La bestialidad de los supuestos defensores de la vida

28/07/2018
En la marcha por el aborto libre, organizada por grupos feministas, un grupo de fanáticos de ultraderecha, cobardemente cubiertos en sus capuchas, arremetieron contra las manifestantes, que hacían uso de su derecho de petición.

Estos “terroristas” previamente pintaron de rojo las calles adyacentes a la manifestación, incluso exhibían fetos de animales para hacerlos aparecer como humanos y, como si no les bastara, hirieron con arma blanca a tres mujeres y a un carabinero.

Es lógico que se pasara de la ley del  aborto en tres causales al aborto libre – existe en todos los países civilizados del mundo en los cuales los Estados son laicos, por consiguiente las iglesias y religiones no tienen dominio sobre ellos  -.

La separación en Chile entre la Iglesia y el Estado viene  desde 1925, pero siempre, como lo expresó el arzobispo, don Crecente Erràzuriz, la Iglesia nunca se separó del Estado – al clero le entretiene màs intervenir en política que leer y practicar el evangelio -. En el directorio del Partido Conservador, cuando mi abuelo era presidente de ese Partido, había màs curas que laicos. Según Monseñor Fuenzalida, todo católico tenía que ser conservador. Estaban tan metidos los curas en política que Monseñor Campiño, cuando cayó Carlos Ibàñez del Campo, se ubico a la cabeza de la marcha con una tremenda bandera nacional – la gente lo llamaba Monseñor “Campillo”, por lo bueno para los negociados -.

Durante el período republicano a la Iglesia le importaba contar con un partido político que defendiera sus intereses, es decir, colegios católicos privados, el rechazo permanente a la ley del divorcio y, en la época del Presidente Eduardo Frei Montalva, a los métodos anticonceptivos; antes, las mujeres sólo podían usar el método ogino y, ojalá, copular sólo para engendrar hijos. (Tanto ignoraban las mujeres temas sobre el sexo que, incluso, en la noche nupcial, cuando veían “el paquete” que podía agrandarse y de la misma forma achicarse, se morían de espanto).

El partido predilecto de la iglesia fue el Conservador y después, la Democracia Cristiana; cuando los diputados y senadores de este último Partido votaron contra la Ley de Defensa de la Democracia, el cardenal José María Caro los amenazó con la excomunión.

Afortunadamente, la Iglesia – muy desprestigiada actualmente – cada vez puede influir menos en los parlamentarios católicos, y sólo le son fieles algunos de la UDI, servidores incondicionales de su fundador, Jame Guzmán Erràzuriz.

Nadie considera el aborto como la liviandad de un paseo dominguero: si los hombres pudieran parir, seguramente el aborto libre hubiera sido aprobado desde hace muchos años. Practicarse un aborto es muy difícil para una mujer, pero las condiciones actuales muchas veces exigen esta práctica.

Como en todos los problemas, las condiciones de clase determinan la situación: las niñas de familias adineradas pueden viajar a países civilizados, donde se practica el aborto, con todas las atenciones médicas y psicológicas que se requieren;  en cambio, las pobres se ven forzadas a hacerlo en forma clandestina, muchas veces con el riesgo de sus vida.

Ninguna ley coacciona a las mujeres a practicarse el aborto, sólo se trata de que su realización sea segura, gratuita y universal, cuando ellas toman esa decisión.

Quienes, sobre la base de la religión o de una concepción metafísica creen que el cigoto ya es una persona humana, con cuerpo y alma, deben ser respetados, asì como aquellos que creen que la persona humana es sujeto de derecho sólo al nacer. Este debate se va a prolongar al infinito, pues insensato el pretender la comprobación genética de la existencia del alma, o de la eternidad después de muerto. Hasta el filósofo más nulo entiende que la metafísica significa màs allà de la física y, con razón muchos no creen  en la trascendencia, a quienes también hay que respetar.

La objeción de conciencia debe ser respetada, tal cual debiera hacerse con quienes se niegan a usar las armas en contra de sus semejantes, pero no es válida para instituciones, como la Universidad Catòlica, el Hospital de San Bernardo, y otras, que reciben dineros del Estado, por consiguiente, deben respetar la ley.

A las bestias ultraderechistas, que atacaron a las mujeres en su legítimo derecho a manifestarse hay que combatirlos, manteniéndolos fuera de la ley por incitación a la violencia, tal como se hace en Alemania con los grupos nazis.