La ofensiva por encontrar a los culpables del asesinato del Edecán de Salvador Allende

Las balas provenían del fusil semiautomático de un francotirador cuya identidad aún no se esclarece.

Cerca de 20 miembros de Patria y Libertad fueron detenidos y procesados por la Fiscalía Naval. Todos quedaron libres de condena, menos Guillermo Claverie quien, luego de pasar algunos meses prófugo, fue condenado a 3 años y un día para luego ser indultado “por servicios prestados a la patria”.

En una entrevista al diario La Nación, Claverie juró su inocencia y aseguró que fue obligado a confesar tras sufrir múltiples torturas efectuadas por oficiales de la Marina y de la Fuerza Aérea. El involucrado admitió haber estado afuera del balcón de Araya en Providencia esa noche, pero aseguró no haber apretado el gatillo que lanzó la bala que habría dado con el marino.

Falsas culpas

Fue una entrevista que dio Jorge Ehlers en 2001, cuando aspiraba a presidir el Comité Olímpico de Chile, la que reavivó las intenciones de la familia Araya de darle un nuevo empujón a la búsqueda de la verdad en el caso. En ella Ehlers, oficial de la Marina que habría sido el nexo entre la Armada y Patria y Libertad, al ser consultado sobre sus vínculos con el caso del Edecán,  señalaba que “mis cosas son personales, no tienen que importarle a nadie. Esto me parece una porquería”. Tres años después declaró en una entrevista que “estamos nuevamente volviendo al pasado y rememorando un desgraciado caso que en su oportunidad fue debidamente aclarado”.

Enrique Araya, hijo del Edecán, no logró encontrarle la razón. Para él, el capítulo no estaba cerrado. Mal que mal nadie había pagado con cárcel y las culpas no estaban en absoluto esclarecidas. Ante la posibilidad de la reapertura del caso, Ehlers migró a Alemania en 2003 acusando “motivos personales”, dejando su cargo en la Federación Atlética, que debía asumir hasta 2005.

Claverie figuraba como el único responsable y, a medida en que iba recabando más información, Enrique Araya iba reafirmando su tesis de que Claverie había sido utilizado. “Yo conversé muchas veces con él. De acuerdo a lo que me dijo tengo claro de que él no tiene culpa. Él fue utilizado por Jorge Ehlers. Hay una cosa del juicio de Claverie que es clave: todos los testigos de ese minuto concuerdan con que Claverie disparó cuatro balas. Los peritajes de la época encontraron los cuatro impactos de bala en la casa, las cuatro vainillas, pero en la casa habían cinco disparos, más el que mató mi papá. Son seis disparos. La autopsia dice que la bala vino desde arriba, y Claverie disparó desde 5 metros abajo. Todo eso me indica que el homicidio fue planificado y que su objetivo era llevar al país al Golpe Militar”.

El Edecán Araya esa noche respondió. Con una ametralladora alcanzó a disparar ocho tiros, ninguno con dirección hacia abajo, todos hacia el frente.

Una vez muerto Araya, el capitán de Carabineros Germán Esquivel, otro de los supuestos involucrados, fue el primero en llegar a la casa de Providencia. Fue a preguntar qué le había pasado y en qué condiciones se encontraba el Edecán. Lo primero que hizo fue dar instrucciones de detener al que fuera ante el deceso. Se presume que Esquivel estuvo directamente vinculado con el encubrimiento y distracción en torno al caso. “Si analizas el expediente y ves todo lo que hizo Esquivel te queda claro que lo pretendía era distraer a la gente, que el público pensara que habían sido otras personas. Se le echó la culpa hasta al gobierno, a Allende, cuando eso es mentira”, señala Enrique Araya.

El Edecán Constitucionalista

Enrique Araya insiste en que el atentado contra su padre tuvo razones políticas que pretendían seguir construyendo un clima de inestabilidad que le diera razones a las Fuerzas Armadas para propiciar un Golpe.

El Edecán Araya era un personaje carismático en la Armada. Era querido como pocos y dueño de una figuración incluso mayor que la del Comandante en Jefe. Cada tres semanas le tocaba estar de servicio y acompañar al Presidente Allende a todas sus actividades. Esa noche de invierno en Providencia venía llegando de una actividad en conmemoración del asalto al cuartel Moncada, en la embajada de Cuba. Arturo Araya no manifestó nunca, ni siquiera en su intimidad, una convicción política que lo ubicara cerca de la izquierda. Su discurso era, antes que todo, de lealtad y subordinación. Allende era su jefe y, en ese escenario, él obedecía con responsable rectitud.

