Acerca de las causas del golpe militar en Chile

A MANERA DE EXPLICACIÓN
A no pocos podría parecerles un tanto curioso —por decir lo menos— recibir otro trabajo referido a esta nueva conmemoración del 11 de septiembre de 1973, fecha del derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Salvador Allende Gossens. En verdad, lo que se ha escrito y comentado acerca de esta fecha tan significativa para la población de Chile excede el más optimista de los cálculos hechos al respecto. La cantidad de ceremonias, alocuciones, análisis y referencias ha alcanzado una magnitud tal que asombra, incluso, a no pocos sectores[2], naturalmente críticos a ese tipo de manifestaciones. La tónica de todas ellas ha sido, sin embargo, la misma: de si ha o no de pedirse perdón por los hechos acaecidos, de si es o no posible la reconciliación, de si hay o no responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, de si existieron o no razones que avalaban la ejecución de un golpe de Estado, de si hubo o no culpables respecto al manejo de la economía, en fin. Incluso, una materia a la cual bien podríamos clasificar como un nuevo género literario, que es la política-ficción, hoy muy en boga, ocupa un lugar destacado en esos debates, admirablemente compendiada en esa pregunta tan candorosa: ¿Hubo posibilidades de frenar el golpe y salvar la democracia? La interrogante, torpe a la vez que ingenua —pues el golpe militar no es una probabilidad sobre la cual puedan hacerse conjeturas, sino un acontecimiento por entero consumado—, parece suponer que los hechos históricos son un simple juego de destreza intelectual o, a lo más, circunstancias que pueden analizarse con una visión retrospectiva de la historia[3]. No han faltado (y no podría ser de otra manera, en  una fecha tan simbólica como la presente) las descalificaciones; mucho menos las diatribas y las referencias groseras, por decir lo menos, a determinadas personas, entre otras, al propio presidente Allende como gestor directo de la tragedia. No es extraño que así suceda. La calificación (y descalificación) es proporcional al grado del uso que se da en determinadas circunstancias tanto al intelecto como a la emoción o a la simple creencia; evidencia capacidades que brillan por su ausencia, indigencia teórica, precario desarrollo intelectual de quien emite la opinión. Aunque se trate de académicos que, en el Chile de hoy, abundan[4]. No es un hecho que deba sorprender, tampoco. Los personajes a quienes se les reconoce como voz autorizada no tienen por qué estar dotados de sentido común. No por algo se ha impuesto el refrán aquel según el cual ‘Quod natura non dat, Salmantica non praestat’[5].
En una circunstancia parecen coincidir todos los manifiestos de los ‘opinólogos’[6] que invaden los espacios televisivos y los medios de comunicación oficiales; ésta no es otra que la extraordinaria carencia de teoría de la cual padece la generalidad de tales trabajos. Un reducido número de ellos aporta fundamentos a sus afirmaciones; pero, incluso en estos casos, la ausencia de una teoría global es manifiesta. Y no es que a Chile no lleguen libros o documentos que ayuden en ese empeño; simplemente, tales aportes son ignorados en favor de una verdadera incontinencia emocional[7]. Ni siquiera quienes alegan ser licenciados en filosofía escapan a tal constante. Esa circunstancia, que bien podría considerarse normal en sectores que defienden como propia la ideología de las clases dominantes, también acomete a quienes dicen representar los intereses de los sectores dominados[8]. Los clásicos están ausentes en el debate y las discusiones; también los no tan clásicos. No hay, en el debate a propósito del 11 de septiembre, referencia alguna a los sistemas sociales ni al modo de producir; mucho menos, a las clases sociales y al rol que juegan al interior de una sociedad. Antes bien, todo parece depender de si alguno de los líderes pudo o no haber evitado el golpe y salvar, de esa manera, a la democracia. Parodiando a Louis Althusser, permítasenos asegurar aquí que sólo ha faltado descubrir, bajo de la cama de Salvador Allende, al amante celoso que desencadenó la tragedia. La idea que son los líderes quienes escriben la historia (contraria, por cierto al legado del presidente mártir) predomina ampliamente no sólo en la representación académica de lo que se ha dado en denominar ‘derecha’ sino en la que opina en nombre de quienes se atribuyen ser la ‘izquierda’[9].
¿Es posible construir la historia de esa manera? ¿Es posible explicarse los grandes problemas  de una nación a través de la sola circunstancia de criticar a sus líderes por no haber actuado de acuerdo a las circunstancias? ¿Es posible aseverar que no son las instituciones quienes hacen la historia sino los seres humanos, individualmente considerados, pues las instituciones están formadas por ellos? ¿Es posible, en suma, dejar de lado el comportamiento colectivo, la reacción social, la actitud que, en los demás seres vivos, se denomina ‘comportamiento gregario’ o comportamiento de rebaño, admirablemente condensada en esa expresión que empleaban los romanos “Senatorii bone virii, senatum autem mala bestiam”?[10] ¿Es posible pronunciarse sobre esos hechos sin un análisis serio y objetivo de lo sucedido, con el auxilio de un fuerte basamento teórico, sino solamente con el ejercicio del buen sentido o la pasión y la creencia? Los estudios que nos han entregado los grandes pensadores ¿deben considerarse un trabajo inútil y enviarse, utilizando las expresiones de Friedrich Engels, a un rincón de la historia junto con el arado y la tejedora? Así parece estimarlo, en el Chile de hoy, un vasto conjunto de ‘opinólogos’ y personalidades, a juzgar por los documentos elaborados y por sus opiniones vertidas. Tengo la serena convicción que muchos de esos personajes han querido salir a contar al mundo la ‘buena nueva’ creyendo que, en una imaginaria jornada de Pentecostés, recibieron sobre sus cabezas las lenguas de fuego que les permite hablar de esa manera. ¿Podemos esperar que esa luz del Espíritu Santo los vuelva a iluminar para poder arribar, por fin, siquiera a una aproximación de la verdad?
El presente trabajo no tiene otra finalidad que entregar una visión descarnada del funcionamiento de un sistema (el sistema capitalista). Es una respuesta a todos aquellos que quieren cerrar el capítulo del pasado y comenzar uno nuevo, mirando hacia el futuro. Es una respuesta a quienes buscan ejercer su derecho a olvidar como única forma de sobrevivir[11]. Una respuesta a los sujetos sin memoria. Y es, a la vez, una advertencia de lo que puede suceder en los años venideros a las clases dominadas sobre las cuales recae constantemente el rigor del sistema. Por eso, no está de más, recurrir a la historia y recordar las palabras de un sujeto que sí sabía lo que había de hacerse cuando se hacen presentes las insurrecciones de las clases dominadas. Nos referimos a Adolphe Thiers, el verdugo de La Comuna, para el cual “los pueblos que no aprenden de su historia están condenados irremediablemente a repetirla”.
