Iglesia Metodista y la desmilitarización de La Araucanía 

La Iglesia Metodista de Chile, mediante su máxima autoridad eclesiástica, Obispo Jorge Merino, ha emitido una carta pastoral en donde, sin ambages, solicita al gobierno la desmilitarización de La Araucanía, como una decisión necesaria para sentar las bases de un diálogo que permita resultados efectivos en esta convulsionada región del país.

A través de su historia, la Iglesia Metodista de Chile ha mantenido un fuerte compromiso en la defensa de los derechos de los trabajadores, las mujeres y los pueblos originarios. Comprometida en la defensa de los derechos humanos desde la primera hora de la dictadura cívico-militar, esta iglesia formó parte del Comité Pro Paz, creado a instancias del Cardenal Silva Henríquez, jugando un papel relevante Raimundo Valenzuela Arms, en ese entonces su Obispo, en conjunto con Helmut Frenz, Obispo de la Iglesia Luterana. Con posterioridad, la Iglesia Metodista canalizó innumerables iniciativas a través de la cooperación internacional, siendo la fundación de la Radio Umbral y la acción de sus Pastores en la defensa de quienes luchaban por la recuperación de la democracia, sólo un par de ejemplos de este compromiso por el respeto de los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país.

Hoy, este llamado resulta especialmente oportuno en el contexto de un escenario de violencia y de abierto irrespeto por los Derechos Humanos en La Araucanía, frente al cual el gobierno requiere con urgencia restablecer el diálogo, lo que se vislumbra como una tarea titánica. La construcción de confianzas luego del asesinato de Camilo Catrillanca exige de condiciones mínimas a la hora de sentar a todos los actores a una misma mesa. Se necesita de políticos avezados y con legitimidad frente las organizaciones representativas del territorio mapuche, pero salvo la honrosa excepción del Senador Francisco Huechumilla, no se ve mucho en el horizonte; de hecho, la centroderecha enfrenta la paradoja de no contar con liderazgos locales que le permitan amortiguar las consecuencias de esta crisis, aun cuando obtuvo una alta votación en una región que tradicionalmente ha sido uno de sus bastiones.

El Gobierno no tiene espacio para más chapucerías en un asunto tan relevante para el país. Esta falta de margen para el error obliga al ejecutivo a dejar de lado la pirotecnia y actuar seriamente, como lo advierte el Obispo Merino en su carta pastoral, al señalar que la muerte de Camilo Catrillanca “refleja que el diálogo en esta zona no ha dado los frutos esperados. Esto nos toca como Iglesia profundamente, ya que hemos estado acompañando al pueblo Mapuche por más de ciento veinte años. Consideramos que el gobierno debe tomar muy en serio esta problemática, y proponer acciones de paz como desmilitarizar, e ir incluso más al fondo de este conflicto histórico. Para ello invitamos a las autoridades de la zona, a restablecer un diálogo abierto y sincero con nuestros hermanos y hermanas mapuches. Nuestra Iglesia está dispuesta a colaborar en este proceso de diálogo.”

Así las cosas, y realizadas diversas mesas de diálogo en torno a las demandas históricas del pueblo mapuche en los últimos 25 años, cabe preguntarse, ¿qué acciones concretas del Estado de Chile justificaría que los dirigentes mapuches de la zona del conflicto se sintieran convocados a establecer un diálogo en las actuales condiciones? ¿La elaboración de un nuevo documento histórico? ¿La discusión de un paquete de mitigaciones económicas menores? ¿La aprobación de una reforma constitucional que reconozca a los pueblos originarios? ¿Alguna otra cuota de “buenismo” al estilo del “Compromiso País” del Ministro Moreno?.

Claramente, la forma superficial en que se ha enfrentado este conflicto en los últimos años no da para más, y ya no es posible eludir el fondo del asunto. Lo que debiese ser un diagnóstico relativamente claro a la hora de evaluar las acciones a seguir, constituye un desafío que pone en jaque a un gobierno que arrastra atávicas concepciones respecto a cómo enfrentar este tema. Primero, asumir que este es un tema político y no de orden público. Segundo, dar seguridad a las familias mapuche, lo que no es compatible con la presencia de una policía militarizada que ha hecho del hostigamiento y la permanente violación a los derechos humanos de los comuneros una práctica habitual; y tercero, implementar una política efectiva de devolución de tierras y de reconversión productiva que permita el retiro progresivo de la industria forestal del territorio mapuche.

La desmilitarización de la Araucanía como una acción de paz es lo que pide la Iglesia Metodista al gobierno para evitar que el conflicto escale a niveles que lo hagan definitivamente incontrolable, con el costo en vidas humanas que un escenario de esta naturaleza traería consigo.

Acciones de paz o acciones de guerra en el territorio ancestral mapuche. El gobierno de Sebastián Piñera tiene la palabra.