“Mi papá era constitucionalista. Él pensaba que lo que estaba pasando era un problema político y que políticamente debía buscársele una solución. Mucha gente en la Marina era igual. Él siempre pensó que era una tontera perder el cariño que le tenía la gente a las FF.AA. Sabía que un Golpe iba a generar una ruptura entre el pueblo y las FF.AA. y así fue. Él no lo habría apoyado, porque tenía una amistad con el Presidente Allende”, dice su hijo.  “Al morir él se provoca la reacción del alto mando de la Armada. Hubo un grupito que sí sabía, que sí había planificado el atentado del Comandante Araya, y después de la muerte de mi papá aprobaron el alzamiento de la marina. La finalidad era que la Armada diera el paso”, concluye.

Un crimen de lesa humanidad

Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado en 1998, se entiende por crimen de lesa humanidad una serie de actos que se cometen “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Dentro de estos se encuentran el asesinato, la tortura, violación, desaparición, esclavitud, y más. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, lo que quiere decir que no se extingue la persecución de los culpables en razón del transcurso del tiempo.

En Chile los delitos ejecutados previos al 11 de septiembre de 1973 no entran dentro de esta categoría, por lo que actualmente el Poder Judicial no tiene la facultad de reabrir el caso. Esa es la lucha de Eduardo Contreras, el abogado que lleva la causa de Araya. Para Contreras la Fiscalía Naval arregló el caso: “Entonces fue un crimen totalmente impune. Esto genera un hecho jurídico muy grave. Como no se da en el contexto de una represión masiva, por razones políticas, religiosas o ideológicas, que es la característica de los delitos de lesa humanidad, el delito de Araya no es considerado un delito de lesa humanidad, porque ocurrió en un contexto democrático, donde no había represión. Como no es delito de lesa humanidad, prescribió. Yo estoy discutiendo eso. Estoy tratando de intentarlo con el Juez Carroza, tratando de encontrar una conexión entre la sedición golpista y el Golpe, para decir que hay un hilo conductor que hace que también se le aplique leyes de lesa humanidad”.

Mario Carroza tiene la responsabilidad ahora. Araya hijo y Contreras presentaron una querella para reabrir el caso sosteniendo que hay aspectos que no han sido investigados. “Tal vez la intervención de la Marina, oficiales que en ese minuto hubiesen estado involucrados en ese tema y que esto hubiese sido un detonante para algo. Esas son las cosas que en un momento dado no se investigaron, porque lo que se investigó es solamente el asesinato del Edecán Araya, pero no que esto tuviera consecuencias políticas”, comenta Carroza.

El magistrado es sincero: no sabe dónde lo llevará la investigación que está realizando. Eduardo Contreras, por otro lado, está convencido de que tiene la razón. Esto no significa que tenga la misma convicción de que los tribunales chilenos reafirmarán su teoría: “Si yo te induzco a ti a cometer un homicidio, y este se comete, yo debo ser condenado porque soy autor inductor. Los que matan a Araya y Schneider lo están haciendo en la perspectiva de un Golpe de Estado. Y si se le castiga como se ha castigado a los de Punta Peuco, también deberían castigar a los que instigaron con sus actos, porque hay una línea de unidad conductual técnico-jurídica entre los que inducen a hacer algo. Esto se hizo para crear una situación de caos, para inducir al Golpe”.

Los plazos de la investigación no están definidos y pueden pasar algunos años antes de que se sepan noticias al respecto. La extensión en el tiempo parece no desalentar a Enrique Araya. Lleva 16 años dándole vueltas al caso y está convencido de querer dar con la verdad. Eduardo Contreras subraya continuamente la importancia que tendría este caso como antecedente para casos futuros. Si un crimen ejecutado antes del 11 de septiembre logra ser declarado como de lesa humanidad se podría abrir una ventana de justicia para una serie de otros casos ocurridos previos al atentado en La Moneda. Si la justicia chilena falla en su contra, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy la pelota están en la cancha de Carroza.