos un manifiesto de apoyo al golpe de 1964 y una carta de un destacado científico de la institución denunciando a los funcionarios al régimen militar.

LA CARTA DE LOS CIENTÍFICOS

Miembro fundador de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), el hematólogo Gastão Rosenfeld redactó, junto a sus colegas Alphonse R. Hoge, Eva Maria A. Kelen y Adolpho M. Penha, el Manifiesto de los Científicos y Universitarios de São Paulo en Rulers y Fuerzas Armadas de Brasil. Dirigido al II Ejército, contó con 32 firmantes, entre ellos miembros del Butantan, de la Universidad de São Paulo (USP) y del Instituto Biológico (ver aquí).

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“Los Científicos y Universidades abajo firmantes vienen a demostrar su solidaridad con los gobernadores y militares que tuvieron la iniciativa de alzarse en defensa de la democracia que estaba siendo socavada demagógicamente por quienes poco a poco fueron instalando la dictadura comunista […] La lucha será bajo tierra, en ambientes de trabajo donde los rojos y rosas sabotearán de mil y una maneras sutiles a quienes no comparten con ellos […] nuestro apoyo a todos aquellos que han preservado y quieren preservar el régimen democrático brasileño, nuestro elogio a quienes tomaron esta iniciativa y la expresión de nuestra opinión contraria a la implementación del comunismo ruso, chino, cubano o de otro tipo en Brasil”.

Unos meses más tarde, Gastão Rosenfeld envió una carta de denuncia al entonces Secretario de Seguridad del Estado de São Paulo, el general Aldévio Lemos, con copia al Segundo Ejército, en la que describía «actividades comunistas de los ayudantes de Butantan». La carta menciona a los investigadores Olga Bohomoletz Henriques, Sebastião Baeta Henriques, Saul Schenberg y al entonces director Aristides Vallejo-Freire, entre otros (vea la carta aquí).

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Ambas cartas estaban en una carpeta titulada «Revolución», encontrada a finales de los años 90 en la clínica de Rosenfeld y entregada a Pública por Vera Bohomoletz.

Sebastião Baeta fue objeto de una comisión de investigación en la Facultad Paulista de Medicina a instancias de Otto Bier, director del Butantan en los años cuarenta y setenta. Alegando que era comunista, la comisión provocó su destitución como profesor en abril de 1964. A él y a su esposa, Olga Bohomoletz, militante del PCB -padres de Vera-, se les anularon sus cargos en el Butantan y fueron jubilados forzosamente en 1969. La familia vivió exiliada en el extranjero y sólo regresó al país tras la amnistía.

La carpeta también contenía un memorando en el que se citaba a los empleados a declarar sobre las actividades políticas de sus compañeros y recortes de periódico relacionados con las investigaciones de la Dops sobre Butantan.

Empleada de Butantan durante 50 años y firmante del manifiesto de apoyo al golpe militar, la investigadora Sylvia Lucas reaccionó con sorpresa ante el informe. «Me sorprende mucho que en aquel momento estuviera a favor de los militares. Era muy joven y no estaba implicada en la política del instituto. Firmé la carta, quizá sin pensar o porque me daba vergüenza no hacerlo», declaró a Pública. «Creo que en aquel momento había cierto temor entre el personal de que se produjera una invasión militar».

Algo similar ocurriría más tarde. Durante las décadas de 1970 y 1980, Butantan recibió la visita de innumerables grupos de militares, ya fuera con el pretexto de conferencias sobre mordeduras de serpiente, campañas de vacunación, ceremonias o reuniones con los directores.

Con motivo del 80 aniversario de la fundación de Butantan, en 1981 se creó una medalla con el nombre de la institución. En una ceremonia a la que asistió el gobernador biónico (nombrado por la dictadura) Paulo Maluf, el 11 de junio, Bruno Soerensen condecoró a los miembros de la organización, a los presidentes de la Central de Medicamentos (Ceme) y a los jefes de la Policía Militar, la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército. Uno de los condecorados fue Léo Etchegoyen, general del Estado Mayor del Ejército, supervisor del temido DOI-Codi y señalado por la Comisión Nacional de la Verdad como uno de los militares implicados en torturas y muertes durante la dictadura.

ENTRE SUEROS Y TOXINAS

En 1972, año de la Conferencia del Comité de Desarme de la ONU que prohibió el uso de armas bacteriológicas, Butantan comenzó a fabricar suero antibotulínico tipo A. No había emergencia de salud pública que justificara la producción: el último brote de botulismo había ocurrido en 1958, en Rio Grande do Sul, con siete muertes en una misma familia. Pero en aquella época, el país se enfrentaba a una epidemia de meningitis rampante, desatendida por el gobierno militar.

