Indudablemente, la movilización de los estudiantes es la expresión de un descontento que va mucho más allá de las reivindicaciones relacionadas con la educación. Es el rostro visible del descontento profundo y generalizado de la masa ciudadana con la realidad política, social y económica del país. Es un descontento surgido gradualmente en épocas anteriores a la del actual gobierno neoliberal y que ahora se consolida ante la tozudez ideológica y el desgobierno de éste. De allí las insólitas cifras de desaprobación logradas por el presidente Piñera y su gobierno en las últimas encuestas.

La ciudadanía, impedida de organizarse sindicalmente o de cualquier otra forma, se aglutina espontáneamente tras la única fuerza social con capacidad de organización, de movilización y de lucha existente en estos momentos: los estudiantes. El gobierno de Piñera yerra rotundamente al no querer advertir este hecho y al no acoger las demandas estudiantiles, las que van, ciertamente, mucho más allá de requerir un aumento de recursos económicos para la educación. Limitarse a arrojar supuestos 4000 millones de dólares sobre la mesa, es la constatación de que el gobierno no entiende  -mejor dicho, no quiere entender-  se qué trata la movilización estudiantil.

El problema

Ya hemos dicho en muchas oportunidades anteriores que la realidad política, social y económica que agobia a los ciudadanos y conscuentemente, a los estudiantes,  tiene una causa política y jurídica fundamental, bien concreta: se llama Constitución Política de 1980. Es este documento programático del Estado el que determina  – por ejemplo-  la marginación de la ciudadanía de toda ingerencia en la gestión del poder político, la existencia del perverso sistema electoral binominal, la imposibilidad práctica de la sindicalización, una condición laboral esclavizante, la existencia de salarios de miseria, la entrega de las riquezas naturales y las empresas del Estado a manos privadas, la eliminación de la educación pública, la mala calidad y la existencia del lucro en la educación, etc., etc.

Sin embargo, junto a esta causa documental, existe también una causal humana, la que es la causa primera de la existencia de esta Constitución antidemocrática: el conglomerado social y político que hace 37 años asaltó el poder violentamente y que con armas en la mano, con tortura y con terror, la impuso fraudulentamente en 1980. Hoy, es el mismo conglomerado y sus herederos físicos y espirituales, quienes reciben y administran las prerrogativas y beneficios que esta Constitución aberrante les entrega de modo exclusivo.  Consecuentemente, la defienden con dientes, uñas y muelas y se resisten a cualquier cambio que pueda afectar sus privilegios. Es este hecho y no otro el que crea la demagogia congénita, la hipocrecía y la ineficacia que caracterizan al gobierno actual. De aquí proviene también la increíble palabrería hueca del Presidente en ejercicio.

Las demandas estudiantiles no pueden hacerse realidad sin morder –siquiera parcialmente-  ese muro de injusticias y abusos legales que es la Constitución Política de Pinochet. El quehacer político nacional no puede tener tampoco como objetivo primordial el perfeccionamiento de la injusticia por medio de una eterna aplicación de “parches” sobre dicho muro. Sin cambios estructurales no hay cambio posible y los gobiernos de la Concertación se dieron el lujo de dar prueba de ello durante veinte largos y vergonzosos años.

El comienzo de la solución

Es por ello que hemos sostenidos en artículos anteriores -y seremos majaderos al repetirlo una vez más-  que no hay para la ciudadanía en el día de hoy, tarea política más urgente ni más decisiva que la creación de una nueva Constitución Democrática y Democratizadora de la vida nacional. Afortunadamente, la inicial sordera de la ciudadanía a este llamado y al de muchos otros chilenos, comienza poco a poco a decrecer y a vislumbrarse como tarea ineludible de hoy o de mañana, incluso en las demandas estudiantiles.

Hay quienes sostienen que la ausencia de una fuerza política identificable con este objetivo constituye una dificultad. decisiva en el logro de éste. Ciertamente, es necesario convenir que no existe en la clase política que ejerce o ha ejercido el poder político en los últimos veinte años, ningún partido que pueda adscribirse hoy a un propósito que les es ajeno o que ha sido eludido por ellos deliberadamente, a pesar de los múltiples pero  inconexos clamores ciudadanos. Sin embargo, aunque lo parezca, no es la ausencia de un organismo político gestor la dificultad fundamental de dicho propósito, pues nada puede adquirir vida o estructurarse en torno a un vacío conceptual. La motivación es anterior a toda acción. Debe admitirse por tanto, que una idea central con fuerza propia puede crear paulatinamente sus propios adherentes y difusores y en una etapa posterior, incluso, su propia organicidad. Consecuentemente, antes que nada, se hace necesario  -más aún, indispensable-  la creación de un referente en torno al cual sea posible estructurar no sólo las aspiraciones estudiantiles por una mejor educación, sino las de toda la ciudadanía por una auténtica democracia.

Dicho referente no puede ser otro que un esbozo de proyecto constitucional, un anteproyecto de constitución plenamente democrático, alternativo a la vigente Constitución Antidemocrática de Pinochet. La ciudadanía necesita contrastar en términos documentales claros y exactos lo que significa ser un ciudadano/a castrado de sus derechos naturales, legítimos y soberanos, con la manera en que se expresaría su condición de  ciudadano de plenos derechos y atribuciones bajo una constitución plenamente democrática. Por eso, este anteproyecto debe constituir al mismo tiempo que una proposición política, un instrumento para la información, para el debate y para la educación cívica de la ciudadanía, en materias relativas  -por ejemplo-  al ejercicio de la política, a la ética política, a la democracia participativa, al concepto y ejercicio de la soberanía, a los derechos humanos, a los deberes y derechos ciudadanos.

En esa dirección, vislumbramos en primera instancia, un enunciado documental de los principios democráticos básicos que deben regir la vida comunitaria de la sociedad chilena y que coloque al ciudadano/a como sujeto y protagonista fundamental de la vida política nacional , en consecuencia, que reestablezca  su abolida condición de  titular efectivo de la soberanía de la Nación; un enunciado de las normas elementales que deben ser observadas para la realización factual de dichos principios, sustentadas en la más alta ética humana y política y en el más pleno ejercicio de la razón y del sentido común; un enunciado de las bases democráticas de la organización institucional y de los poderes del Estado, además de las directrices necesarias para la democratización permanente de la vida en comunidad y de la actividad del Estado. En fin, un planteamiento conceptual y orgánico preliminar, el que podrá ser enriquecido de modo gradual con el aporte de personas y organizaciones sociales y de trabajo y que paulatinamente pueda constituirse en el borrador de un proyecto de carácter constitucional.

La actual carencia de una bandera de lucha semejante es uno de los factores que provoca que el 80% de la ciudadanía adopte como suya la bandera estudiantil, aún cuando ella no abarca la totalidad de la problemática social que la afecta. La necesidad de un proyecto constitucional democrático que pueda aglutinar y organizar horizontalmente a la ciudadanía, en el espíritu de los “indignados” de todo el mundo, se hace cada día más evidente y más fuerte. Y es la misma ciudadanía la que debe afrontar con sus propios recursos e imaginación, la creación de su propio proyecto de Constitución Democrática y Democratizadora para Chile. §