Dejando a un lado la generalidad de las versiones entregadas en esta fecha, dominadas por una visión retrospectiva de la historia, intentaremos dar una explicación al respecto.
BASAMENTOS PARA UNA EXPLICACIÓN
Si las opiniones referidas anteriormente no son las más adecuadas ¿cómo sería posible intentar una explicación para un hecho tan trascendental como lo fue el derrocamiento del gobierno constitucional de Salvador Allende el 11 de septiembre de1973 y su reemplazo por una Junta Militar?
Comencemos con una afirmación que ha de considerarse como el eje central de nuestra tesis: la gesta del 11 de septiembre de 1973 no constituye sino la culminación de la lucha desatada por las clases dominantes en contra de las clases dominadas y que, forzosamente, debía terminar con el triunfo de las primeras por sobre las segundas. En este sentido, nuestra posición difiere sustancialmente de la que han hecho suya los ‘opinólogos’ de marras en donde la lucha de clases, viga maestra de cualquier análisis social, se encuentra notoriamente ausente del debate.
Por consiguiente, insistimos: lo que en ese 11 de septiembre de 1973 se decidió fue una lucha sin cuartel librada desde hacía varios años entre los sectores dominantes y los sectores dominados de la sociedad. Provistas de una capacidad bélica impresionantemente superior a la que podrían haber empleado los movimientos populares, las Fuerzas Armadas de Chile resolvieron ese día, manu militari, los conflictos sociales desencadenados a partir de la asunción de la Unidad Popular al gobierno de la nación y la ejecución de su Programa de Gobierno. Digamos, por consiguiente, con nuestro buen amigo Stefan De Vylder, que el 11 de septiembre no fue, entonces, sino la culminación de una exitosa lucha de clases desatada en esos años por las clases altas en contra de los desposeídos con la derrota estratégica de estos últimos por aquellas.
Esta afirmación no es gratuita, necesita ser explicitada con auxilio de la teoría social. No basta que determinadas opiniones sean compartidas por otros sino requieren del acopio de bases, fundamentos o cimientos teóricos, lo que nos obliga a incursionar en temas un tanto áridos como lo son la teoría general de los sistemas, la teoría de la organizaciones y la teoría del Estado[12].
SOBRE LOS SISTEMAS EN GENERAL Y, EN ESPECIAL, SOBRE EL SISTEMA CAPITALISTA
El sistema capitalista es un sistema, es decir, una estructura social cuyos componentes esenciales se encuentran dispuestos de forma tal que si dicho ordenamiento fuese alterado el sistema se extinguiría o degeneraría en otro diferente. Los sistemas, pues, poseen elementos que le confieren su identidad; son diferentes entre sí de acuerdo al carácter que le confieren esos rasgos. Hay, en consecuencia, distintos tipos de sistemas. Cuando esos sistemas se forman con la participación de seres vivos se les denomina organizaciones. En este caso, se trata de sistemas sociales. Cuando se habla de estos últimos en referencia a los seres humanos, los sistemas sociales se diferencian de acuerdo a la naturaleza del ‘modo de producción’ que los integrantes de una sociedad han hecho suyo voluntariamente o por imposición. Puede, entonces, definirse el modo de producción como la forma de producir adoptada por determinada sociedad y que, por lo mismo, determina la manera de vivir de sus integrantes.
Modos de producir pueden existir muchos (esclavista, asiático, germano, feudal, primitivo). Uno de ellos se denomina ‘capitalista’. Este modo de producción es aquel en donde la función principal de la sociedad que lo adopta se reduce a la producción de capital. Por consiguiente, el sistema capitalista no es sino aquel en donde opera un modo de producción capitalista, un modo cuya única función es la constante elaboración de capital.
Decir que la esencia del capitalismo es la producción de capital implica definir lo que es éste, circunstancia que nos lleva a incursionar tangencialmente en la teoría de los valores. Porque el capital es un valor, aunque no cualquiera. El capital es un valor que se valoriza, un valor que se acrecienta constantemente, a tal extremo que su única función se compendia en crecer, ampliarse, multiplicarse, aumentar. Nace porque en su gestación han podido concurrir tres condiciones, también esenciales:
a) Existencia contrapuesta de dos clases sociales, una de las cuales posee la capacidad de comprar una mercancía, denominada ‘fuerza de trabajo’, a otra desprovista de dicha capacidad y obligada a vender la única mercancía que posee cual es su propia energía corporal;
b) Producción de ‘plusvalor’, que no es sino aquello denominado ‘ganancia’ por los empresarios; y,
c) Existencia de una mercancía intermedia cuya función radica en tasar el valor de la mercancía que se transa y permitir la acumulación: el dinero.
De manera que es de la esencia del sistema capitalista la existencia de dos clases sociales, una de las cuales debe cumplir la función de comprar a la otra que, por lo mismo, desempeña la de vender. No vamos a insistir al respecto, y nos remitimos aquí a los trabajos que hemos elaborado anteriormente sobre el particular.
MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CAPITALISTA
La existencia de dos clases sociales antagónicas (vendedores y compradores de fuerza o capacidad de trabajo) exige doblegar voluntades, establecer el control de unos sobre otros; en palabras más simples, implica establecer un sistema de dominación. La razón es simple: una clase no podría estar vendiendo permanentemente su energía corporal a otra que tiene la capacidad de comprarla si no existiese una forma de organización social encargada de consagrar esa forma de funcionar. Dicha organización se denomina ‘Estado’, que puede definirse como ‘la organización social mediada por la fuerza’; por lo mismo, el Estado constituye a la vez una relación social. Dominantes y dominados se dan la mano en una estructura que establece, para ambos, una forma de vida nacida de un modo de producción que subordina a unos respecto de los otros: tal es el modo de producción capitalista.
La producción, no obstante, fragmenta a las clases dominantes; un sector se dedica a la actividad industrial, otro a la actividad del comercio de bienes materiales y un tercer grupo lo hace respecto al comercio del dinero. Simultáneamente y como consecuencia de lo mismo, se fragmentan también las clases dominadas. Las primeras, sin embargo, segmentadas en la producción, vuelven a unirse al interior del Estado y funcionan organizadas en un Bloque en el Poder, pues de otra manera no podrían dominar. El Bloque en el Poder representa, en consecuencia, la forma de funcionar de las clases y fracciones de clase dominante para los efectos de su dominación; representa, además, naturalmente, la defensa del interés que las guía.