La sugerencia de investigar el suero fue del profesor Reynaldo S. Furlanetto, mientras que la responsabilidad de probar y fabricar la sustancia recayó en el bioquímico Edison Paulo Tavares de Oliveira. Ese mismo año, Edison comenzó a investigar la variante E. La bióloga Ivone Yamaguchi, que se incorporó a la institución en 1978, participó en varias fases de la fabricación del suero antibotulínico. «El costo de producción era elevado, pero era necesario tener el suero en reserva en caso de emergencia», explicó a Pública.

La directora general en 1972 y 1973 era Jandyra Planet. Científica de renombre, bien relacionada con funcionarios gubernamentales y militares, Planet ganó medallas de la Marina y de la Base Aérea de São Paulo.

Entre 1978 y 1979, bajo la dirección de Bruno Soerensen, Edison P. T. de Oliveira comenzó a producir suero antibotulínico tipo B. Ex director del Servicio de Bacteriología, Soerensen acumuló las funciones de director general y director de la División de Microbiología e Inmunología – donde se producía el suero. Durante su mandato, recibió la visita de varias delegaciones militares y oficiales de honor.

Ivone Yamaguchi explica que no existían protocolos de producción, seguridad, registro, almacenamiento o trazabilidad de los sueros, que no aparecieron hasta 1990. Según ella, Bruno Soerensen «nos pidió que nos mantuviéramos alejados de esos comunistas». Esta impresión es compartida por su colega Sylvia Lucas: «Bruno siempre ha sido abiertamente amigo de los militares y de su camarilla en Paraguay».

FOTOS DE UNA VISITA NO DIVULGADA

El 1 de junio de 1979, Bruno Soerensen, junto con otro firmante del manifiesto, el belga Alphonse Hoge, director de la División de Biología, recibió una comitiva que incluía a tres brigadieres de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), cuatro oficiales de la Fuerza Aérea Chilena (FACH) y el cónsul general de ese país.

Liderada por el comandante en jefe de la FACH, Fernando Matthei, un general condecorado por la FAB que dirigió Chile junto a Pinochet y la junta de gobierno hasta 1990, la delegación chilena hizo una visita pública a Embraer el día anterior, pero su viaje a Butantan no fue informado por la prensa, que en aquella época aún estaba sometida a censura previa. Tampoco quedó constancia de la visita en el informe anual del instituto, aunque sí en fotos, encontradas por el informe en los archivos de la institución y publicadas ahora por primera vez.

Hechas públicas hace unos meses, las fotos del séquito fueron encontradas entre otras de Bruno Soerensen. Sin identificar a los miembros presentes, y con sólo un libro de firmas como referencia, el reportaje buscó en los archivos de la FACH para reconocer a los funcionarios. El grupo estaba compuesto por el Cónsul General de Chile en São Paulo, Patricio Rodríguez Rentería, además de tres oficiales de la FAB liderados por el Brigadier Mayor Waldir de Medeiros, comandante del IV Comando Aéreo (Comar), que sería Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en 1983.

Las fotos también muestran que la delegación fue transportada al helipuerto de Butantan en helicópteros de la FAB.

Entre los militares chilenos también se encontraban destacadas figuras de la Fuerza Aérea del país: el general de brigada Enrique Escobar Rodríguez, futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones; el coronel de Aviación Gonzalo Pérez-Canto Sáez, Subsecretario de Aviación; y el comandante de grupo Jaime A. Estay Viveros, primer piloto chileno en cruzar la barrera del sonido y el primero en pilotar el caza Hawker Hunter utilizado en el bombardeo del Palacio de La Moneda durante el golpe militar.

Matthei y Pérez-Canto, reconocido torturador, trabajaron en la Academia de Guerra Aérea (AGA), lugar de reclusión y tortura donde fue asesinado el general Alberto Bachelet, padre de la expresidenta Michelle Bachelet.

Pocos meses después de la reunión, Bruno Soerensen recibió una medalla del general de la Segunda División del Ejército Henrique Beckmann -primo del presidente Ernesto Geisel y responsable de las acciones contra la Guerrilla de Araguaia-, mientras que Edison P. T. Oliveira viajó a un congreso científico en Chile para hablar sobre los antígenos botulínicos.

