Invocación de Ley de Seguridad del Estado: “Es un mensaje político más que jurídico”

Martes 18 de Octubre 2011
Controversia generó la decisión del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, de invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado en la querella contra los responsables de quemar un bus del Transantiago en la comuna de Nuñoa, en el marco de la primera jornada de paralización nacional convocada por la Confech y la CUT.

“Nuestro Gobierno no va a dudar en aplicar esta normativa, cada vez que se produzcan hechos que justifiquen la invocación de la Ley de Seguridad del Estado. Como Gobierno no estaríamos cumpliendo nuestra obligación si al presentar una acción judicial no utilizáramos esta ley. Con situaciones como esta estamos obligados a usarla”, dijo el secretario de Estado.

Una opción que cuestionó el secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Cristóbal Lagos, quien aseguró que esta es otra estrategia del Ejecutivo para quitar el foco de las demandas del Movimiento Social por la Educación.

“Es lamentable la decisión que tomó Rodrigo Hinzpeter. Creo que así se va a generar más violencia y no es la manera en que deben actuar las autoridades. Lo que quiere hacer La Moneda es desviar la  atención. Hoy el 90 por ciento de los chilenos están a favor de nuestras demandas y ellos han impulsado una agenda en contra de las mismas. Con esto se quiere criminalizar al movimiento estudiantil para no enfocarse en las demandas de fondo”, sostuvo el dirigente.

Precisamente, el director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, afirmó que la aplicación de esta ley responde a una decisión política que busca dar una connotación significativa a los hechos, más allá de los meros desórdenes públicos.

En la misma línea, el subdirector del Centro de Derechos Humanos de nuestra casa de estudios, Claudio Nash, indicó que la utilización de esta legislación tiene mayores implicancias políticas que prácticas. “El efecto más importante que tiene esto es más bien de orden político. Es decir, aquí hay un mensaje fuerte en términos de un intento de criminalizar la protesta social. Eso es tanto más relevante que las implicancia jurídicas que tiene invocar la Ley de Seguridad del Estado, que se relacionan con el endurecimiento de las penas, pero que ni siquiera otorga a los jueces facultades especiales”, precisó.

El doctor en derecho desmintió que frente a ciertas situaciones, el Gobierno esté forzado invocar la Ley de Seguridad del Estado y desacreditó los argumentos esgrimidos por Hinzpeter para aplicarla en este caso.

“Lo que supone invocar la ley es imputar a las personas contra las que se dirige la querella que lo que hicieron lo realizaron para afectar la seguridad del Estado, es decir, es una interpretación básicamente subjetiva. Tanto es así que cuando el ministro señaló que esto se estaba estudiando, lo justificó diciendo que aquí la quema del bus había sido con la intención de aterrorizar a los pasajeros. Si ese fuera el objetivo y se entendiera que se quería causar terror, entonces la legislación que se debiera haber invocado era la Ley Antiterrorista”, dijo el académico.

Nash señaló que este es un delito como cualquier otro, que está penalizado y existen los procedimientos para perseguir las responsabilidades, por lo que insistió en que esto se trata de un mensaje político más que jurídico.

*Fuente: Radio U de Chile