Puesto que el sistema capitalista es un sistema aparentemente consensual (pues se fundamenta en la existencia de compradores y vendedores de fuerza de trabajo que supuestamente estarían en condiciones de igualdad para suscribir un contrato de compraventa), su forma de gobierno ha de ser también aparentemente consensual. Se denomina ‘democracia’, y es un régimen alternativo al ejercicio directo de la calidad de ciudadano, basado en la representación del electorado en virtud de la cual se presume que los votantes ejercen un poder de elección respecto de quien ha de representarlos en la dirección de la nación. La democracia no es, por tanto, solamente una simple forma de representación social sino la manifestación jurídico/política normal de funcionamiento del sistema capitalista. Exige tres requisitos para funcionar:
a) Separación de funciones o ‘poderes’ (Legislativo, Judicial, Ejecutivo, Contralor);
b) Existencia de partidos políticos; y
c) Realización periódica de elecciones que, a la vez, deben ser libres, secretas e informadas.
La democracia, como forma de gobierno, puede interrumpirse por determinadas circunstancias; surgen, entonces, los gobiernos de excepción o dictaduras según se verá a continuación.
POSIBILIDADES DE INTRODUCIR REFORMAS AL SISTEMA CAPITALISTA
Un sistema social no es una estructura rígida; admite reformas. Es más, siempre los sistemas sociales están activos, cambiando y acomodándose al funcionamiento de los demás: son organizaciones, o estructuras constituidas por seres vivos en perpetua actividad. Las reformas, cambios, alteraciones o modificaciones que tolera y admite, sin embargo, son aquellas que mantienen inalterable su esencia o carácter de tal. Si se trata de un sistema que tiene clases sociales una de las cuales se encuentra sometida a la otra, de ninguna manera va a aceptar que se altere esa estructura desigual suya, sino tolerará cambios que solamente se refieran a cómo va a realizarse esa dominación. Así ocurre con el sistema capitalista que, como todo sistema, acepta acomodos, transformaciones y ajustes siempre que ello no altere su estructura básica de dominación que es la que permite tanto la extracción como la percepción de plusvalor; ni, mucho menos, que intente eliminar las clases antagónicas, propias de su naturaleza.
Por consiguiente, el sistema capitalista puede ser reformado y, también, reformulado. No obstante, tales reformas o reformulaciones sólo pueden realizarse dentro de los límites propios de todo sistema y aquellos que imponen las circunstancias en cada una de las formaciones sociales de las cuales se trata. Por consiguiente, el sistema capitalista puede aparecer, en algunas latitudes y épocas, extremadamente duro para quienes experimentan su rigor como, también, en otras, extremadamente tolerable. Normalmente, esta última circunstancia no siempre es resultante de una dádiva que cae de la mesa de los dominadores sobre la cabeza de los dominados. Generalmente, es fruto de largas jornadas de lucha en defensa de derechos conculcados o mejores condiciones de vida, que culminan en un acuerdo, en una ley o en un tratado que da cuenta de esos logros.
LOS LÍMITES DE LAS REFORMAS QUE TOLERA EL SISTEMA
Ningún sistema social existe en forma independiente el uno del otro. No es una simple alegoría la expresión ‘sistema mundial’ que emplean numerosos autores[13]. Ni tampoco la afirmación según la cual desde que el mundo es mundo ha existido siempre un sistema mundial hegemonizado por alguna potencia que domina a las demás. El sistema capitalista no es una excepción a esa constante.

“[…]el capitalismo”,

expresó un buen amigo nuestro, en uno de sus documentos,

“no es una realidad nacional, sino un sistema mundial”[14].

Porque dicho sistema no existe en una sola localidad, sino en todo el planeta. Especialmente, luego de la última década del siglo pasado. Constituye un conjunto de organizaciones. Y es que los sistemas se engarzan unos con otros. Forman redes, tejidos sociales que se extienden a lo largo y ancho del planeta, dentro del cual cada nación o país[15] es una parte. Y no puede ser de otra manera pues las naciones están permanentemente realizando entre ellas relaciones de intercambio. Dicho intercambio constituye, pues, la forma de relación que mantienen entre sí unas con otras. Sin embargo, para que ello suceda deben existir modos o formas de relacionarse que deben no sólo ser conocidos de todos sino, además, necesitan estar regulados de manera tal que quienes participen en esos intercambios jamás puedan ser sorprendidos por las acciones de los demás. En consecuencia, si por un motivo cualquiera, una de las naciones que participa en la comunidad internacional altera sus formas de relación con los otros comuneros, dichas modificaciones deben ser toleradas por aquellas. De otra manera, se convierte en un ente anómalo, un obstáculo que se interpone para dificultar las relaciones, un escollo que no admite ni tolera el sistema mundial. Por tal motivo, los límites que las reformas pueden introducir al sistema no son sino aquellos que están vigentes en la generalidad de las naciones del mundo que participan dentro del sistema global: el todo decide el destino de la parte. Si las reformas entorpecen esas relaciones y el intercambio se traba, el sistema puede ser amenazado en su integridad. Entonces, las reformas se transforman en esa amenaza que exige una respuesta ejemplar.
QUÉ SUCEDE CUANDO LAS REFORMAS PROYECTADAS AL SISTEMA CAPITALISTA SON MAYORES
Cuando las reformas que se intentan introducir al sistema son muy profundas y exceden los límites tolerados por éste los problemas se hacen presentes. En este caso, el sistema reacciona como organismo vivo que es.
¿Como ocurre todo ello? Normalmente, la estructura social percibe anticipadamente lo que le sucederá ante un sinnúmero de señales; la reacción es inmediata y sus manifestaciones son inequívocas: hay que detener el proceso incoado. Si ello no ocurre, las alteraciones que se intenta realizar pasan a constituir una amenaza para el sistema. Entonces, actúa. Sus elementos defensivos se ponen en movimiento para luchar por la conservación de su identidad. La expresión latina ‘esse persistere in esse est’ (‘el que persevera en lo que es continúa siéndolo’) revela con admirable precisión ese principio central que informa su permanencia o conservación. El sistema no puede dejar de ser lo que es; si permite o tolera la acción que lo amenaza, puede morir o, lo que es igual, derivar a otro diferente. Eso puede sólo tolerarlo una estructura que tiene vocación suicida. Y, por regla general, los sistemas no poseen dicha vocación[16].
Nos encontramos, así, frente a un sistema que ha de luchar por sobrevivir. Como todos los sistemas. Entonces, la ‘organización social mediada por la fuerza’ se hace presente en toda su dimensión. El Estado actúa; y no lo hace porque sí. Se han agotado las instancias que podrían haber resuelto las contradicciones de clase o aquellas han demostrado ser inútiles o ineficaces. Entonces, las reformas que se proyectaba introducir a la esencia del modo de producción se transforman en la excusa inmejorable que lleva a actuar. El Estado no vacila. Hay que actuar. El Estado es una estructura de poder; su garante son las Fuerzas Armadas. La reacción, pues, viene de la mano de los institutos armados y se denomina ‘golpe de Estado’. El golpe de Estado constituye, pues, la reacción natural a cualquier intento de transformación que amenace la naturaleza del sistema capitalista. Y su recurso postrero. Es por esa razón que las propias clases dominantes buscan ponerle fin a la brevedad: porque necesitan tenerlas en reserva para volver a utilizarlas cuando sea necesario. El golpe de Estado da origen a lo que se conoce bajo el nombre de ‘gobierno de excepción’ pues, al consumarse, interrumpe el normal funcionamiento de la democracia.