«Si el director del instituto recibía a los militares para una reunión, era porque había órdenes superiores», comenta el diplomático Antônio Mesplé, ex miembro de la Comisión Nacional de la Verdad.

Consultado, el departamento de comunicación de la IV Comar dijo no tener constancia de la visita de los oficiales chilenos.

La visita tuvo lugar cinco meses después de un conflicto territorial con Argentina que movilizaba las energías del gobierno chileno. A raíz del conflicto, el Ejército chileno desarrolló un programa de guerra bacteriológica como elemento disuasivo en caso de guerra: el Proyecto Andrea.

EX MIEMBROS DEL RÉGIMEN ADMITIERON HABER IMPORTADO CEPAS LETALES

En 1981, el Departamento Bacteriológico del Ejército de Chile, dirigido por el médico militar Eduardo Adolfo Arriagada Rehren, encargó cepas al Instituto Bacteriológico (hoy ISP).

Fueron enviadas desde Brasil por correo diplomático entre el 22 de julio y el 7 de agosto a la Cancillería del palacio presidencial de La Moneda, en Santiago. Las encomiendas diplomáticas son enviadas por las misiones diplomáticas u oficinas consulares mediante una nota verbal, lo que facilitaría el envío directo de los tóxicos por parte de la embajada, consulado o las Fuerzas Armadas.

«El coronel Arriagada Rehren, acompañado de un veterinario que dijo ser el futuro jefe del Departamento de Guerra Bacteriológica, me pidió cepas de Clostridium botulinum. Como el instituto no las tenía, se pidieron a Brasil», dijo el coronel Joaquín Larraín Gana, director de la institución, en un testimonio ante un tribunal en 2004. «Las pedí a uno de los tres institutos de la ciudad de Sao Paulo, uno que se llama Butantan. No se pueden pedir estas cepas de forma privada, hay que hacerlo a través de una organización como el Instituto Bacteriológico.»

Encargado por el coronel Jaime Fuenzalida, jefe de seguridad, de recoger el paquete de la cancillería, el químico-farmacéutico Marcos Poduje Frugone se llevó una gran sorpresa al descubrir un tubo con la etiqueta «toxina botulínica». El paquete había sido entregado al laboratorio secreto del Ejército chileno.

Según la declaración de Arriagada Rehren, en 1978 fue abordado por el general Héctor Orozco, de la Dine, quien le señaló que la situación internacional de Chile era complicada, especialmente con Perú y Argentina, y que era necesario investigar y desarrollar antídotos para bacterias como la que causa el ántrax.

«Pidieron al Centro Bacteriológico, a través de su director, que solicitara cepas de Clostridium Botulinum de Brasil (Butantan)». Luego, recuerda que el coronel Larraín le advirtió que había llegado un paquete desde Brasil: «Era una caja común como las que se usan para guardar zapatos y no tenía ninguna de las medidas de seguridad necesarias para manipular estas bacterias, incluso uno de los tubos de ensayo estaba roto», dijo en su declaración ante la justicia.

En 2021, Eduardo Arriagada Rehren fue condenado a diez años de cárcel por ejecutar con una inyección de venenos, en noviembre de 1973, a un locutor de radio chileno que criticó su trabajo y al régimen.

EL PROYECTO ANDREA ELIMINA OPOSITORES

Rehren no era el único que asesinaba a oponentes con veneno. El Proyecto Andrea también se utilizó con este fin.  La policía política de la dictadura chilena, la Dina creó a principios de 1975 el Proyecto Andrea para producir armas químicas: gas sarín, somán, Clostridium botulinum, estafilococo dorado, ántrax, talio, entre otras sustancias bacteriológicas y derivados químicos, formarían parte del arsenal chileno.

El laboratorio del proyecto estaba ubicado en un piso de la casa de Michael Townley en Santiago. El estadounidense, agente de la Dina, era uno de los protagonistas del laboratorio y, según su jefe, Manuel Contreras, también pertenecía a la CIA. Otro nombre importante en el proyecto era el químico Eugenio «Hermes» Berríos. Ambos habían participado en Patria y Libertad, un grupo paramilitar neofascista que recibió apoyo de la CIA y de empresarios brasileños y se entrenó en Brasil antes del golpe de Estado en Chile.

En 2003, Michael Townley reveló a la justicia chilena que varios opositores fueron asesinados a través del Proyecto Andrea, cuyas muertes fueron etiquetadas posteriormente como suicidios o raros casos de cáncer. Dijo que adquiría la materia prima de los venenos en Europa y Estados Unidos y que utilizaba un frasco de perfume Chanel nº 5 que contenía gas sarín, un veneno incoloro e inodoro utilizado por los nazis, cuyas víctimas muestran síntomas de infarto.

