Lo que nos indican los resultados electorales del 7 de mayo

18 de mayo de 2023

El contundente triunfo alcanzado por la derecha, especialmente por la más extrema, en la elección del 7 de mayo ha sorprendido y ahondado la confusión en muchos de quienes reclamándose de izquierda concurrieron esperanzados a votar por alguna de las listas de las fuerzas políticas que apoyan al gobierno. Sin embargo, lo que la experiencia histórica indica claramente es que cuando en medio de una profunda crisis social, como la que experimentamos actualmente en Chile, las fuerzas que buscan representar los intereses populares optan por reducir el campo de la acción política a meras negociaciones cupulares entre cuatro paredes, es decir, cuando se muestran incapaces de levantar con decisión y poner por delante las demandas largamente sentidas por la población trabajadora, y se cede en cambio completamente la iniciativa a la clase dominante o, peor aun, se asumen como propias sus banderas, no se puede razonablemente aspirar a cosechar un resultado favorable. Entonces es inevitable que ocurra lo que estamos observando.

En efecto, dado el pobre desempeño del gobierno y la conciliadora trayectoria seguida por los partidos que lo apoyan ante las exigencias planteadas por los poderes fácticos empresariales y sus representaciones políticas, difícilmente cabía esperar unos resultados significativamente distintos. Basta tener presente las características del actual proceso constituyente, cocinado a espaldas de la población con la mayor desfachatez por las cúpulas partidarias con representación parlamentaria y a cuyo diseño y aprobación concurrieron solícitas las que forman parte del gobierno. Un proceso concebido ex profeso para mantener a la opinión ciudadana completamente al margen del mismo, reduciendo el significado de su «participación» al de una mera estratagema de legitimación de lo ya sancionado por ellas. Así, carente de reales facultades constituyentes,

la misión del llamado «Consejo Constitucional» electo por la ciudadanía se limitará a darle una forma final al texto que, en correspondencia con los contenidos del llamado «Acuerdo por Chile» y sometido a la atenta vigilancia del «Comité Técnico de Admisibilidad», le sea presentado por el «Comité de Expertos» designados por el Parlamento. En consecuencia, todo su papel consistirá en poner en escena una farsa destinada a cubrir con ropajes aparentemente democráticos el engendro de este desvergonzado contubernio.

Y no solo eso: para asegurar un amarre aun mayor de todo este proceso, las cúpulas partidarias optaron por que se constituyese este «Consejo Constitucional» según las normas institucionales y electorales que rigen la conformación del Senado, las cuales distorsionan gravemente el resultado de la elección en detrimento de las regiones en que se encuentran los grandes centros urbanos del país.

El caso más notorio de esta burda distorsión de la representatividad popular manifestada en las urnas es el de la Región Metropolitana que con el 40% de la población del país elige solo el 10% de los miembros de ese organismo.

Así, mientras mientras el sistema electoral vigente permite que esta región elija un senador por cada 1.750.000 electores, la región de Aysén puede elegir uno por algo menos de 50.000 electores. Aunque este tipo de distorsiones de la representatividad popular en la conformación del Parlamento opera también para la Cámara de Diputados, no son allí tan extremas como en el Senado. Con este tipo de triquiñuelas se evidencia una vez más, y esta vez con más fuerza que en el anterior proceso constituyente derivado del acuerdo cupular del 15 de noviembre de 2019, el constante empeño de la clase dominante por impedir que la población pueda ejercer soberanamente las facultades constituyentes que por definición les son propias en un genuino sistema  democrático.

En consecuencia, estando todo bien cocinado, la composición del «Consejo Constitucional» no estará llamada a ser mayormente relevante para definir los contenidos de la nueva Constitución, los cuales ya han sido definidos y forman parte de la normativa que rige toda esta puesta en escena. Sin embargo, el resultado de esta elección, aun siendo parte de un proceso fraudulento, resulta importante para apreciar el grado en que el comportamiento de las diversas fuerzas políticas durante el año y medio transcurrido desde la instalación del actual gobierno ha logrado impactar en la conciencia de las amplias masas de la población, contribuyendo a moldear su percepción de la realidad social en que vivimos, centrándose en los graves problemas que la afectan y avanzando en clarificar sus reales causas y efectivas soluciones. Visto desde esta perspectiva, el resultado de la elección del 7 de mayo solo confirma la situación de absoluta orfandad política que caracteriza a las fuerzas que se encuentran hoy en el gobierno, defraudando la sentida aspiración de cambios que las llevó a La Moneda. Es así que, carentes de un liderazgo decididamente empeñado en hacer realidad un proyecto significativo de sociedad y de vida para el grueso del pueblo trabajador, han optado por doblegarse solícitamente a las presiones del gran capital y la derecha, acogiendo gran parte de sus demandas.