Las clases dominantes no son partidarias de regímenes de excepción que se prolonguen innecesariamente en el tiempo puesto que, al hacerlo, se desgasta el último recurso al que pueden echar mano; pero eso no es todo. Lo hacen, también, porque están conscientes que el sistema capitalista ideal no es el impuesto por la violencia ejercida directamente sobre el cuerpo social; ni tampoco aquel tolerado por las clases dominadas, sino ese que es defendido por éstas como el mejor de todos los sistemas.
Puede entenderse de esta manera que, desde sus inicios, haya el sistema capitalista resuelto sus múltiples problemas recurriendo constantemente a la intervención armada, así como el intercambio de opiniones que existiese entre el barón Von Bogulawsky y Friedrich Engels sobre el tema. Porque el tema de la interrupción de la democracia manu militari no es nuevo. Era parte de las discusiones que tenían lugar en el siglo 19.  Por eso, sostenía el barón Von Bogulawsky que el ejercicio del golpe de Estado era un derecho que competía inalienablemente a las clases dominantes[17], afirmación que hacía recabar a Engels para las clases dominadas el también inalienable derecho a hacer la revolución.
De lo que se puede colegir, hasta ahora, es que, siempre que las reformas al sistema capitalista amenacen la permanencia o continuidad del mismo, las clases dominantes ejercerán sin vacilaciones el derecho a dar un golpe de Estado.
Nace, de esta premisa, una severa conclusión: las clases dominadas, si desean perseverar en sus reivindicaciones, deben estar preparadas para defenderse pues dichas pretensiones serán seriamente amenazadas por los sectores dominantes. Por consiguiente, y en teoría, cuando las clases dominadas intenten realizar una reforma que las beneficie y ella no sea del agrado de las clases dominantes, siempre éstas se harán presentes accionando en contra de aquellas para seguir imponiendo su dominación; simultáneamente, también los sectores dominados reaccionarán en contra de esa agresión en defensa de lo que estiman justo. De cómo se va a dar esta mecánica, en la práctica, dependerá del grado de desarrollo de la lucha de clases. Y, naturalmente, del entorno internacional que exista en esos momentos. Porque es el todo quien decide la suerte de la parte y no lo contrario. De lo cual se puede colegir que la expresión ‘Nunca más’ no sólo es una expresión errónea sino una falacia empleada para contentar a mentes ingenuas acerca de una circunstancia que, dadas determinadas condiciones, jamás dejará de acaecer. Por lo mismo, no dejan de ser inapropiadas las palabras de Rubén Ballesteros, presidente de Corte Suprema, cuando afirma que a los tribunales chilenos

“Lo que sí nos corresponde es decir lo que sucedió, lo que la historia ha registrado; son los hechos sucedidos y hay que admitirlos, asumirlos y decir que nunca más”[18].

Es, más o menos, lo mismo que expresara la flamante alcaldesa de Santiago Carolina Tohá cuando, en un artículo enviado al periódico ‘El Mercurio’ expresara:

“Lo que no es sano es que ese debate sobre el contexto siga siendo un debate sobre la justificación del golpe de Estado. El ‘Nunca Más’ será un patrimonio de la memoria cuando todos los actores relevantes de nuestra vida pública concuerden en que éste no se justificaba bajo ningún término y que fue el resultado de la acción de quienes lo perpetraron y de quienes lo apoyaron”[19].

LO QUE SUCEDIÓ CON EL TRIUNFO DE LA UNIDAD POPULAR EN CHILE
Podemos así comenzar a analizar lo que sucedió en Chile durante los años de la Unidad Popular y que finalizó el 11 de septiembre de 1973. Para ello debemos recordar algunos de los hechos que rodearon esa circunstancia.
El triunfo de la Unidad Popular constituyó la culminación de un sostenido ascenso de las luchas sociales en procura de un mayor bienestar, mayores espacios de libertad y participación ciudadana. Fue un proceso singular sólo por tratarse del triunfo de un gobernante con ideas ‘marxistas’ elegido por votación popular; en lo demás, se trató de un fenómeno que no ocurrió solamente en Chile sino en casi todas las latitudes, especialmente en América Latina. Y no sólo en ese continente, sino además dentro de la Unión Soviética y en naciones europeas. Las clases postergadas exigían en esos años protagonismo social, lo que obligaba al sistema capitalista mundial a pensar seriamente en un reordenamiento y en una drástica reafirmación de su presencia ante la posibilidad que las piezas del ajedrez internacional se moviesen alterando la posición del tablero a favor de su antagonista que era la Unión Soviética. Por lo mismo, no sólo constituye un disparate sino, además, una insensatez y hasta una vulgaridad aseverar que el derrocamiento de Allende pudo producirse por tratarse de un gobierno minoritario que buscaba realizar cambios sin el concurso de la mayoría. Es cierto que el triunfo de Allende fue el triunfo relativo de un grupo social que apenas logró un 36% de la votación nacional[20]; pero no es menos cierto que jamás tuvo Chile otro sistema que no fuese el indicado para reconocer la legitimidad de un gobernante. Por ende, todos los presidentes que precedieron a Salvador Allende fueron elegidos sin haber obtenido mayoría absoluta de votos porque ese, y no otro, era el sistema eleccionario chileno. De no haberse establecido aquel sistema como óptimo, ninguno de ellos pudo o debió haber intentado reformas sociales puesto que se trataba de gobiernos de minoría.
Una circunstancia, sin embargo, identificó desde un principio al gobierno de la Unidad Popular: su carácter de bloque social del proletariado. La Unidad Popular no fue una simple alianza de clases, sino un bloque. Digámoslo con franqueza: la verdadera Unidad Popular estaba constituida por un eje central que eran los partidos Comunista y Socialista, integrados mayoritariamente por elementos de la clase obrera, al cual adhirieron las demás colectividades que integraron la Unidad Popular. Sin embargo, ese bloque no tuvo conciencia de su propio carácter sino supuso ser una alianza, es decir, creyó constituir una suerte de Frente Popular, una conjunción de partidos y movimientos de la más variada composición de clase; en otras palabras, supuso representar a los llamados ‘sectores medios’. Y, en consecuencia, estimó que esos sectores apoyarían todas las reformas propuestas a la ciudadanía. Y ese fue su primer error.