No dio nombres, pero uno de los primeros episodios de envenenamiento parece haber sido el del general Augusto Lutz, antipático de Pinochet y Contreras, allá por 1974. Ingresado en el Hospital Militar para tratar una supuesta infección intestinal, Lutz murió de septicemia pocos días después. Su familia sospecha que fue asesinado. Según la familia de Lutz, que no pudo visitarlo, enfermó poco después de asistir a un banquete ofrecido por el dictador.

Otra muerte que se investigó, pero que sigue sin resolverse, ocurrió al mismo tiempo que el episodio de la Cárcel Pública.

En noviembre de 1981, en vísperas de su partida a una reunión internacional, el expresidente chileno Eduardo Frei Montalva decidió operarse de una hernia de hiato que le provocaba reflujo. Fue ingresado en la Clínica Santa María, la misma en la que había estado Neruda. Inicialmente sencilla, la operación tuvo complicaciones que le obligaron a someterse a una segunda intervención el 6 de diciembre. Sin embargo, una infección obligó a otra operación dos días después.

El 18 de enero de 1982, Fray Montalva murió de septicemia. El médico que le operó fue el mismo que había estado con el general Lutz.

En 2000, la familia del expresidente solicitó que su muerte se investigara como homicidio. Inicialmente, la investigación sobre Montalva detectó la presencia de talio y gas mostaza en muestras de sus tejidos. Sin embargo, en agosto de 2023, cuando el caso se juzgó en segunda instancia, se anuló la sentencia debido a los resultados supuestamente no concluyentes de las pruebas.

JUSTICIA

La sentencia relativa al caso de envenenamiento en la Cárcel Pública dictada en 2021 por los tribunales chilenos fue revisada y finalmente dictada por la Corte Suprema el 29 de diciembre de 2023. Los médicos y exfuncionarios Eduardo Arriagada Rehren y Sergio Rosende Ollarzú y el exfuncionario Jaime Fuenzalida fueron condenados a 15 años y un día de presidio, mientras que el alcaide Ronald Bennett Ramírez, en calidad de cómplice, fue condenado a 10 años y un día de presidio.

A Rehren y Ollarzú se les cancelaron sus cargos de médicos. Joaquín Larraín Gana, condenado a 15 años, murió durante el juicio.

Tras la orden de detención dictada en enero para cumplir su condena, Arriagada Rehren, que había ejercido hasta hace meses, no ha sido localizado y se ha convertido en prófugo de la justicia.

«En nuestro caso, los participantes en los asesinatos e intentos de asesinato fueron condenados en primera y segunda instancia», dice Guillermo Rodríguez. Dice que un tercer preso común, Edgardo Flandes Soto, murió hace unos años y su cadáver apareció sin identificar en la morgue. «La hipótesis es que fue él quien contaminó los alimentos, dado que se descartó que estuviera intoxicado, y posteriormente fue asesinado para cortar el hilo de la investigación».  Flandes Soto murió en 2008, el mismo año en que la científica Ingrid Heitmann encontró las cajas de toxinas en el sótano del ISP.

Ahora escritor y con varios libros publicados, el exmilitante dice arrastrar problemas crónicos de salud, como trastornos respiratorios que le obligaron a operarse la garganta con láser. «Las secuelas fueron cáncer de colon en 2010, pancreatitis en 2015 y, hasta el día de hoy, problemas de visión por úlceras en la córnea».

Considerado «una operación especial de inteligencia» y «un crimen contra la humanidad», el episodio de la Cárcel Pública es por ahora el único caso probado del uso del Clostridium botulinum de Butantan.

La posible vinculación del Instituto con la muerte de Pablo Neruda es un «punto interesante», según Gloria Ramírez Donoso, coordinadora del Panel Internacional de Expertos que investiga la causa de la muerte del escritor.

UNA MISTERIOSA INYECCIÓN LEVANTA SOSPECHAS SOBRE LA MUERTE DE NERUDA

La primera exhumación de los restos de Neruda se realizó hace 11 años, luego de que su chofer, Manuel Araya, revelara que el poeta había hecho una llamada desde la clínica. «A las 16 horas, Neruda llamó al único teléfono de Isla Negra, en el hostal frente a su casa, e informó que le habían inyectado en el abdomen, lugar inusual para usar un supuesto analgésico», describe la doctora Gloria Ramírez. «Sobrevivió aproximadamente seis horas», explica.

