Escasos compromisos para financiar una ambiciosa transición climática 

La falta de consenso en materia de finanzas climáticas desafió las negociaciones hasta el último momento. Aunque el acuerdo fue alcanzado después de una larga madrugada que se saldó con decisiones salomónicas, según François Hollande, los países desarrollados se van a casa sin haber conseguido que las potencias emergentes también entrasen a formar parte del grupo de donadores y deben conformarse con la invitación a la cooperación voluntaria Sur-Sur. Mientras tanto, los denominados países en vías de desarrollo tampoco han conseguido salir de París con un acuerdo bajo el brazo que especifique cuáles serán las contribuciones financieras para el clima después de 2020, cifra que solo se definirá en 2025.

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Si bien todos los países miembros se mostraron inicialmente de acuerdo en el supuesto de que “quien contamina paga”, una vez sentados en torno a la mesa de negociación todos intentaron evitar el momento de pagar la cuenta. Las diferencias partían del principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas según sus respectivas capacidades”, que recoge que cada país aporta según lo que contamina y dependiendo de sus posibilidades. Sin embargo, y a pesar de la insistencia del grupo de los desarrollados liderado por Estados Unidos, ninguna de las potencias emergentes, entre ellas Brasil, India o China se verán obligadas a contribuir al objetivo financiero de 100.000 millones de dólares anuales hasta 2020 para medidas de mitigación del cambio climático.
Como resultado, el artículo 9 del Acuerdo reitera que el compromiso de alcanzar la meta de los 100.000 millones de dólares, establecido en 2009 en Cophenague, es de los países desarrollados y solo menciona a los países emergentes invitándoles a participar en un financiamiento voluntario Sur-Sur para ayudar a otros países más vulnerables.
El 10% de los países más ricos del planeta producen el 50% de emisiones globales, motivo por el que los fondos climáticos fueron concebidos con la finalidad de que los países desarrollados, más emisores y por tanto más responsables, fuesen los responsables del financiamiento para la transición climática. Sin embargo, algunos países de América Latina, como México, Perú o Colombia ya han contribuido voluntariamente a este fondo, “aunque son cantidades pequeñas tiene un alto valor político (…) y Brasil podría y debería contribuir ya que figura entre los diez mayores emisores”, afirma Carlos García Paret, economista especializado en finanzas climáticas.
El apartado de compensación por “daños y pérdidas” fue otra fuente de polémica que acabó en la exclusión de cualquier mecanismo de compensación financiera directa a los países más vulnerables frente al cambio climático. En lo que respecta a las medidas de adaptación al cambio climático, “los compromisos no llegan a la altura”, afirma Carlos García, ya que en el Acuerdo no especifica qué cantidades aportarán los países desarrollados ni cómo serán transferidas.
¿Cómo se financia la transición climática?
Una participación importante de la recaudación de los 100.000 millones de dólares anuales hasta 2020 proviene del Fondo Verde para el Clima (FVC), principal mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La movilización de dinero para el FVC solo comenzó en 2014 y hasta ahora ya se han obtenido compromisos en valor de 16.000 millones de dólares, de los cuales poco más de 50% ya han sido depositados en el Banco Mundial, su depositario provisional.
El FVC entró en pleno funcionamiento este mes de noviembre a través de la adjudicación de 168 millones de dólares a los primeros ocho proyectos. 37 países ya anunciaron sus donaciones, entre las que destacan las contribuciones de Estados Unidos (3.000 millones de dólares), Japón (1.500) o Reino Unido (1.211), mientras que España figura entre los donadores modestos (160). Otros como Brasil, uno de los países más contaminantes, o Marruecos, que acogerá la siguiente Cumbre del Clima COP-22, aún no han participado.
El amplio pero incierto abanico de las finanzas climáticas
En 2014, los países desarrollados aportaron el 62% del objetivo de los 100.000 millones de dólares anuales para finanzas climáticas, según un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). No obstante, el Comité de Finanzas de Naciones Unidas estima que la cantidad transferida se situaba entre los 40.000 y los 175.000 millones de dólares, lo que presenta un margen de error bastante amplio. Arun Jaitley, Ministro de Finanzas de la India, cuestiona dicha evaluación y alude a una investigación de su gobierno que demostró que solo 2.200 millones de los compromisos de los distintos fondos climáticos fueron realmente transferidos.
“Estamos al tanto de los intentos de falsificación de estos datos (…) necesitamos transparencia en el tema de finanzas”, afirmó Tasneem Essop, antigua Ministra Regional de Medio Ambiente y de Economía en Sudáfrica y actual miembro de la ONG ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF.
Según la declaración oficial sobre finanzas climáticas de Naciones Unidas, estos fondos deben ser administrados con transparencia y con rendición de cuentas, lo que conlleva además la garantía de la representación administrativa de las partes interesadas, como comunidades rurales o pueblos indígenas.
Tseredzaro Xavante es uno de los pocos indígenas que forma parte del comité gestor de un fondo climático. “Para nosotros este proyecto es muy importante, no siempre tenemos esta oportunidad porque normalmente el dinero no nos llegaba a los indígenas”, afirma Tseredzaro que por primera vez en París cuenta con entusiasmo como finalmente ellos van a poder financiar las propias iniciativas de su comunidad.
A pesar de los avances, varias organizaciones de la sociedad civil reclaman además de transparencia, una responsabilidad financiera que bloquee los subsidios a las energías fósiles. En 2014 el sector de las energías fósiles recibió 1,1 billón de dólares, de los cuales un 20% provenían de subsidios públicos a este tipo de energías.
“El dinero para la transición climática existe, está en los paraísos fiscales”, afirma Gabriel Mazzolini, responsable de movilización social de la ONG Amigos de la Tierra en París, quienes durante los últimos meses requisaron pacíficamente 195 sillas de oficinas bancarias -el mismo número de estados miembros de la COP21- que serán devueltas cuando los bancos reinviertan ese dinero desviado.
Anualmente, 10% de la recaudación fiscal es evadida lo que representa entre 100.000 y 240.000 millones de dólares, cantidad que podría ser suficiente para pagar las cuentas de la transición climática. Entre los financiamientos complementarios, cada vez se dejan ver más contribuciones privadas, por lo que el economista García insiste en que más allá del Acuerdo oficial es necesario que haya un radar fuerte de vigilancia y regulación de las finanzas privadas.
Después del acuerdo, Carlos García considera que “estamos en un mínimo pero ya es un punto de partida, mejor tener un mínimo positivo que no tener nada”.
Fuente: La Marea