El Programa de la UP era bastante avanzado. Contenía reformas que, en la actualidad, sorprenden, incluso, a quienes fuesen sus propios redactores o defensores, algunos de los cuales manifiestan estar, hoy, arrepentidos de haber sostenido la necesidad de tales reformas. Sus dos primeras medidas, que fueron aumentar el poder adquisitivo de los sectores bajos e iniciar la Reforma Agraria, ocasionaron fuerte impacto en la economía nacional. El programa, en sí, era una provocación. Pero, cuidado. También el programa de la Democracia Cristiana era atrevido, casi tanto como el de la Unidad Popular.  Y eso no ocurría por casualidad. En Chile campeaba la pobreza y existía un convencimiento generalizado acerca de la necesidad de introducir reformas sociales. Y era tan manifiesto ese convencimiento que desde el propio gobierno de Jorge Alessandri se habían hecho intentos para introducir cambios orientados a reducir los grados de miseria y desigualdad, modificar el sistema de propiedad de la tierra, alterar la percepción de impuestos, y obligar a las grandes compañías de cobre a devolver las riquezas básicas. Eduardo Frei, que lo sucedería más tarde, profundizó esas reformas. Pero la población exigía más. Chile avanzaba a pasos agigantados hacia una democracia más participativa, un verdadero modelo de sociedad que había de nacer en las propias urnas electorales.
LA ‘BIPOLARIDAD’ COMO ELEMENTO DE DISCORDIA
Internacionalmente existía, sin embargo, una situación diametralmente opuesta a la de hoy: en 1973 (y desde antes) dos grandes superpoderes se disputaban la hegemonía planetaria: uno, encabezado por Estados Unidos; otro, que dirigía la Unión Soviética. No se trataba de sistemas por entero diferentes aunque estuviesen disputándose constantemente la dirección del planeta —en ninguno de esas superpotencias radicaba el poder en las clases dominadas; en ambas había producción de plusvalor y apropiación del mismo: en Estados Unidos lo acaparaban las grandes empresas, mientras que en la Unión Soviética el capital fluía hacia el Estado. Pero en ninguno de los dos centros hegemónicos del poder mundial pertenecía éste a los trabajadores—.
La existencia de esa ‘bipolaridad’ constituía un obstáculo crucial para cualquier tipo de reforma estructural que pretendiese emprender alguno de los países incorporados dentro del área de una de esas superpotencias. Porque existía un pacto implícito entre ambas: ninguna podría intervenir en los hechos que tuviesen lugar fuera del ámbito de sus respectivas jurisdicciones. Estados Unidos no podría inmiscuirse en los asuntos que ocurrían dentro de la órbita soviética, ni la URS estaría dispuesta a hacerlo en los países ubicados al interior de la órbita del sistema capitalista mundial, o ‘imperialismo norteamericano’ como se le denominaba. Por eso no pudo Estados Unidos involucrarse directamente en los problemas que se suscitaron al sublevarse las poblaciones de Checoslovaquia, Hungría o Polonia; ni la URSS pudo hacerlo cuando los ejércitos asumieron los gobiernos de Panamá, Chile, Argentina, Bolivia o Perú[21]. Esta suerte de colaboración en el plano internacional que realizaban los dos grandes superpoderes entre sí fue tan manifiesto que las misiones enviadas por el gobierno de la UP a la Unión Soviética y a China, a solicitar ayuda frente al boicot norteamericano de no permitir el ingreso de repuestos para la industria nacional, se vieron en la obligación de retornar al país, prácticamente, con las manos vacías; tampoco hay que olvidar el hecho que, luego del golpe militar, continuaron funcionando en Chile las legaciones de Rumania y China para seguir realizando operaciones comerciales con la dictadura[22].
Por consiguiente, Chile no fue solamente parte de esa confrontación, sino sujeto obligado en la reestructuración general de la dominación capitalista y del equilibrio global de fuerzas en el planeta. Porque sólo la afirmación de la hegemonía política yanqui en América Latina, Medio Oriente y Europa Occidental puede explicar la sucesión de derrotas del movimiento obrero y popular en América Latina. No olvidemos que los golpes de Estado en América Latina se sucedieron como la caída de piezas en dominó: en Bolivia se consumó en contra de su gobierno en 1971, en Chile durante 1973, en Uruguay ese mismo año, en Perú en 1975, también en Honduras el año 1975, y en 1976 en Argentina.
Y era tan efectiva esa reestructuración que, en noviembre de ese mismo año 1973, el potentado David Rockefeller procedía a crear la llamada “Trilateral Commision”, organismo que había de desempeñar durante algún tiempo el rol de estado mayor conjunto del sistema capitalista mundial.
Esos hechos explican, igualmente, que el antagonismo hacia la Unidad Popular comenzara, incluso, antes de que Salvador Allende asumiera en su calidad de Jefe de Estado. El asesinato del general René Schneider y la firma de un Estatuto de Garantías Constitucionales, libelo injurioso y degradante jamás antes presentado a gobernante alguno en la historia de la nación para ser suscrito por éste, no fueron hechos casuales. La desconfianza hacia lo que podría ser el gobierno de la Unidad Popular llegó a un extremo tal que dos grandes amigos, como lo habían sido hasta ese momento Salvador Allende y Eduardo Frei, no sólo rompieron sus relaciones de afecto sino mantuvieron ese rencor más allá de la muerte.
A pesar de todo, no dejó de ser un hecho cierto que numerosas de las medidas impulsadas por la Unidad Popular fuesen compartidas no sólo por gran parte de la población sino, incluso, por la generalidad del estamento parlamentario. No se explica de otra manera que, por la unanimidad del Congreso Nacional, se haya aprobado la nacionalización del cobre, medida que venía imponiéndose desde la administración de Frei cuando se dictó la ley sobre ‘chilenización’ del mismo. Y que la medida de la participación de los trabajadores en la administración de las empresas haya sido recibida con júbilo por todas las organizaciones sindicales, sin distinción de banderas políticas.
Tradicionalmente, los programas empeñados por los candidatos pocas veces se cumplen; cuando sí ocurre, dicho cumplimiento es parcial, mañoso, torcido. La Unidad Popular fue, a diferencia de otras alianzas, paso a paso, cumpliendo con su programa. Y allí comenzaron los problemas, porque lo que se creía imposible empezó a materializarse. Y a la luz de los resultados se iniciaron drásticos cambios en la composición política de la nación. Estos cambios afectaron, fundamentalmente, a los sectores medios, cuyo principal representante era el partido mayoritario que existía en Chile en ese entonces: la Democracia Cristiana. ¿Cómo sucedió aquello?