Es ello lo que en definitiva ha permitido y explica lo acontecido. Es por eso que, al no encontrar mayor resistencia, la ofensiva comunicacional de la derecha, exacerbando el temor de la población ante los desbordes de la delincuencia, relacionándola con la inmigración ilegal y acusando insistentemente al gobierno de tolerancia e incompetencia para hacerle frente, ha logrado tornar plausible su demanda de mano dura y canalizar parte importante del descontento social existente, encontrando oídos receptivos en amplios sectores de la población.

Ante la exigencia reaccionaria de respaldar incondicionalmente a carabineros los voceros del gobierno ni siquiera han intentado diferenciar entre la legítima misión policial de combatir a la delincuencia y la repudiable represión de la protesta social y de los criminales métodos utilizados para ello, para no hablar de los vergonzosos actos de corrupción ejecutados por sus altos mandos.

Por el contrario, deseosos de complacer a la clase dominante, han optado por ignorar la tremenda fuerza comunicacional que conlleva un accionar político que ponga en el centro tanto los graves problemas sociales que han afectado al pueblo trabajador por tan largo tiempo en materia de educación, atención de salud, vivienda, empleo, precarización laboral y salarial, pensiones, etc. como la defensa de la soberanía nacional en materia económica.

Todo esto es clave, porque lo que está realmente detrás de los grandes vaivenes que han exhibido los resultados electorales posteriores a la rebelión popular de octubre de 2019 es la presencia de un generalizado, profundo y explosivo descontento social con la situación que actualmente padece la inmensa mayoría del país. Una situación marcada por la profunda y creciente desigualdad social, los constantes abusos, el entreguismo al capital extranjero, la impúdica corrupción y el completo descrédito del sistema político vigente. Un sistema político que, mostrándose reiteradamente complaciente y aun cómplice de los atropellos, la precariedad y la incertidumbre cotidiana que afectan a la mayor parte de la población, se ha ganado el merecido repudio de la mayor parte de ella. Para sus sectores menos politizados, que son la inmensa mayoría, el voto no tiene una significación ideológica sino enteramente práctica, circunscrita a los problemas que los golpean en su diario vivir y de castigo a quienes defraudan sus expectativas de cambio. Por lo tanto, su opción electoral dependerá de la fuerza, persistencia y claridad de las acciones que observe y de los mensajes que reciba en relación a ellos.

En consecuencia, lo que el resultado de esta elección muestra es,

por una parte, el predominio logrado por los problemas en que la derecha se ha empeñado centrar el debate público, pregonando como solución el avance hacia un estado policial, y

por otra, una clara tendencia a la polarización de las preferencias, con el reiterado desplome de las opciones que se limitan a ofrecer más de lo mismo.

Lo primero solo refleja la inexistencia de un liderazgo de izquierda con la decisión y la fuerza que le permita definir la agenda pública en torno a los problemas de fondo que afectan al país. Y por la orientación que desde su misma conformación decidió adoptar, está suficientemente claro que dicho liderazgo no puede provenir de este gobierno.

Se deja sentir con fuerza

la necesidad de una fuerza política que, colocando sus propios objetivos estratégicos por delante, se empeñe en buscar activamente el respaldo del pueblo trabajador sobre la base de sus más sentidos intereses de clase.

Lo segundo, la tendencia a la polarización que muestran los resultados electorales, expresan una clara, persistente y extendida aspiración ciudadana, no ideológica sino mayoritariamente práctica, a que la situación actual efectivamente cambie.

En tal sentido apuntan también el elevadísimo porcentaje de abstención, votos blancos y sobre todo nulos registrados en esta jornada, como una expresión de rechazo de un importante sector del pueblo trabajador a la mascarada seudodemocrática y/o al sistema político que nos rige.

