Carta al Presidente de Chile, Señor Gabriel Boric, desde Suecia

Estocolmo, 14 de Marzo de 2022

Sr Gabriel Boric
Presidente de Chile

Estimado Sr.

Nos dirigimos a Usted para, en primer término, desearle éxitos en su período presidencial. Confiamos en las medidas de su programa, el que nos permite soñar con ese Chile más justo que tanto hemos esperado. Cuántas vidas perdidas, cuántas vidas mutiladas, cuántos jóvenes desesperanzados y cuántos ancianos muriendo en el abandono y la miseria hasta por fin llegar a este punto.

Tiene Usted una gran tarea y enorme responsabilidad por delante, pero estamos dispuestos a apoyarlo y seguir trabajando a su lado por el cumplimiento de su programa.

Formamos parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia, compuesta por chilenos residentes en diferentes ciudades de Suecia. Somos parte de los 60 000 chilenos en Suecia que desde el extranjero seguimos con el corazón puesto en ese país que dejamos nosotros o nuestros padres. Hemos seguido muy de cerca los acontecimientos en Chile, organizado la solidaridad, levantando la voz por los presos políticos y víctimas de las violaciones de derechos humanos, apoyando a la primera línea, las ollas comunes, etc.

Nadie puede poner en duda nuestro interés por Chile. Somos chilenos como cualquier chileno que vive en el territorio nacional, y por esta razón estaremos junto a usted y su coalición apoyando con el mismo ahínco de siempre.

Derechos de los chilenos en el extranjero

Nos interesa que nuestros hijos nacidos en el extranjero puedan acceder a su nacionalidad así como también nuestros nietos. Hoy se les exige el año de avecindamiento; y sin derechos a la salud ni becas de estudio este trámite se hace oneroso y arriesgado. Estos jóvenes han crecido y estudiado en diferentes países y en diferentes idiomas, muchos de ellos no hablan español o al menos no lo suficiente para ingresar a los portales de los diferentes ministerios para acceder a los beneficios, becas de estudio o trabajo, deberes y derechos. No existen becas dirigidas a atraerlos, no hay cursos de español o de nuestra cultura, intercambios con universidades chilenas que les permita ir a aprender español. No existe una política que los considere y tampoco como posible aporte al país, desde sus profesiones y experiencias.

Existe una instancia para atender a los chilenos en el exterior, DICOEX, pero no hay políticas dirigidas a nuestro derecho a la cultura, retorno digno y derechos básicos, como pensión y salud. Tampoco han existido iniciativas por nuestro derecho a estar informados, establecido por LEY. Durante los comicios electorales no se recibe, ni se entrega  de parte del Estado, la necesaria información para una toma de decisiones responsable sobre las candidaturas que se presentan.

No se trabaja apoyando a las radios de cercanía para que lleguen a toda nuestra comunidad. Creemos que ha llegado el tiempo de generar iniciativas conjuntas, que DICOEX trabaje en temas que sean de real interés de las comunidades de chilenos, que nos escuchen, que generen proyectos y que entreguen recursos. La cultura e integración son una necesidad aquí y en Chile como en cualquier parte.

La Ley 20.500 de institucionalización de la participación ciudadana en la gestión pública y generación de nuevos espacios para el diálogo con la ciudadanía, para fortalecer y fomentar la gestión pública participativa; así como el instructivo presidencial N*7 sobre participación ciudadana en la gestión pública, establecen la conformación de espacios de participación como las audiencias públicas, presupuestos participativos, plataformas digitales participativas, revisión de normas de participación para servicios públicos, cabildos ciudadanos sectoriales y territoriales, y diálogos participativos con la creación de consejos de la sociedad civil para cada ministerio, pero no se cumple en su totalidad en Chile y tampoco para el millón y más de chilenos que viven fuera del territorio nacional. En la actualidad el único Consejo de la Sociedad Civil que contempla la participación de representantes de las comunidades organizadas de chilenos en el exterior es el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero incluso en ese foro se ha tenido que librar una gran pelea para ser escuchados, y hasta ahora no se nos ha considerado en el diseño de ninguna política que tenga que ver con nuestra realidad y nuestras necesidades. Lamentablemente, en lugar de ser considerados como un recurso; no hemos sido integrados y no se han creado o puesto en funcionamiento estas instancias en las que podríamos hacer un gran aporte.

En lo que respecta a la recién promulgada Ley de Migración y Extranjería, representa un avance importante en materia migratoria; no obstante no otorga la importancia necesaria al más de 1 millón de ciudadanos chilenos que salieron exiliados por razones políticas y/o económicas durante los peores tiempos de la persecución y torturas de la dictadura.

Un aspecto importante que queremos sea incorporado es el de reparación y justicia para los exiliados; esta noción de reparación debería ir más allá de una simple indemnización económica, debe estar acompañada del reconocimiento a las víctimas y el derecho a la reparación integral y castigo a los culpables.