POSICIONES AL INTERIOR DE LA UP
El cumplimiento exhaustivo del Programa de Gobierno de la Unidad Popular se fue llevando a cabo con el instrumental jurídico/político que otorgaba el propio sistema de gobierno. Y eso era lo increíble: que un gobierno ‘marxista’ fuese capaz de llevar transformaciones sociales de envergadura con las propias armas que brindaba la institucionalidad vigente. Así, la estructura de la nación no sólo había permitido la emergencia de una alianza política denominada Unidad Popular, una alianza que dejaba de ser tal para convertirse en ‘bloque’, sino que tomaba posesión del gobierno de la nación para dar inicio a las reformas que había prometido introducir al sistema en sus promesas electorales.
Un ‘bloque social’ puede experimentar trizaduras en su interior; no tendría por qué ser diferente con la Unidad Popular. Ya en 1971 comenzaron a plantearse algunas dudas dentro de la Unidad Popular. Nacidas a la luz de la profunda oposición que algunas de las medidas empeñadas encontraban en la prensa y en algunos sectores sociales detentadores del capital, tales dudas ponían en entredicho la posibilidad de si aquel conglomerado gobernante podría o no continuar adelante con sus reformas. Un sector del mismo, preocupado por la campaña llevada a cabo por los segmentos más reaccionarios de la sociedad, sostuvo que era necesario ampliar la base social con otros actores para evitar el robustecimiento de la oposición y, si era necesario, revisar, incluso, el cumplimiento del Programa. Así, comenzaron a enfrentarse dos posiciones al interior del bloque gobernante: una que exigía el cumplimiento exhaustivo de dicho Programa y otra que manifestaba tener serias dudas acerca de continuar con el mismo por las consecuencias que ello podía acarrear. Quienes sustentaban la primera tesis buscaban ‘avanzar sin transar’ puesto que el Programa representaba un compromiso con las clases dominadas y no era susceptible de negociaciones con sector político alguno; los otros, deseaban hacer ‘un alto en el camino’, detenerse, analizar los logros alcanzados y preparar el terreno para las tareas futuras. Al año siguiente, dichas posiciones no solamente se habían decantado: estaban radicalizadas Unos querían “consolidar lo avanzado”, en tanto sus contrarios sostenían que “sólo avanzando se consolida”.
Afirmemos aquí, no obstante, algo previo: un proceso social es un fenómeno que se manifiesta tanto en el espacio como en el tiempo; se inicia en un lugar y en un presente para realizarse no siempre en el mismo lugar pero sí en un futuro. Acontece, si se nos permite emplear esta expresión, en un segmento de la ‘flecha del tiempo’, y desaparece cuando ya se ha consumado. En su transcurso, transcurren también quienes lo experimentan que no son sino los integrantes de una sociedad. Porque las sociedades viajan en el tiempo con todos sus miembros, con  todo su bagaje y con todos aquellos que la componen.
En todo proceso, sin embargo, se manifiestan quienes buscan impulsarlo hacia los fines propuestos y los que quieren su abrogación: unos son sus impulsores; los otros, sus detractores. Son dos bandos que jamás se caracterizan por su homogeneidad. Hay, en cada uno de ellos, sectores que quieren realizar sus finalidades de determinada forma y quienes buscan realizarlas de manera diferente. Y puesto que todos esos actores van inmersos en el tiempo, si uno de ellos quiere detener su marcha para analizar lo que debe serle más conveniente, puede descubrir que no solamente ha permanecido inmóvil en el devenir sino, prácticamente, ha experimentado un retroceso; porque quien detiene su marcha en un proceso dinámico, en el fondo se rezaga, retrocede, pues los demás continúan avanzando hacia el futuro, como asimismo los que hasta hace poco marchaban junto a él. Por regla general. Cuando así sucede, las fuerzas sociales en pugna alteran su disposición. Y es un hecho cierto que dicho fenómeno pudo observarse a lo largo de todo lo que había sido, hasta ese momento, el gobierno de la Unidad Popular.
En efecto, porque cuando esa administración impulsaba las reformas contenidas en el Programa de la UP ocurría algo extraño: los sectores medios, representados en gran medida por la Democracia Cristiana, vacilaban. No parecían estar todos en contra de las medidas que impulsaba el gobierno. E, incluso, las bases demócrata cristianas, compuesta en gran medida por empleados y obreros, reconocían como propias dichas reivindicaciones; y apoyaban al gobierno de la UP. Entonces, en el plano jurídico/político, la Democracia Cristiana, su dirigencia, comenzaba también a vacilar. Era el momento propicio para que tomasen la iniciativa los representantes políticos naturales de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, reunidos en torno al Partido Nacional. La situación, así, se polarizaba y la población podía ver a la ´derecha´, la verdadera ´derecha´, conduciendo la insubordinación en contra el gobierno popular. Pero la veía aislada, sola, sin la base demócrata cristiana que observaba los avances de la Unidad Popular. Por el contrario, cuando la UP vacilaba, se detenía para analizar lo que había hecho y ponía en duda su propio itinerario, la dirigencia demócrata cristiana tomaba la iniciativa, reunía nuevamente a sus huestes, se reagrupaba y tomaba la conducción de la oposición dando a ésta el carácter de una insubordinación de la población en contra de la UP[23].
Por eso, las disputas al interior de la UP se intensificaron; quienes creían conveniente, por las razones antes dichas, que era necesario ‘avanzar sin transar’ porque ‘sólo avanzando se consolida’, empezaron a quedar aislados. Y era que la dirección oficial de la UP, sin embargo, estuvo por negociar. Necesitaba hacer un alto en el camino a fin de ‘consolidar lo avanzado’. Fue el momento esperado por la Democracia Cristiana para tomar, de inmediato, la dirección del proceso de negociación. En tanto, los partidarios de resolver la crisis manu militari se vieron con las manos libres para hacerlo, mientras dejaban la solución de los problemas políticos en manos de quienes creían tener resuelta la crisis en ese plano. Craso error de estos últimos. El golpe militar se había convertido ya en un hecho.
¿PUDO HABER RESUELTO LA UP DICHA SITUACIÓN?
En los debates realizados a propósito de los cuarenta años del derrocamiento del Gobierno Popular, algunos de los personajes que intervinieron en ellos manifestaron que la UP jamás respetó las instituciones democráticas que existían. Eso no es efectivo; por el contrario, constituye una acusación por entero gratuita y sin fundamento. La Unidad Popular siempre respetó dichas instituciones porque esa era, precisamente, la vía elegida para realizar las transformaciones sociales: la UP iba a hacer las reformas dentro del sistema jurídico vigente.
Si lo que se quiere afirmar con ello es la grave crisis económica que comenzó a producirse desde el momento en que se empezaron a realizar las transformaciones y, en primer lugar, elevar el poder adquisitivo de las grandes mayorías sociales, hay algo de razón en esa acusación. Pero eso tiene que ver con el alma de la economía, con su perversión como sistema depredador.
