Chile: Los exmilitares condenados reciben pensiones que llegan a unos 4.700 dólares al mes 

En un país como Chile, que tiene un sistema de pensiones en crisis, las millonarias jubilaciones que reciben exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos han abierto un intenso debate. Mientras el 91% de la población recibe menos de 235 dólares de jubilación, un centenar de condenados por crímenes de lesa humanidad, encarcelados en el penal Punta Peuco, reciben pensiones que llegan a unos 4.700 dólares al mes, según una investigación del diario La Tercera.

Fernando Torres Silva, el fiscal de la dictadura militar y hombre de confianza de Augusto Pinochet, lidera la lista con el mayor sueldo. El coronel en retiro del Ejército actualmente cumple 10 años de condena por el homicidio de Eugenio Berríos en 1991, que fue químico de la policía secreta del régimen, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).

Otro de los beneficiados es Miguel Krassnoff, que recibe unos 3.700 dólares. El exbrigadier pinochetista, que cumple cadena perpetua por distintos crímenes, en el golpe de Estado de 1973 dirigió el asalto a la casa del presidente Salvador Allende. Fue uno de los más feroces torturadores de la dictadura. Sus víctimas recuerdan que él era uno de los pocos a quien no le importaba decir su nombre real.

Para los activistas de derechos humanos, las millonarias pensiones de los exmilitares representan “una vergüenza, un agravio y una ofensa a la memoria de Chile, no solamente a los familiares de las víctimas”, como manifestó la abogada Carmen Hertz, viuda de un ejecutado político. “En contraste, aquellas personas y presos que sobrevivieron a las cárceles clandestinas reciben 150.000 pesos de pensión [unos 225 dólares]”, señaló Hertz a la radio Bío-Bío.

El sistema privado de pensiones que rige en Chile, que se inauguró en 1981, en la dictadura de Pinochet, prácticamente no tiene grandes defensores en la sociedad. Aunque los fundadores del mecanismo auguraban que para 2020 la gente se jubilaría con el 100% de su sueldo, la mitad de las personas que cotizó entre 25 y 33 años recibirá pensiones equivalentes a un 21%.
El modelo privado, que se basa en la capitalización individual, no existía en ninguna otra parte del mundo, aunque con el paso de los años ha sido implementado en otros ocho países (entre ellos, Malawi, Kosovo y República Dominicana, Israel, Hong Kong y Australia, que tiene una renta básica de 959 dólares).

La Caja de Defensa

La dictadura, sin embargo, al cambiar el sistema hace 36 años resguardó a las Fuerzas Armadas y de Orden, por lo que las jubilaciones de estas instituciones siguen siendo administradas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), a diferencia del resto de los ciudadanos. El problema con las millonarias pensiones no parece estar necesariamente en retirarle por completo las jubilaciones a los exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos, sino por tramitar una nueva legislación que permita instalar en el país un sistema de degradación. Actualmente, reciben mayores pensiones a mayor jerarquía, pero en el Congreso existe un proyecto de ley de 2015 que permitiría que los exuniformados condenados por los crímenes en dictadura pierdan sus cargos.

Los exmilitares, en cualquier caso, todavía cuentan con algunos respaldos entre los actuales dirigentes de la política chilena. La presidenta del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline Van Rysselberghe, señaló que “el trabajo que realizaron merece que sea reconocido, al igual que el de cualquier persona”. “Si un chileno ha trabajado tiene derecho a una pensión. Si además de trabajar cometió delitos, tiene que ser castigado. No tiene que ver con quitarle los derechos que ganó en su vida laboral, que parece ensañamiento judicial más que con justicia”, sostuvo.

El Gobierno de Michelle Bachelet también debió interferir en la polémica y, a través del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, anunció que el tema será abordado en el proyecto de ley sobre pensiones que el Ministerio de Hacienda enviará al Congreso durante los próximos tres meses.