Gloria Ramírez considera un «punto interesante» el hecho de que Butantan estuviera investigando el tipo E de la toxina al mismo tiempo que la muerte de Neruda, ya que, «cuando se tomó el antiguo Instituto Bacteriológico en la época del golpe militar, hubo varios cambios de director civil a militar, luego cambio de nombre, de reglamento y de línea de producción», dice. «Debe haber papeles en algún registro físico del Congreso Nacional que avalen la producción, exportación, importación e insumos de Butantan, como el material microbiológico, por ejemplo. Al día de hoy no tenemos constancia de ello».

«Es una pista importante», afirma. «Creo que la información sobre Brasil debería ser presentada por los abogados defensores».

El tercer grupo de científicos dirigido por ella descartó el cáncer como causa de la muerte del poeta e indicó que el genoma de la bacteria conservada en su único molar intacto era la cepa Alaska E43. No se sabe si esta cepa se utilizó alguna vez en Butantan, ya que no se encontraron registros de las cepas de tipo E estudiadas en 1972 y 1973 en los archivos del instituto.

Cabe señalar que la CIA mantuvo reservas de botulina y armas químicas incluso después del tratado de 1972, según un documento estadounidense desclasificado.

El 19 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la reapertura de la investigación sobre la muerte de Neruda. Se ha ordenado que Eduardo Arriagada Rehren testifique sobre su trabajo de inteligencia sobre el Clostridium botulinum. La ex senadora Carmen Frei espera el resultado de esta causa para reabrir el caso de su padre.

LA COMISIÓN DE LA VERDAD INVESTIGÓ LA TOXINA EN LA MUERTE DE GOULART

El Clostridium botulinum estuvo en la agenda de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) y fue una de las sustancias buscadas en el análisis pericial de los restos del expresidente João Goulart en 2014.

«Aunque el primer análisis de la exhumación no fue concluyente, había presencia de un compuesto que no podía estar allí», afirma João Vicente Goulart, que dice tener documentos que vinculan la muerte de su padre a la Operación Andrea. Según el investigador Jair Krischke, especialista en la Operación Cóndor, el compuesto era tetranitrato de eritritol, utilizado también como vasodilatador.

Goulart murió de un infarto en Argentina el 6 de diciembre de 1976, el año de las muertes del presidente boliviano Juan José Torres, el diplomático chileno Orlando Letelier y el expresidente brasileño Juscelino Kubitschek. Un año antes, el jefe de la Dina, Manuel Contreras (también vinculado a la CIA), envió una carta al entonces jefe del SNI, João Baptista Figueiredo, advirtiéndole que JK y Letelier podían influir en la «estabilidad del Cono Sur».

Un informe de la CNV registró que el nombre de Jango figuraba en una lista de la Operación Cóndor. En la época, dos agentes de la operación, vinculados a la Central Nacional de Informaciones (CNI), trabajaban en la embajada chilena en Brasilia. Uno de los miembros clave del Proyecto Andrea, el químico Eugenio Berríos, fue vinculado a la presunta muerte de Goulart durante las investigaciones de la CNV.

Para Adriano Diogo, ex presidente de la Comisión de la Verdad del Estado de São Paulo, «Butantan puede haber producido sustancias utilizadas en Neruda».

«Debido a la Operación Cóndor, se barajó la hipótesis de que se hubieran utilizado venenos fabricados en Chile en varios casos, como en [el ex presidente chileno] Frei Montalva, João Goulart y Carlos Lacerda», afirma, añadiendo que las investigaciones no fueron concluyentes.

Ex gobernador de Guanabara, Carlos Lacerda formó parte de un frente de oposición a la dictadura con Jango y JK y murió de un infarto en una clínica meses después que los expresidentes.

Los documentos del SNI muestran que las toxinas y los sueros sí estaban en el radar de la agencia, según una investigación realizada por Pública en el Archivo Nacional.

En este caso, a pesar de haber sido destruidos en 1980, sus títulos se mantuvieron en una lista del SNI que hoy está en poder del Archivo Nacional.

Entre los documentos borrados sobre Allende, Neruda, Jango y Contreras, figuran afirmaciones como «Utilización de toxinas provenientes de actividades de la SDS en EE.UU.», «De la Sec 2 Ativ American Pharmaceutical Laboratories» y «CEME Manufacturing Serum Pyrogenic Effects».

*Fuente: CiperChile