En una nación organizada dentro del sistema capitalista, un buen gobierno es aquel que da más beneficios a quienes más tienen y menos a quienes menos tienen. Ese reparto de riqueza se justifica porque los que más poseen, cuando reciben mayores volúmenes de riqueza, puesto que tienen satisfechas casi todas sus necesidades, tienden a guardar el ingreso adicional que reciben. Desde el punto de  vista de las cuentas nacionales, fomentan el ahorro nacional. No ocurre así con los sectores dominados. Si ellos reciben una cuota adicional de riqueza, puesto que no tienen satisfecha gran parte de sus necesidades, tienden, por fuerza, a gastarla y no vacilan en adquirir, incluso, aquellos bienes reservados para las clases acomodadas. Total, el dinero sobra. Y puesto que los bienes ofrecidos en el mercado se encuentran en cantidades limitadas, se agotan. El Estado debe invertir más recursos en importarlos, los precios aumentan pues los bienes escasean y aunque se advierte cierta bonanza, la crisis se desarrolla con rapidez. Dar mayor riqueza a las clases postergadas alienta, en resumidas cuentas, la escasez. Y, en consecuencia, provoca presiones inflacionarias. Para enfrentar esos problemas, había dispuesto el Gobierno Popular librar lo que denominaba la ‘batalla de la producción’.
Producir, no obstante, produce otros efectos: desgasta las maquinarias; la necesidad de repuestos se hace manifiesta. La hora para que el sistema capitalista mundial intervenga se hace presente. Su respuesta es virulenta. Es necesario suspender el flujo de ayuda al elemento exótico que aparece enclavado en el Cono Sur de América Latina. No hay repuestos para esa excrecencia, no hay exportación de maquinaria ni materia prima, hay que robustecer el boicot y proceder a la suspensión de los créditos internacionales. ¿Podía sorprender a los analistas de marras, entonces, que el fenómeno del desabastecimiento se hiciera presente?
La falta de determinados bienes en el mercado produce efectos en cadena. Si escasea una mercancía, la población reacciona como todo sistema que lucha por sobrevivir: comienza a adquirir más de lo que necesita para enfrentar las eventuales necesidades que pueda experimentar en el futuro, pues el dinero es abundante. Simultáneamente, los comerciantes se sienten tentados a obtener mayores ganancias. Los bienes desaparecen del mercado blanco y reaparecen a precios distintos en el negro. Así, pues, el ‘respeto’ a las instituciones se pierde no por culpa de un gobierno que se ciñe al ordenamiento vigente, sino por la dinámica de un proceso generado dentro de un sistema injusto de por sí, por la dinámica de un proceso que lucha por sobrevivir. Un sistema que se defiende para no desaparecer. Y como dicho sistema es el basamento sobre el cual se apoya la existencia misma de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, la lucha de clases se agudiza. Los que siempre han controlado a la nación desean seguir haciéndolo; los que pretendían reformarlo encuentran, entonces, en ese momento, que la única solución a sus pretensiones es la abolición del sistema.
Llegamos, de esta manera, al nudo gordiano del problema: ¿tenía la UP la capacidad necesaria para resolverlo? La respuesta es sí. Y esta afirmación no es política-ficción. La UP pudo resolver el problema del desabastecimiento y de la inflación en la forma que hubiere agradado a las clases dominantes. La solución era simple: solamente debía olvidar el Programa empeñado con los sectores populares, claudicar y terminar el gobierno administrando al país como lo habían hecho hasta ese momento todos los gobiernos, sin intentar llevar a cabo más reformas que las realizadas; e, incluso, desactivando algunas de estas últimas. Pero eso hubiere implicado no sólo una traición a sus propios principios sino a la esperanza que habían puesto en ella las grandes mayorías nacionales. Y, sin embargo, era eso lo único que le quedaba por hacer. Y es lo que hasta el día de hoy se le critica en forma casi majadera.
Supongamos algo. Hagamos, a nuestra vez, política-ficción. Supongamos, con la lógica de ese entonces, que la Unidad Popular decidió abrogar de su Programa; pensemos que así lo determinó su presidente. ¿Cuál pudo, entonces, haber sido la reacción de los sectores populares? ¿Hubieren permitido la devolución de las empresas a sus antiguos dueños, hubieren aceptado terminar con la participación en la dirección de las empresas, hubieren tolerado la suspensión de la Reforma Agraria? Recordemos una circunstancia: el presidente Allende era un hombre como todos. Tenía momentos de angustias y vacilaciones. No en pocas oportunidades manifestó su voluntad de detener la marcha de su gobierno para analizar lo avanzado; Y, por esa circunstancia, no faltaban aquellos que le sindicaban como un ‘reformista’. No es aventurado suponer, así, que los sectores populares hubieren alzado su voz dando inicio a masivas movilizaciones, en esa oportunidad, contra el propio gobierno elegido por ellos. Y éste se hubiere visto obligado a hacer lo que todo ‘buen gobierno’ hace en esas circunstancias: reprimir la protesta social. E, incluso, disparar contra una población inerme cuyo único delito hubiere sido estar ávida de protagonismo social.
Personalmente, tengo el absoluto convencimiento que tal fue disyuntiva de Allende al momento de optar por su inmolación. Jamás dispararía ni daría órdenes de hacerlo en contra de una población desarmada. Allende no tenía alternativa alguna. Y su gran error fue vacilar.
¿PERDÓN, RECONCILIACIÓN, DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES?
No significa lo anterior que la discusión, a propósito de ciertos conceptos, como lo son el perdón, la reconciliación y la determinación de ciertas responsabilidades, deban dejarse de lado. Significa, únicamente, que el debate acerca de cada una de esas materias ha de tratarse dentro del plano al que verdaderamente pertenece; significa, en suma que no deben atropellarse los principios de la metodología que hace de cada segmento disciplinario una unidad dentro de la cual sí puedan discutirse los temas propios o atingentes a ella. Permítasenos, en esta parte del análisis, recurrir a una metáfora del todo apropiada: no pueden calcularse las distancias con la medida del litro ni estimarse el peso de un objeto con el sistema métrico; cada una de las formas de medir está construida para ser usada de determinada manera y no solamente a voluntad del analista. E, incluso, ir un poco más allá de los límites de las disciplinas. Porque si bien el perdón debería corresponder a un segmento de lo que bien podría denominarse ‘ideología’ (o, si se quiere, cultura para acercarnos más a Antonio Gramsci) dentro de un sistema determinado, no puede invadir el campo jurídico/político o el económico y erigirse como un elemento suyo esencial; tampoco puede hacerse aquello con el tema de la reconciliación, fenómeno más bien ligado a la Psicología y no a la teoría del juego que gobierna numerosos aspectos de las relaciones humanas[24]. Mucho menos el aspecto de las responsabilidades, materia que dice relación directa con el derecho penal y no con la teoría social o la de la organización. Y eso es lo que hemos advertido que ha estado ausente en el debate acerca del golpe de Estado de 1973 y sus consecuencias posteriores. Digámoslo con palabras más llanas: no puede mezclarse peras con manzanas.
