EE.UU.: Huelga en las cárceles en demanda del fin del “trabajo esclavo”. Tras diez días, las protestas se extiende a 11 estados

En el centro de detención Northwest de Tacoma (Washington, EE.UU.), decenas de inmigrantes se declararon en huelga de hambre para exigir «cambios» y «el cierre» de esos lugares, según indica una carta que publicó el grupo de activistas Resistencia al NWDC.

EE.UU. tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Además, su política de tolerancia cero hacia los inmigrantes y su consecuente encarcelamiento ha contribuido a que las cárceles privadas supongan un nuevo negocio que mueve más de 4.000 millones de dólares anuales.

Uno de los objetivos de las protestas sobre el trato de las autoridades migratorias de EE.UU. a las personas arrestadas por entrar de manera ilegal en ese país es la compañía GEO Group, que «obtiene beneficios por enjaular a personas de las comunidades negra y latina«, ha denunciado el activista Leonardo Duarte durante una reciente manifestación en Boca Ratón (Florida).

GEO Group esel mayor contratista del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés). La organización Corrections Accountability asegura que esa empresa obtuvo más de 500 millones de dólares públicos en 2017, mientras que CoreCivic —la segunda compañía en importancia del sector— recibió más de 440 millones. Entre las dos custodian a más de 18.000 personas.

Ambas defienden que solo prestan un servicio, pero ciertas asociaciones consideran que presionaron durante años para conseguir leyes migratorias favorables a sus negocios y recuerdan que, a principios del año pasado, anticiparon como una buena noticia para sus inversores el hecho de que la Administración Trump fuera a adoptar su política de tolerancia cero.

«El precio de sus acciones ha aumentado. GEO Group subió un 24 % desde el anuncio de la política de tolerancia cero y los títulos de Corecivic ascendieron casi un 14 %», comenta Bianca Tylek, directora del proyecto Corrections Accountability.

Varias organizaciones y activistas a favor de los migrantes destacan la opacidad que impide conocer los detalles de multitud de contratos secundarios y también acusan a multinacionales como Amazon —suministra tecnología específica—, Motorola, Thomson Reuters o Microsoft de ser cómplices en la aplicacion de estas politicas migratorias.