"Las mujeres de Chile necesitábamos gritar todas juntas"

Una nueva Constitución para frenar las protestas

Para salir del descontento social que se palpa hoy en Chile se habla de una nueva Constitución que olvide la que dejó el dictador Augusto Pinochet en 1980. El próximo 26 de abril se celebrará un plebiscito en el que los chilenos podrán decidir si quieren una nueva carta magna y quién debe redactarla. “Es una buena oportunidad para cambiar las cosas”, señala Andrea Vega, coordinadora de la plataforma ‘No+AFP’ en la región de Magallanes que exige un cambio en el sistema de pensiones individual y privado porque asegura, es responsable de que casi nadie en Chile pueda jubilarse dignamente.

“A pesar de trabajar toda la vida, la mayoría no alcanza ni a cobrar 200 euros al mes», dice, mientras que el suelo mínimo es de poco más de 350 con un costo de la vida muy elevado. Este sistema impone a todos los trabajadores una empresa privada, la Administradora de Fondo de pensiones (AFP), que recibe cada mes el 10% del sueldo para el fondo de jubilación además de un 2% de comisión media de gestión. “Les entregamos el 80% del PIB del país para que especulen y algunas personas han llegado a perder dinero”, cuenta su compañera de lucha Luz.

Pasar la página de la dictadura 30 años después

“En Chile todos los derechos son vistos como bienes de mercado porque nuestra constitución así lo permite”, sentencia Andrea que además cree que este sistema impuesto por la dictadura tiene que quedar atrás al igual que todo lo que recuerde aquellos años de medidas ultraliberales y contra las que hoy se rebelan. Además, está la memoria de miles de muertos y desaparecidos y que hoy todavía está en la cabeza de sus víctimas. Como Magda Ruiz que fue detenida y torturada en Punta Arenas. El 11 de septiembre de 1973 se inició un golpe de estado que además de derrocar al presidente, Salvador Allende, inauguraba una persecución contra todo el que rondara la órbita de los partidos de izquierda. Ella era militante socialista y hoy es presidenta de la Asociación de ex presas políticas de Magallanes. Fue arrestada y torturada. Una vez liberada recibió la orden de expulsión de su propio país con un pasaporte que ponía “solo válido para salida”, como Mirna que hoy aún vive en Suiza.

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