Pero, como muy bien señalábamos, si bien esos conceptos, en las disciplinas tradicionales, se relacionan con la psicología, el derecho o la moral, no pueden dejarse de lado los avances que han realizado otras disciplinas en esta materia, especialmente aquellas vinculadas a la Biología. El problema del asesinato de personas o de la tortura ya no puede mirarse como un asunto exclusivamente gobernado por la moral vigente, sino ha de irse a los orígenes de la moral y vincularse tales fenómenos con los avances realizados en torno a las células especulares, también llamadas neuronas espejo, fundamento de la empatía. O con el principio de la diferenciación que hace de cada producto de la naturaleza un fenómeno único, exclusivo, irrepetible, irreemplazable, tesis que nos lleva a concluir, ineluctablemente, en la necesidad que tiene todo individuo de vivir y de entregar su potencialidad al conjunto al que pertenece, única manera de entender las bases a las que nos hemos estado refiriendo a lo largo de este análisis. Nadie, pues, tiene derecho a matar; nadie tiene derecho a torturar, a apoderarse de los bienes de los demás, a tomar para sí el producto de quienes lo elaboran. Son principios que han nacido de lo más profundo de las disciplinas modernas y que se proyectan hacia el futuro como luces que iluminan el camino que ha de recorrer la humanidad. No se trata, por consiguiente, de discutir una simple cuestión académica, sino el contenido y fundamento de una nueva moral, edificada sobre bases sólidas, sobre bases en las cuales ya concuerdan no sólo científicos sino movimientos sociales que se alimentan de razones, no de pasiones.
CONCLUSIÓN
A lo largo de todo este análisis podemos darnos cuenta que los verdaderos problemas tratados por la generalidad de quienes se pronunciaron acerca de estos cuarenta años del derrocamiento del Régimen de la Unidad Popular jamás han podido ser abordados. Porque el nudo central no radica en pedir perdón, asignar responsabilidades o buscar culpables. Como ya lo hemos indicado, son planos inadecuados para realizar el debate de algo tan trascendental como lo fue el golpe militar en contra de la Unidad Popular. Nos encontramos ante un sistema que ha actuado como debió haberlo hecho. Con la ferocidad propia de quien teme extinguirse o fenecer. Así se ha defendido el sistema capitalista en Chile. La lucha de clases se ha inclinado a favor de la dominación. Como lo ha hecho siempre y en todas las latitudes. Con una diferencia: existía voluntad política de intentar reformas sustanciales en Chile, pero era deseo de quienes las impulsaban realizarlas dentro de la ley, dentro de la institucionalidad vigente. ¿Idealismo? ¿Ingenuidad? Lo cierto es que fue esa institucionalidad la que permitió acuñar la esperanza de poder llevarlas a cabo, pues había mostrado una flexibilidad asombrosa a lo largo de los años en que había permanecido vigente. No debe sorprender que, desde el punto de vista de las clases y fracciones de clase dominante, se concluyese, pues, que se trataba de una institucionalidad nociva al desarrollo del sistema capitalista nacional, una institucionalidad peligrosa que era necesario destruir.
Y fue tan evidente aquello que, al iniciarse el período de la dictadura militar, los nuevos dominadores iniciaron, de inmediato, una drástica reformulación del sistema institucional vigente, modificando todo lo que existía hasta ese momento. No fueron los miembros de la Unidad Popular quienes no respetaron la institucionalidad vigente, sino los promotores del golpe militar los que lo hicieron. Fueron ellos quienes desoyeron el art. 21 de la Constitución de 1925, el más breve de todos aquellos, según el cual

“Las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes. Ningún cuerpo armado puede deliberar”.

Y las Fuerzas Armadas deliberaron. Dieron un golpe militar. Disolvieron el Congreso. Reemplazaron con normas propias todas aquellas leyes que les eran hostiles, eliminaron a los funcionarios del Poder Judicial que les merecían dudas, hicieron lo mismo en los organismos públicos, persiguieron a los opositores, clausuraron la prensa opositora, disolvieron sindicatos y partidos, eliminaron y torturaron opositores, crearon organizaciones delictuales al amparo de las armas a la manera cómo proceden las mafias y los narcotraficantes, se apropiaron de los bienes de los vencidos y de las empresas estatales, y dictaron normas de ‘irresponsabilidad’ para proteger a quienes estarían a cargo de esos organismos para esquilmarlos, se repartieron el botín del Estado y de las joyas de aquellos que, creyendo en ellos, aportaron sus bienes a la ‘reconstrucción nacional’.  Era el momento de apropiarse de los que les pertenecía por la fuerza de las armas. Y construir una nueva institucionalidad que impidiese la repetición de aquello que la anterior había tolerado. No podían aceptar que la propia institucionalidad vigente hubiere permitido la existencia de un Gobierno como el de la Unidad Popular. Por lo mismo debían derrotar estratégicamente al movimiento obrero. Ese era el verdadero contenido del ‘Nunca más’. Sólo en varias decenas de años más volvería a levantar cabeza la organización social chilena y lo haría de la mano de los estudiantes.
Terminemos, aquí, nuestro análisis, reiterando que la UP sí pudo evitar la confrontación. Pero, digámoslo con franqueza: para ello debía
a)  Claudicar en cuanto a aplicar su Programa de Gobierno;
b)  Dedicar todo su empeño en administrar el Estado capitalista, introduciendo las reformas que fuesen aceptables para las clases dominantes; y,
c)  Aplastar cualquier intento de la población por llevar adelante las reivindicaciones obreras.
No significa todo ello, sin embargo, que si los avances sociales no pudieron alcanzarse en esos años, no pueda ello realizarse en otra época o lugar; no significa, tampoco, que cualquier intento tendiente a alterar las estructuras del sistema estaría condenado al fracaso, ni que los cambios sociales están gobernados por una suerte de fatalismo que impide realizar los fines de las clases postergadas. No. Uno de los grandes aportes que nos enseña la llamada ‘teoría del caos’ es que, precisamente, si bien existen leyes que gobiernan los fenómenos, hay, también, grados de oportunidad y tolerancia en los que los seres vivos (y el ser humano, entre ellos) pueden influir y evitar que determinados efectos nocivos se produzcan. Conocer esos grados es tarea de los teóricos e investigadores. No son pocos quienes se han aventurado en esos campos[25]. Tales estudios no son trabajos inútiles. Por el contrario: podrían no sólo ayudar a entender el futuro, sino a construirlo sobre bases nuevas, sobre experiencias aún no realizadas. Y dar nuevas esperanzas, de esa manera, a las luchas sociales que se avecinan.
Santiago, septiembre de 2013
Notas: