Origen de la violencia en Chile y el Golpe de Estado

27 de julio de 2023

“El peligro de un enfrentamiento entre la mayoría ciudadana, sin armas, y los fuertes núcleos paramilitares organizados por sectores de la Unidad Popular, que habían estructurado un plan para asesinar autoridades civiles y militares y alcanzar así todo el poder, hacían urgente el cumplimiento, por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros, de su obligación fundamental de salvar la integridad de la patria”.
(Del discurso de Ismael Huerta, a la sazón Ministro de RR.EE., en la ONU-10 octubre de 1973,
citado por “Qué Pasa-25 Años”, julio-1996).

La revista establece

“que Huerta se refirió al Plan-Z, sobre el cual 20 años después aún no ha sido posible comprobar su veracidad”).

Julio Canessa, declara

“El punto es por qué se provocaron las violaciones a los derechos humanos. Para mí se provocaron fundamentalmente por la acción de aquellos ciudadanos que estaban continuando con la idea del gobierno de la Unidad Popular y que trajeron la violencia al país”.
(La Segunda, 14-julio-2003).

Sergio Onofre Jarpa, declara en El Mercurio, 10-agosto-2003:

Periodista: “Con todo lo que hubo…volvería a estar a favor de la intervención militar?”

Jarpa: “Desde luego. Y con la experiencia que tenemos, algunas cosas se habrían hecho de manera distinta. Por ejemplo, deberíamos haber actuado antes, haber intervenido cuando se proclamó la lucha armada el año 1967”

Periodista: ¿Llama enfrentamientos a lo de Lonquén, de la calle Conferencia, los degollados?”

Jarpa: ”Esos son casos específicos, deben ser juzgados de acuerdo con las leyes”.

Periodista: “El asesinato del general Schneider, ¿lo hizo la extrema derecha?”

Jarpa: ”Esa era una imbecilidad”.

Periodista: ¿Quiénes decían eso? (que el general Camilo Valenzuela estaba dispuesto a asumir).

Jarpa: ”Los tipos locos. Nunca faltan los locos. Una torpeza”.

Poco después del golpe se anunció que las Fuerza Armadas habían actuado para impedir que el gobierno de Allende llevara a cabo el plan Z, concebido para asesinar a gran cantidad de oficiales en la Parada Militar del 19 de septiembre de 1973. Y sin embargo, de acuerdo con los propios voceros militares, el plan Z sólo se descubrió después del golpe.

Si acaso el plan fue efectivamente uno de tantos planes concebidos por un gran número de pequeños grupos (este plan Z también incluía el asesinato del propio Allende, cuestionando así, la versión de los militares que aducían que era el gobierno el que preparaba la acción), o bien una invención, fue utilizado para infundir miedo en el Ejército.

Altos dirigentes del Partido Demócrata Cristiano que apoyaron el golpe militar cuando éste tuvo lugar señalaron al autor que ellos no dudaban que el plan Z era una invención”. (“El Quiebre de la Democracia en Chile”, pgs.280-281, Arturo Valenzuela).

Los partidarios de la dictadura de Pinochet, justifican las violaciones a los derechos de miles de chilenas y chilenos por la violencia que “trajimos al país” y que, según Jarpa, fuera proclamada por algunos sectores de la izquierda el año 67. Esa proclama decía así:

“la violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y, a su ulterior defensa y fortalecimiento. Solo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista. Las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por si mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada”.
(Voto Político, XXII Congreso General Ordinario, 26-noviembre-1967, en “El Partido Socialista de Chile”, Julio César Jobet, pg.130).

Demás está decir, para quienes recuerden honestamente los hechos acaecidos, que nunca el Partido Socialista pasó de la palabra a los hechos. Por el contrario, sería la “vía pacífica y electoral” la que conduciría a Allende y a la Unidad Popular al gobierno. Pero ¿es éste en verdad, el origen de la violencia que, según la derecha, provocaron la reacción a contar del 11 de septiembre de 1973? Por cierto que no corresponde remontarse a muy pretéritas manifestaciones de violencia social en nuestro país que, entre otras, arrojan un levantamiento militar y guerra civil contra el gobierno constitucional de Don José Manuel Balmaceda; matanzas obreras y campesinas de principios del siglo pasado y durante buena parte de él.

Pero si cabe señalar que esas manifestaciones permiten mostrar a una clase dominante que en nuestro país nunca ha tenido el más mínimo escrúpulo en recurrir a medios violentos en defensa de sus intereses. El origen de la violencia-73 reside, entre muchos otros hechos, en la frenética reacción de los latifundistas que por medio de la fuerza, al margen de la Constitución y las leyes vigentes de la época, intentaron impedir la implementación de la Ley de Reforma Agraria, apalearon y despidieron sin causa justificada a miles de asalariados agrícolas; procuraron impedir la toma de posesión de los predios, reprimiendo a funcionarios de CORA e INDAP, incluso llegando al asesinato del funcionario del agro de Linares, Hernán Mery.

Cabe recordar que la ley de Reforma Agraria se aprobó en julio de 1967, algunos meses antes de la proclama socialista. La virulenta oposición de la derecha al gobierno de Frei Montalva se manifestaría también en el “tacnazo”, expresión militarista acaudillada por el general Roberto Viaux, en octubre de 1969, es decir, casi un año antes de la elección presidencial de 1970. Como es sabido, la escalada violentista de la derecha, previa al golpe de estado del 73, se expresa en una intentona golpista, también protagonizada por Viaux, en la que un grupo de conspiradores, en un intento de secuestro, balean al Comandante en Jefe del Ejército, en otros términos: fallido el secuestro y exitoso el alevoso asesinato.