Planteamos la necesidad de abordar las siguientes acciones y medidas:

• Fin a la impunidad. Exigir que los asesinos, torturadores y perpetradores de crímenes de lesa humanidad cumplan sus condenas sin indultos.
• Reabrir el informe Valech, eliminar la imposición del silencio de 50 años y exigir la revelación del nombre de los torturadores. Así como continuar con las denuncias y los procesos judiciales que corresponden.
• Luchar por el término de la Ley Antiterrorista por la cual, la Corte Interamericana de Justicia ha amonestado recurrentemente al Estado de Chile por su aplicación abusiva e ilegítima que se funda en una Constitución antidemocrática.
• Denunciar la persecución política y los casos con pedido de extradición basados en la aplicación arbitraria de la Ley antiterrorista.
• Salvaguardar y proteger el estatus de refugiado político y frenar los intentos de fuerzas seudo democráticas chilenas, que ante organismos internacionales intentan quebrantar los fundamentos del Derecho al Asilo Político solicitando el retiro de dicho estatus a actuales perseguidos políticos.
• Incorporar la denuncia de los niños desaparecidos y entregados en adopción a los represores o familias adineradas.
• Exigir que las pensiones tanto de ex presos políticos como de exonerados, no sean excluyentes.

Como chilenos en el exterior consideramos que es necesario crear las condiciones necesarias para acceder y ejercer el derecho a voto, incluyendo las nuevas generaciones de chilenos nacidos en el exterior:

• Requerir al Congreso chileno un seguimiento activo de nuestras peticiones relativas al perfeccionamiento del derecho a voto.
• Mejorar los horarios de atención de los consulados para la obtención de documentos de identidad sin los cuales no es posible acceder a la clave única.
• Buscar mecanismos de representación que vayan más lejos de nuestra representación ante el COSOC que es meramente de carácter consultivo y no vinculante.

Trabajo en defensa de los Derechos Humanos

Nuestro objetivo como Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia es informar a la opinión pública sueca sobre la situación en Chile y las violaciones a los DDHH que se han cometido durante el gobierno de Piñera. Con este propósito hemos establecido un canal de información con la Cancillería, parlamentarios y partidos políticos en Suecia mediante encuentros, envío de una cartilla informativa bimensual y cartas. Además del contacto directo con el embajador sueco en Santiago, gestionando encuentros suyos con familiares de los presos de la revuelta, abogados de DDHH, etc. Hemos generado una línea de difusión en redes sociales y la prensa alternativa sueca, y también con la comunidad latinoamericana a través de las radios de cercanía hispanoparlantes.

Nuestro método de trabajo consiste en crear las condiciones para mantener informadas a las opiniones europeas y suecas a nivel gubernamental y de organizaciones no gubernamentales, manteniendo una mirada crítica y analítica de las situaciones y acontecimientos en Chile y América Latina.

Nuestra Comisión trabaja por proteger los derechos de los ciudadanos, de la infancia, de los pueblos originarios, por la libertad de género, la equidad y la protección del medio ambiente, con seguimiento en el ámbito legislativo de Chile, manteniendo especial foco en las relaciones bilaterales y los tratados que no cubren los principios de derechos humanos y el derecho de la tierra.

Este es un trabajo que pretendemos continuar, manteniéndonos atentos y vigilantes por el cumplimiento cabal del programa de gobierno prometido al pueblo. En este periodo buscaremos y apoyaremos principalmente las vías de reparación a las víctimas de traumas oculares, la libertad de los presos de la revuelta y los presos políticos mapuche, las demandas de protección al medio ambiente (como por ejemplo el daño humano y ecológico producido en Arica por los residuos tóxicos de la empresa sueca Boliden) y ofrecer nuestros conocimientos y apoyo en dar a conocer los logros y dificultades que sabemos se harán muy latentes durante su mandato.

Como comisión continuaremos el seguimiento a  las acusaciones contra Sebastián Piñera presentadas ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, que representan la necesidad de exigir justicia ante los crímenes y la violencia institucional de los agentes del Estado chileno. Somos muchos los que hemos trabajado denunciando las violaciones de DDHH que se han cometido. Junto a varias organizaciones de chilenos en Europa desarrollamos la campaña ”Piñera a La Haya”, recolectando firmas para una petición ante la CPI, y organizando manifestaciones en varias ciudades europeas.

En octubre (se adjunta carta) enviamos más de 10 000 firmas acompañando nuestra petición a la oficina de la Fiscalía de la CPI, la que acusó recibo. Es por eso que al igual que los diferentes grupos de abogados que habían presentado acusaciones, recibimos en el mes de diciembre una respuesta oficial del fiscal de la CPI. En ella, se establece que hubo delitos de DDHH asociados al estallido social y que si bien han decidido no abrir una investigación por ahora, están a la espera de que se resuelvan los procesos ad hoc en la justicia chilena, como el que lleva a cabo la fiscal Claudia Perivancich.

Como chilenos residentes en el exterior nos consideramos parte de esta causa legal y seguiremos impulsando iniciativas, insistiendo ante la CPI para que se pronuncie sobre el fondo de este tema. Específicamente, que se proceda a iniciar un examen preliminar.

Tal como usted señaló hace un tiempo atrás, no puede haber más impunidad en Chile y por ello se hace necesario que sea la CPI la que investigue y juzgue a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad. Confiamos en que, ante la inoperancia de la justicia chilena, durante su mandato se permitirá la acción de la justicia internacional.

Agradeciendo desde ya todos sus esfuerzos para la consecución de justicia y reparación para todas las víctimas de la violencia estatal, le ratificamos nuestro compromiso con su proyecto político y nos ofrecemos para colaborar en lo que esté a nuestro alcance.

Agradeceríamos una respuesta escrita a esta carta.

Un afectuoso saludo,

Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia

Video mostrando la entrega de la Carta al Embajador chileno en Suecia

Versión de la Carta en formato PDF