Estas últimas cifras arrojan un resultado muy significativo al compararlas con las del plebiscito del 4 de septiembre pasado, que es la única consulta electoral anterior con voto obligatorio. De partida, según los datos del Servicio Electoral, en la elección del 7 de mayo votaron cerca de 545 mil personas menos que en el plebiscito del año pasado y los votos blancos pasaron de poco más de 77 mil a casi 570 mil, es decir una cifra 7 veces mayor. Si consideramos ahora los votos nulos, que en el plebiscito apenas superaron los 200 mil, éstos se elevaron ahora a casi 2 millones 200 mil, es decir una cifra 10,5 veces mayor. Esto es algo que no se explica, como han sostenido algunos analistas superficiales, por el mero desconocimiento de las normas electorales por parte de un gran número de electores. Así lo evidencian además los rayados presentes en gran parte de estos votos.  Si ahora sumamos votos nulos y blancos se llega a una cifra de más de 2 millones 680 mil votos. Y si a esta cifra se añade la de quienes no concurrieron a votar se tiene un resultado ampliamente superior a los 3 millones de votos, un fenómeno que, ciertamente, en una importante medida resta mayor legitimidad a este proceso espurio. Observemos, por último, que la derecha (PR, UDI, PN, EVOPOLI y PDG) obtuvo más de un millón 800 mil votos menos que la opción rechazo en el plebiscito del año pasado y que el oficialismo más la DC obtuvo ahora más de un millón 180 mil votos menos que la opción apruebo en dicho plebiscito.

Debate y clarificación en el seno de la izquierda

En el curso de este proceso ha habido algunos que, sea con meras descalificaciones o intentado esbozar algún argumento, cuestionaron el llamado a anular que formularon diversos colectivos de la izquierda anticapitalista. El único argumento plausible es que dicho llamado constituiría una forma de abstenerse de actuar en un escenario que se presentaba desfavorable y que, por el contrario, lo que políticamente procede es dar todas las batallas. Pero esa crítica revela una cierta miopía política ya que, siendo necesario intervenir en todas las batallas políticas, la forma de hacerlo no se reduce en una confrontación electoral a marcar alguna de las preferencias presentes en el voto.

Dependerá del carácter de la situación y la naturaleza de dicha confrontación. El llamar a boicotear una elección carente de un mínimo de legitimidad democrática o, como en este caso, a anular, pueden ser también, según las circunstancias, una forma legítima y conveniente de intervenir.

Lo único que habría que lamentar en esta ocasión es que la campaña a favor del voto nulo no hubiese logrado ganar una mayor visibilidad y capacidad de convocatoria. Pero ello es solo una expresión más de la debilidad y marginalidad política de la izquierda anticapitalista.

Por otra parte, ha habido también voces que insisten en reducir la diferenciación entre revolucionarios y reformistas a una simple controversia sobre los escenarios de la lucha política y las vías de acceso al poder, aferrándose de manera absoluta a un rechazo a participar en todo espacio y confrontación de carácter institucional. Sin embargo,

lo realmente central de una política revolucionaria es el contenido de clase de sus propuestas, apelando a todos los medios de lucha y a todas las tribunas para lograr incidir con ellas en los niveles de conciencia, organización y movilización del pueblo trabajador.

Su gran objetivo es la creación de una voluntad colectiva de transformación social que permee la actitud y comportamiento de las amplias masas populares, lo cual necesariamente supone incidir de manera decisiva sobre los sectores mayoritarios del pueblo trabajador, llamados a aportar la fuerza material necesaria para hacer posible un cambio revolucionario. Tales sectores son también los más dominados ideológicamente, lo cual usualmente se expresa como un desinterés por la política y aun una profunda aversión hacia ella, viendo en quienes la ejercen como el verdadero centro de un poder social que en base al nepotismo y la corrupción opera en su exclusivo beneficio.

Es claro que el desafío político que se plantea ahora ante las fuerzas genuinamente democráticas es inmenso. El peligro que representa el importante avance logrado ahora por la extrema derecha es evidente.

Todo ello pone de relieve, una vez más, la imperativa y urgente necesidad de acometer la tarea largamente pendiente de poner en pie una genuina alternativa política de izquierda que levante con fuerza y decisión la bandera de la transformación social.

Una alternativa que, armada de un claro programa de acción, por un lado permita superar la aguda dispersión que afecta a los aun pequeños contingentes partidarios de la izquierda anticapitalista y, por otro, buscando dar expresión a una real voluntad colectiva de cambios, se muestre capaz, por su lenguaje claro y su significado práctico, de llegar, hacer sentido y movilizar a la inmensa mayoría del pueblo trabajador.