Estimad@s:

Envío la declaración emitida luego de la consulta sociedad civil/FAO que se realizó los días 4 y 5 de mayo en Santiago, en una conferencia especial organizada por ANAMURI/FAO y convocada  por la Alianza por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe, de la cual RAPAL forma parte, junto a ANAMURI y Ranquil.  Por RAPAL asistieron el ingeniero agrónomo Javier Souza, coordinador regional de la Red de Acción en Plaguicidas, María Elena Rozas y Lucía Sepúlveda.
Como ustedes verán, el problema de los transgénicos, los plaguicidas y la semilla formó parte de los ejes de estas discusiones de la Alianza..

Esta consulta fue precedida por una reunión interna de la Alianza los días 2 y 3 de mayo.No es aventurado afirmar quelos resultados de la reunión de la FAO/gobiernos  tendrán escasa relación con estos planteamientos…a juzgar por lo ocurrido en el primer día de la 33ª Conferencia, cuando el representante del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, un alto funcionario del ministerio de Relaciones Exteriores,  se manifestó en contra de incluir el término «soberanía alimentaria» en el programa de trabajo de FAO, coincidiendo con la postura de los gobiernos más reaccionarios de la región.   Ampliaremos esta información.

Lucía Sepúlveda Ruiz
www.periodismosanador.blogspot.com

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Declaración de la Consulta de la sociedad civil hacia la 33° Conferencia Regional de la FAO

«El hambre y la pobreza son dos grandes dilemas que todavía debe resolver la humanidad y está ampliamente demostrado que el modelo de producción y comercialización de alimentos en una agricultura de tipo industrial, de gran escala, basada en monocultivos de especies transgénicas y sustentada en la utilización de fertilizantes químicos y plaguicidas,  no sólo no ha resuelto el hambre y la pobreza sino que ha profundizado estas problemáticas. Somos parte de la solución. Nuestro compromiso es contribuir a erradicar el hambre y la pobreza, construyendo la Soberanía Alimentaria de los pueblos.»

DECLARACION DE LA CONSULTA DE LA SOCIEDAD CIVIL HACIA LA 33ª CONFERENCIA REGIONAL DE FAO

Santiago de Chile, 6 de mayo de 2014

Nosotros y nosotras, mujeres y hombres, representantes de 52 organizaciones de la agricultura campesina, familiar, indígena, de la pesca y la acuicultura artesanales, de pastoreo, de asalariados agrícolas y de la sociedad civil, de 19 países de todas las subregiones de nuestra América Latina y el Caribe, estuvimos reunidos en Santiago de Chile, los días 4 y 5 de mayo, en la Consulta de la Sociedad Civil para la 33 Conferencia Regional de FAO, organizada por la Alianza por la Soberanía de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe.

Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha por la Soberanía Alimentaria para continuar desarrollando la producción a pequeña escala de alimentos saludables y culturalmente apropiados, lo que es clave para erradicar el hambre y la pobreza.

Sabemos que el hambre y la pobreza son dos grandes dilemas que todavía debe resolver la humanidad y que está ampliamente demostrado que el modelo de producción y comercialización de alimentos en una agricultura de tipo industrial, de gran escala, basada en monocultivos de especies transgénicas y sustentada en la utilización de fertilizantes químicos y plaguicidas y dominado por las Empresas Transnacionales no solo no ha resuelto el hambre y la pobreza sino que ha profundizado estas problemáticas.

Creemos que ha llegado la hora de que los gobiernos y los organismos internacionales escuchen a las voces de los Pueblos. El hambre y la pobreza son consecuencias de la ausencia de Soberanía Alimentaria a la que están sometidas las poblaciones desde hace siglos.

Por eso para nosotros y nosotras, participantes de esta Consulta, la 33 Conferencia Regional de FAO debe marcar un cambio en el abordaje de la producción de alimentos saludables en América Latina y el Caribe, reafirmando que:

El alimento es un derecho básico e intrínseco de la humanidad y no una mercancía al servicio de la acumulación del capital. Los bienes comunes (océanos y aguas interiores, tierra, semillas y el resto de la biodiversidad para el sustento) deben ser considerados patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.

El desarrollo de los países de América Latina y el Caribe no puede continuar basado en las grandes empresas de los agronegocios y del extractivismo industrial a gran escala, ni en los intereses de las grandes corporaciones de dichos sectores. Ese modelo expulsa a los pueblos de sus territorios, promueve conflictos que han provocado pérdidas de vidas; contamina y destruye el suelo, los mares y aguas interiores, el aire y es causa de altos índices de enfermedades en los trabajadores del campo y de la ciudad.

La Agricultura Familiar Campesina, Indígena, y la pesca y la acuicultura artesanales han sido avasalladas por el modelo capitalista que apostó a destruir sus culturas para generar la dependencia de los pueblos, basándose en la competencia desleal, la especulación y el individualismo. Su capacidad de resistencia y resiliencia posibilitó y posibilita continuar generando alimentos sanos para los pueblos del mundo entero. Estos alimentos no llegan a todas y todos por la concentración del poder, de los medios de producción y la distribución en manos de grandes corporaciones agroquímicas y biotecnológicas como Monsanto, Bayer, Dow, Du Pont/ Pioneer y Syngenta, que se apropian de la renta del trabajo de millones de trabajadoras y trabajadores e imposibilitan el acceso a los alimentos a millones de personas.

Estudios nuestros y oficiales, incluso de la FAO, comprueban que la producción de alimentos a pequeña escala ha demostrado ser más productiva y que alimenta al menos al 70% de la población mundial. Todo esto a pesar de las dificultades que enfrenta y al poco apoyo de los Estados. Además es la responsable de mantener la diversidad de culturas ancestrales y tradicionales, por la protección y conservación de los bienes naturales y la biodiversidad.

Los gobiernos y los organismos internacionales no deben permitir nunca más los ataques y la violación a los derechos humanos producidos por el agronegocio. En el campo existen altos índices de violencia hacia las mujeres, persecución y asesinato de campesinos y campesinas e indígenas y de trabajadores rurales sindicalizados.

Por eso proponemos que:

1. Estados y gobiernos reconozcan y demarquen los territorios indígenas, donde puedan ejercer la protección a los bienes naturales (bosques, agua, suelo, semilla, biodiversidad, espiritualidad) y desarrollar sus sistemas de vida.

2. Los Estados y gobiernos implementen una reforma agraria integral para el desarrollo territorial que evite el despoblamiento rural, con políticas públicas para el acceso a hombres y mujeres a la tierra, el agua potable y para riego, infraestructuras, educación para la vida en el campo, salud y comercialización. Es decir, que se promuevan políticas integrales que permitan que los pueblos del campo no tengan que emigrar para reproducir su vida.

3. Para el próximo periodo la FAO priorice la promoción e implementación de políticas públicas que fortalezcan la soberanía alimentaria de los pueblos como camino clave para erradicar el hambre;

4. Los Gobiernos renueven su compromiso de implementación de las Directrices del Derecho a la Alimentación a diez años de su aprobación.

5. Se adopten medidas conducentes a difundir los beneficios nutricionales y promover el consumo de productos provenientes de la pesca y la acuicultura artesanales y de las productoras y los productores agrícola-ganaderos de pequeña escala a nivel nacional, sostenible y sustentable. En especial se recomienda su inclusión en los programas de educación y alimentación escolar.

6. Los Gobiernos implementen políticas y programas que apoyen el desarrollo del procesamiento de alimentos a pequeña escala, así como la comercialización de los alimentos de manera directa entre productor y consumidor, en el marco de la Agroecología y la Economía Social y Solidaria. Para ello, se requerirá de programas estales de subsidios y de compras públicas adecuados a los diversos sectores y enfocados en las necesidades tanto de estos productores como de los consumidores.

7. Se prioricen acciones y formulación de políticas públicas para el desarrollo sostenible de la pesca artesanal marina, continental y la acuicultura de pequeña escala enmarcadas en las necesidades específicas de cada país, dada su gran importancia para mejorar los niveles de seguridad alimentaria y nutricional. Además deben contribuir a la evaluación de las pesquerías marinas y continentales que son compartidas en cuencas hidrográficas transfronterizas, en particular el estado de los recursos pesqueros con la participación de las comunidades pesqueras.