“Las investigaciones realizadas permitieron establecer que tanto los ejecutantes como los ideólogos pertenecían a un grupo de extrema derecha. Su intención había sido evitar que Allende asumiera la Presidencia de la República, precipitando un golpe militar”. (“Chile en el siglo XX”, págs. 285-286). Por tanto, no estuvimos en presencia de hechos aislados, ocasionales o “específicos”, por el contrario, lo que se desplegó fue una sucesión sistemática de actos violentos por parte de la derecha, con el expreso propósito de provocar el colapso del gobierno popular y abrir paso al golpe de estado de 1973.

La derecha, Pinochet y sus acólitos, han proclamado siempre que el “pronunciamiento” no fue más que el acto de responder al llamado de la mayoría del país, expresado en el Acuerdo de la Cámara de Diputados del 23 de agosto de 1973. Esto sigue siendo un pretexto doblemente falso : primero, porque ese acuerdo no era un llamado al “pronunciamiento” sino que expresamente representaba al Presidente de la República y a los Ministros de Estado miembros de las FF.AA. y Carabineros “poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos”.

el General Gustavo Leigh, en declaraciones al corresponsal del Corriere della Sera, afirmaría que “iniciamos los preparativos para el derrocamiento de Allende en marzo de 1973, inmediatamente después de las elecciones parlamentarias”

Sin embargo, contrariamente a los considerandos de ese acuerdo, al 11 de septiembre en nuestra patria, funcionaban todas las instituciones democráticas y las autoridades de los órganos respectivos del estado eran elegidas por sufragio universal; existía libertad de prensa e información; libertad de asociación, reunión, expresión y tránsito; derechos y garantías constitucionales para la libertad e integridad de las personas; ningún chileno podía ser detenido, interrogado o encarcelado sin orden judicial competente y no se practicaban el asesinato político, la tortura, la desaparición de personas. El Parlamento actuaba normalmente, tal cual lo prueba este propio acuerdo, pero luego sería clausurado… hasta nueva orden…

Segundo, más revelador aún, porque como se supo después, por boca de ellos mismos los cabecillas del golpe (en honor a la verdad, con excepción del general rastrero), declararon que preparaban su “gesta” desde junio-julio y Pinochet les mataría el punto al situar sus preparativos en abril-73, aun cuando el General Gustavo Leigh, en declaraciones al corresponsal del Corriere della Sera, afirmaría que “iniciamos los preparativos para el derrocamiento de Allende en marzo de 1973, inmediatamente después de las elecciones parlamentarias”, es decir, a lo menos 5 meses antes del acuerdo de la Cámara. Bien se puede decir que “a confesión de partes relevo de pruebas”.

Aun cuando, claro, para Jarpa “con la experiencia que tenemos, algunas cosas se habrían hecho de manera distinta…deberíamos haber actuado antes, haber intervenido cuando se proclamó la lucha armada el año 1967”. La historia es bastante conocida, y para encubrir los mezquinos intereses que están detrás de los acontecimientos, la derecha y sus ideólogos han debido realizar supremos esfuerzos para distorsionarla y escamotear la verdad de los hechos, hipocresía mediante.

Así, el punto 3 del primer bando emitido por los golpistas señalaba:

”los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad de que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha, no sufrirán modificaciones en lo fundamental”.

Pero como se sabe el proceso de concentración de la riqueza en las últimas décadas no ocurre en virtud de las pérdidas y ganancias de fuerzas que concurren libremente al mercado, sino que ese proceso fue desencadenado a sangre y fuego por la dictadura.

En él tuvo muy poco que ver la imaginación, capacidad emprendedora y “audacia“ del empresariado monopolista, como no fueran las indispensables para tomar por asalto los salarios, los derechos de los sindicatos, la tasa de ganancia de pequeños y medianos empresarios y la propiedad de las empresas públicas. El “historiador” Gonzalo Vial sostiene que Allende y la UP “elaboraron un plan maestro. No fue precisamente secreto, sino reservado…no era lógico dar al enemigo un aviso claro de la táctica unipopular. En este plan, veremos, la Asamblea del Pueblo o Cámara Única “constituía un elemento clave, imprescindible”.

Este tal “plan maestro” es un invento fruto de la imaginación del “historiador”, la Cámara Única era un objetivo explícito del Programa de la Unidad Popular, por tanto no tenía nada de reservado (como lo reconoce el propio Vial) y que en el plano institucional era y es tan legítimo como cualquier otro punto de vista respecto del ordenamiento constitucional. Lo que debe llamar la atención no es la fértil imaginación de Vial sino el hecho que ellos instauraron una “cámara única” y la ejercieron durante 17 años, con la diferencia que nadie los eligió.

En suma,

la violencia ha sido la práctica recurrente de las clases dominantes en nuestro país que alcanza su expresión más elevada con el golpe de estado y la puesta de las FF.AA al servicio de sus minoritarios y mezquinos intereses.

–El autor, Fernando Ávila Illanes, es Secretario General del MAPU O.C.