El problema no es la desfachatez de las Isapres sino la perversidad del sistema privatizado de salud

19 de mayo 2022

La ácida controversia sobre los cobros excesivos realizados durante largo tiempo por las Isapres a sus afilliados permite ilustrar muy bien la enorme perversión que la lógica del capital introduce en la actividad económica. Ya Aristóteles, más de tres siglos antes de Cristo, había advertido la diferencia fundamental existente entre una actividad económica desarrollada con el fin esencial de satisfacer necesidades humanas y aquellas que solo se valen de ese objetivo como un medio para alcanzar otro fin: el de generar un incesante enriquecimiento individual a quien la realiza.

Es precisamente esto último lo que explica y pone claramente de relieve la tenaz resistencia de las Isapres a acatar el fallo de la Corte Suprema que las obliga a restituir a sus afiliados los dineros que indebidamente les han cobrado por encima de los montos legalmente establecidos.

Y para ello no han tenido el menor escrúpulo en utilizar a las propias víctimas de su estafa como rehenes para extorsionar a los poderes públicos con las consecuencias que podría acarrearles a aquellas su insistencia en el cumplimiento de dicho fallo: arriesgarían a quedarse, simplemente, sin ninguna cobertura de salud.

Sin embargo, pese a su aspereza, la controversia se mantiene circunscrita a los aspectos superficiales del problema, sin poner debidamente en cuestión el problema de fondo. En efecto, como es de público conocimiento, el proyecto de “ley corta” presentado por el Gobierno solo busca facilitarle a las Isapres el cumplimiento del fallo a fin de que éste no amenace la continuidad de su negocio. Por su parte las Isapres, al calificar de “engaño” al proyecto, presionan a la casta política para que ésta les permita eludir la obligación que ese fallo les impone, ofreciéndoles el pretexto que necesitan para hacerlo.

Sin duda que dicha reacción ha sido “desfachatada”, como ha dicho la vocera de Gobierno, pero más que constituir una manifestación de extrema codicia, desconociendo los límites de un comportamiento socialmente responsable y por ello calificable en términos exclusivamente morales, ella responde a un claro imperativo que surge de la propia lógica del gran capital que rige el comportamiento de esas instituciones.

El objetivo supremo del capital no es el de valorizar la vida humana, protegiéndola y enriqueciéndola, sino la de valorizarse a sí mismo, es decir el de incrementarse incesantemente.

Se trata de objetivos que solo pueden compatibilizarse dentro de los estrechos límites que impone la propia valorización del capital cuando ella se erige en el objetivo supremo de la actividad económica. En última instancia, el capital se valoriza a expensas del trabajo que valoriza la vida humana, oponiéndose a la distribución de la riqueza generada, empeñándose en precarizar los empleos y los salarios, externalizando los costos ambientales de las actividades que operan bajo su lógica, marginando a un número creciente de personas de los empleos productivos, incentivando conflictos entre diversos grupos humanos y provocando finalmente criminales matanzas entre ellos.

Lo que hay que preguntarse entonces es por qué se sigue considerando como algo socialmente aceptable que actividades tan sensibles para la vida de las personas como son las prestaciones de salud se continúen rigiendo por una lógica puramente mercantil, a pesar de los inevitables incentivos perversos que ello lleva aparejados. Esto solo contribuye a normalizar un abordaje puramente individualista del problema, en exclusivo beneficio de una minoría de altos ingresos que se resiste a compartir los aportes que puede y debe realizar, tanto directos como indirectos, para una solución integral del mismo.

El que las intervenciones del gobierno no apunten al fondo del problema solo fortalece la ofensiva comunicacional de las Isapres y de quienes en dictadura impusieron el sistema mercantilizado y socialmente segregado de salud que actualmente nos rige y que ahora se empeñan en perpetuar, en directo perjuicio de la inmensa mayoría de la población chilena.

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