El legado de los militares constitucionalistas podría ser considerado en la nueva Constitución

La historia oficial del golpe de Estado cultiva el mito que fue perpetrado por la “unanimidad” de las Fuerzas Armadas. El Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile, por ejemplo, publicado por la Secretaría General de Gobierno en octubre 1973, afirma que “Las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de la República de Chile –cumpliendo una decisión previa y absolutamente unánime– depusieron al Presidente Salvador Allende.

La realidad es diferente. Cuando Gonzalo Vial Correa redactó esas líneas ya se sabía que, si bien muchos militares adhirieron al “pronunciamiento” y otros se plegaron a él por una mezcla de inercia y miedo, hubo una cantidad significativa de militares que se negaron a participar en el asalto armado a las instituciones republicanas. Medio siglo después, el comportamiento de los militares constitucionalistas se ha hecho un lugar en la historia, pero aún existen zonas obscuras en este episodio.

Los militares constitucionalistas

En el Ejército hubo, al menos, 36 oficiales exonerados. El día del golpe renuncia el coronel José Ramos, jefe del Estado Mayor de Inteligencia y el mayor Osvaldo Zavala, edecán del general Prats y luego de Pinochet. En Talca, el capitán Jaque se niega a participar en el golpe. Años más tarde, en 2001, varios de ellos iniciaron acciones jurídicas contra los golpistas, por secuestro, asociación ilícita y torturas. Entre otros, los coroneles Efraín Jaña comandante del regimiento de montaña, y Fernando Reveco comandante del regimiento de Calama; el capitán Carlos Vergara, detenido el día del Golpe en el regimiento Rancagua en Arica; los oficiales Florencio Fuentealba, Héctor González, Rudy Alvarado, Jaime Mires (representado por su hijo), Patricio Carmona y Manuel Fernández. Tampoco debe olvidarse que el Ejército excluyó a varios oficiales por negarse a ejecutar prisioneros, como es el caso del general Joaquín Lagos, comandante de la primera división, y del mayor Iván Lavanderos, cuyo cuerpo fue encontrado asesinado.

En la Armada, el comandante en Jefe, almirante Raúl Montero, opuesto al putsch, fue secuestrado en su domicilio. Los almirantes Daniel Arellano, Hugo Poblete Mery y el capitán René Durandot, fueron excluidos, igual que el teniente Horacio Larraín. El capitán Gerardo Hiriart, quien se encontraba en el extranjero, envía su dimisión lo cual le vale una condena en ausencia. Los días anteriores y posteriores al golpe, la Armada arresta unos 250 marinos –tal vez más– quienes serán los primeros torturados en ese período; 92 de ellos serán condenados a diferentes penas.

En la FACH, un consejo de guerra condenó a penas diversas, por “traición”, a 16 oficiales, entre ellos al general Sergio Poblete, 18 suboficiales y sargentos; 36 cabos (dos de ellos fueron asesinados en prisión); dos conscriptos y 13 civiles. El general Alberto Bachelet fue acusado de “traición” pero murió a causa de las torturas antes que fuera dictada la sentencia.

El director general de Carabineros José María Sepúlveda acompañó al Presidente en el palacio asediado; el subdirector, Jorge Urrutia, acompañado por los generales Rubén Álvarez y Orestes Salinas, intenta imponer la lealtad al gobierno. Horas antes los generales Alfonso Yáñez y Martín Cádiz se habían negado a adherir al golpe. Se conoce el caso del carabinero Guillermo Schmidt quien, en Antofagasta, tornó su arma contra los jefes que le ordenaron matar a tres trabajadores detenidos.

Estos son algunos de los casos conocidos de militares que asumieron un comportamiento democrático y humanista; hay sin duda otros que desconocemos. Y hay también otros que soportaron en silencio, seguramente paralizados por el miedo, intentando evitar misiones inhumanas y ayudando a las víctimas, cuando les era posible.

Una idea de la importancia de las diferentes formas de oposición al golpe en las Fuerzas Armadas la proporciona la cantidad de demandas introducidas por militares en el marco del “Programa de reconocimiento de la exoneración política”, entre 1998 y 2004. Hay 6.070 pedidos y 1.319 casos calificados, lo que representa respectivamente 7,52% y 1,64% de los militares.

Todo esto confirma la existencia irrefutable de un número significativo de militares opuestos al golpe de Estado. Y permite concluir que éste no fue perpetrado por las Fuerzas Armadas, sino por una fracción de ellas.

Un legado democrático

Si existe una diversidad de motivaciones y comportamientos entre los militares antigolpistas, no hay duda que en 1973 tuvieron la ley de su parte. El punto de encuentro entre ellos es la defensa de la legalidad violada por la fracción golpista. Los militares constitucionalistas tuvieron –y tienen– un profundo conocimiento de las instituciones militares, particularmente de lo que en ellas falló, y probablemente estén en posición, mejor que otros, de inspirar la renovación de las Fuerzas Armadas.

Sería sin duda benéfico para el futuro democrático del país, que la Convención Constitucional recoja la visión y el legado ético de los militares que respetaron la Constitución en 1973. Existen organizaciones de militares constitucionalistas. La de los marinos ha difundido un documento con propuestas para las Fuerzas Armadas, y muchos de ellos tienen una visión de las características democráticas que deben tener las futuras Fuerzas Armadas.

Existen también libros que registran su enfoque, incluyendo a los que ya no están entre nosotros, como las “Memorias” del general Carlos Prats; “Las cartas del coronel” del coronel José Ramos; “La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las FFAA. 1973” de Miguel Prieto y “Testimonios de militares antigolpistas” que ofrece varias decenas de entrevistas, principalmente a marinos, realizadas por el autor de este artículo.

Sus propuestas contienen tal vez la fórmula para avanzar hacia las Fuerzas Armadas efectivamente democráticas que el país necesita. Merecen ser escuchados.

(Las informaciones han sido tomadas del libro “Los que dijeron ‘No’”, 2008, LOM)

*Fuente: Clarin