Lula, inocente: «Fui víctima de la mayor mentira jurídica contada en 500 años de historia»

Respecto a su posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2022, el expresidente dijo que «ahora no es el momento de pensar en ello».

«Consumir la moral» del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, destruir su imagen ante la opinión pública y retirarlo de la escena política. Esos fueron algunos de los objetivos de Deltan Dallagnol, quien fue jefe de los fiscales de la operación anticorrupción ‘Lava Jato’, a la hora de elaborar una estrategia bautizada como ‘El plan Lula’ para denunciar y atacar al exmandatario.

Así queda reflejado en una serie de mensajes entre los fiscales de ‘Lava Jato’, y que forman parte de la información recopilada por la Policía en la llamada ‘Operación Spoofing’, encargada de «desarticular una banda que practicaba delitos cibernéticos».

En 2019, en el marco de esa operación, la Policía detuvo a los ‘hackers’ que piratearon los celulares del exjuez Sergio Moro, de Dallagnol y otras autoridades y fiscales de ‘Lava Jato’. Los mensajes revelaban cómo Moro se coordinó con los fiscales para encarcelar al expresidente.

El mes pasado, Ricardo Lewandowski, juez del Supremo Tribunal Federal (STF), hizo públicas partes de estas conversaciones. Y esta semana, los abogados del líder del Partido de los Trabajadores (PT) presentaron ante el STF un nuevo recurso con esos intercambios de mensajes.

«El plan Lula»

La estrategia diseñada por Dallagnol, y compartida en un grupo con otros fiscales, se basó en una serie de denuncias masivas contra Lula para publicarlas en los medios de comunicación y distribuirlas en cinco semanas.

«Creo que está un poco desactualizado, pero tenemos que organizar los próximos pasos. ¿Alguien tiene algo más actualizado?», pregunta Dallagnol, quien en un momento dice que se dispone de «poco tiempo».

El entonces fiscal también sugiere a los integrantes del grupo que piensen una manera de elaborar una denuncia contra Lula para hacer evidente su «papel central» en el esquema de corrupción de la estatal Petrobras.

Dallagnol enumera detalladamente los asuntos a tratar cada semana. Entre ellos, destacan casos como el apartamento triplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del Estado de Sao Paulo, por el que Lula terminó siendo condenado.

En el recurso, presentado por la defensa del líder petista, los abogados explican que el objetivo «admitido en los mensajes» era desgastar la imagen de Lula, así como enviarle a prisión «sin prueba de culpa e ignorando las pruebas de su inocencia para apartarle de las elecciones presidenciales de 2018».

«Proyecto político»

Los abogados también denuncian un proyecto de los fiscales para financiar una campaña contra el voto de determinados políticos en las elecciones.

«El material analizado muestra que, en la práctica, Lava Jato se otorgó el derecho de definir quién podría ser candidato y quién no podía ser candidato en el país, en una actividad claramente extraña a las atribuciones de miembros del Ministerio Público y de los fundamentos que estructuran la Constitución de la República», apuntan.

La defensa alega que mientras unos actuaban para condenar a Lula, otros lo hacían de manera simultánea en frentes «acordes a la manera de actuar de una formación política».

Tanto el exjuez Sergio Moro como los fiscales del grupo de trabajo ‘Lava Jato’ no reconocen la autenticidad de los mensajes.

El exmandatario y líder fundador del PT fue condenado en el marco del operación ‘Lava Jato’ y no pudo presentarse como candidato a las elecciones de 2018 por no cumplir con la denominada Ley de la Ficha Limpia, que prohíbe que los condenados sean candidatos.

Lula llegó a pasar un año y medio en prisión hasta que en noviembre de 2019 el Supremo declaró inconstitucional su encarcelamiento. El expresidente siempre ha negado las acusaciones contra él y ha reiterado que ha sido víctima de una conspiración.

Esta semana, un juez anuló todas las condenas contra él al considerar que el tribunal que lo juzgó en Curitiba, en el estado de Paraná, no era competente, por lo que quedaron restablecidos sus derechos políticos.