8. Los Gobiernos aprueben las Directrices internacionales para la gobernanza de la pesca artesanal, en la próxima sesión del Comité de Pesca de la FAO (COFI).

9. Se fomenten políticas para las mujeres que fortalezcan su capacidad de producción, comercialización y sus saberes en la promoción de la Soberanía Alimentaria. Para ello es necesaria la creación de un programa regional que promueva la igualdad entre hombres y mujeres; garantizando la participación de ellas en la agricultura y la pesca, de acuerdo a la CEDAW, ratificada por los gobiernos.

10. Se formulen y apliquen políticas públicas en favor de los jóvenes que les garanticen el derecho a desarrollar su vida en su propio territorio.

11. La elaboración de los marcos legales y las políticas públicas se realicen con la participación efectiva de la Sociedad civil, tanto en su discusión, diseño, implementación y monitoreo, reflejando la diversidad de la agricultura familiar, campesina, indígena, no patriarcal y la pesca y acuiculturas artesanales.

12. Se garantice el respeto de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de las productoras y los productores de alimentos a pequeña escala y los trabajadores de la alimentación, implementando políticas en acuerdo con las indicaciones de la OIT sobre Trabajo Decente, erradicando la tercerización y los contratos precarios de los trabajadores temporeros o zafrales y la criminalización de su sindicalización. Los Estados deben cumplir y hacer cumplir las leyes y compromisos internacionales asumidos, e implementar campañas contra el trabajo esclavo y las violencias en el campo.

13. Se promueva y apoye mediante políticas específicas la producción de base agroecológica, especialmente en la etapa de transición, reconociendo a su vez la posibilidad de la agroecología de mitigar y adaptarse críticamente al cambio climático.

14. Se valoricen los modos de construcción del conocimiento a nivel de las comunidades, conocimiento que se ha establecido y se valida a partir de la mutua relación en y con la naturaleza de la cual formamos parte.

15. Se reconozca que las causas del cambio climático se deben a la profundización de un modelo que incluye la producción agroindustrial, ganadera y acuícola basada en monocultivos, el alto uso de agrotóxicos, las semillas transgénicas o híbridas, prácticas forestales intensivas que desplazan a las comunidades, y destruyen culturas y ecosistemas y su biodiversidad; las actividades extractivas a gran escala como la minería y las grandes obras de infraestructura como es la construcción de mega represas hidroeléctricas.

16. El abordaje de la Crisis Climática abandone el enfoque sectorial/industrial y pase a un enfoque territorial/social desarrollando políticas de recuperación de ecosistemas degradados, de recuperación de semillas nativas en beneficio de los campesinos, pastores y pescadores artesanales con base agroecológica. Se debe terminar con la lógica del mercado como mecanismo para enfrentar el cambio climático ya qué no hay nada más resiliente que una comunidad soberana.

17. Que se implementen de forma inmediata en la Región las Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional que permitan garantizar el acceso equitativo a la tierra, la pesca y los bosques como medio para erradicar el hambre y la pobreza.

18. El Año Internacional de la Agricultura Familiar  debe ser el comienzo de un proceso más largo que permita alcanzar lo arriba planteado, fortaleciendo la Agricultura Familiar, campesina indígena, no patriarcal que desde una perspectiva agroecológica garantice la Soberanía Alimentaria de los Pueblos.

Han transcurrido 12 años desde que nació el CIP (Comité Internacional de Planeamiento para la Soberanía Alimentaria). En este proceso, ha sido fundamental el vínculo y el reconocimiento al rol de la sociedad civil organizada de la FAO en esta región, lo que ha facilitado avanzar en los procesos de unidad hasta la construcción de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe.

Somos parte de la solución. Nuestro compromiso es contribuir a erradicar el hambre y la pobreza, construyendo la Soberanía Alimentaria de los pueblos.

Santiago, 05 de mayo de 2014
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Campaña Nacional «Yo No Quiero Transgénicos en Chile»
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