Educación pública y de calidad, es lo que el gobierno y sus ministros no entienden

El gobierno insiste en mantener su posición ideológica, proponiendo políticas y medidas en educación que continúan alimentando el sistema económico que heredamos de Pinochet. Un sistema socioeconómico fortalecido y remozado con los nuevos ministros UDI, intentando convencernos que es el ideal de paradigma social al que podemos aspirar, algo así como el único modelo de organización de la sociedad,.

Este discurso repetido y puesto en practica en los últimos (casi) 40 años, ha servido para crear y consolidar un modelo de acumulación de riquezas sin comparación con épocas pasadas, pero con una distribución de esa riqueza de manera tan desigual, que somos uno de los países en el cual existe mayor desigualdad e inequidad.

La perspectiva neoliberal de los promotores de este sistema es estrecha, no va mas allá de la receta de crecer y crecer económicamente, alimentando un circulo virtuoso que no es tal, de inversión, crecimiento y mas riqueza. Pero en la práctica un crecimiento que no es ni lo ha sido para todo el país, ni menos para elevar la calidad de vida de sus ciudadanos, por el contrario, lo que ha hecho es enriquecer mas y mas a un reducido numero  de empresarios,  banqueros y financistas al cual ellos representan.

Este modelo económico no solo ha corroído hasta los huesos la vida y la convivencia nacional, sino que ha desvalorizado el principio de la democracia representativa, un hombre un voto, reemplazándola por el principio de un billete un voto. La capacidad de decidir es en función de la condición económica que posee la persona, lo que ha logrado reducir la esfera de la participación política de los ciudadanos y obtener un consenso pasivo, demostrando que la minimización de la función estatal a través de la «mano invisible» del mercado necesita de una sociedad siempre más autoritaria, por lo tanto la democracia política no es un objetivo consustancial del modelo.

En este contexto esta funcionando el estado, en acuerdo a la filosofía de criminalizar al movimiento social, fortaleciendo su rol de gendarme  y alimentando el carácter represivo de las fuerzas policiales. Esto ha hecho que la «democracia liberal» se desperfile cada día mas, es decir, la «profundización de la democracia» tan propagandizada por el discurso hegemónico neoliberal, no es de ninguna manera el «gobierno del pueblo para el pueblo», entendido como un sistema político-social basado en el respeto de todos los derechos humanos.

Por todo esto ya no es posible el cuento de que el acceso a la riqueza social, sólo de logra a través del mercado autorregulado, señalado como el único modelo que según los neoliberales asigna racional y eficazmente los recursos disponibles y que actúa como regulador de la economía y la sociedad. Lo que no entiende este gobierno sordo y ciego es que los chilenos ya no queremos seguir siendo victimas de un sistema económico usurero, que ellos crearon y que la concertación administro de manera ejemplar, un modelo para el cual los derechos económicos y sociales son «falsos derechos».

Insisten en su dogma ideológico como lo demuestra el Ministro UDI de Economía, quien para resolver el gran robo de “la Polar”, propuso con bocinas y nueva música, fortalecer “la autorregulación” de las empresas del retail. Aduciendo nuevamente al embuste que las fuerzas económicas son las que tienden por si mismas al equilibrio y la autorregulación.

Los discursos exitistas de Piñera ya no son suficientes, el modelo de racionalidad neoliberal esta haciendo agua por todos lados, por lo cual ya no podrán seguir asignando impunemente los recursos de todos los chilenos a los ricos usureros que se adueñaron del país a través del mercado, asumiendo un rol de regulador de las decisiones sociales y hasta como conductor de políticas, desplazando al Estado y reduciéndolo a su mínima expresión. Una lógica en la cual los objetivos primordiales son el individualismo, la atomización social y el predominio de las élites, sin preocupación alguna por la justicia social.

Con esta “caja de herramientas” el Ministro de Educación anuncio unas medidas para resolver la crisis de la educación en Chile, que van en la línea de lo que ya había anunciado unas semanas antes Piñera con su GANE, ambos sin salirse un ápice de la racionalidad neoliberal. El resumen es que el sistema educativo sigue siendo analizado en relación a las ideas economicistas de eficiencia, eficacia y calidad, esta ultima bajo la lógica Mc Donald, es decir “mala pero adictiva”, asignando sellos de distintos colores para distinguir a los actores según rangos eficientistas de ventas económicas logradas.

A diferencia de lo que queremos la mayoría de los chilenos, se considera a la educación como producción de capital humano, como inversión personal, la cual debe por lo tanto, ser rentable en términos económicos. Para el ministro de educación la educación publica será siempre cara y de flacos resultados, de elevado costo personal y social, sin beneficios económicos porque no se adapta al mercado ni a la producción. Dicho de otra manera, anacrónica porque no atiende a la opinión e intereses de los empresarios.

Por estas razones en la propuesta del gobierno siguen estando presentes los siguiente principios mercantiles: la sustitución de la definición de la educación como derecho por la educación como mercancía. La educación como una empresa necesariamente rentable. La definición del hombre como medio y no como un fin al quedar reducido a una vulgar y despersonalizada definición de «recurso humano». La educación como un derecho pero a la vez una mercancía

En este contexto la propuesta del gobierno carece de perspectiva estratégica y no está a la altura de una política educacional para el país. Lo que estamos pidiendo los chilenos, con sus estudiantes a la cabeza, es una educación  publica y de calidad, en ningún caso remendar un sistema que ya no aguanta un parche mas, bajo el lema engañoso de una educación de calidad a secas.

Queremos que la educación se entienda como un derecho para todas las personas que viven en el país, cimentándolo en los conceptos de igualdad y equidad, un sistema en el cual la escuela y la universidad, sus profesores y alumnos pasan a ocupar un lugar central en el desarrollo del país. Así entonces lo que debe quedar escrito en la Constitución es el derecho a una Educación Publica y de calidad independendientemente de que siga existiendo la educación privada para quienes la puedan y quieran pagar.

Debe ser así porque en una sociedad cuando no hay una educación publica no hay democracia como forma de vida, así de simple, ya que no se garantiza la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Para que funcionen las instituciones democráticas, éstas requieren de un ciudadano con capacidades de participar en la vida pública y de ejercer sus derechos políticos, para lo cual debe conocer y juzgar sus opciones.

Sigue a lo anterior que la educación pública esta directamente vinculada al desarrollo económico del país, para lo cual es necesario garantizar una educación a partir de las necesidades nacionales. Esto implica considerar las riquezas nacionales y sus recursos como fuentes permanentes de financiamiento de la educación (de calidad) para todos los chilenos, (as).

No basta prometer como lo hace este gobierno 4 mil millones, lo que debe quedar aclarado es el sistema de financiamiento permanente para la educación y en el futuro. Es bueno recordar que Chile está entre los países con menos gasto público en Educación en el mundo, como porcentaje de la riqueza que produce al año.

En este sentido es bien difícil concretar el anuncio permanente de este gobierno de  llegar a ser un país desarrollado en la próxima década, si el gasto en educación, que es la principal vía para lograrlo, es apenas de un 0.3% del PIB, unos USD 780 millones. Cabe señalar que la mitad de ese gasto se destina a instituciones públicas, el resto está dirigido a la educación subvencionada es decir al mercado privado  de la educación.

Los 4 mil millones que esta ofreciendo el gobierno como financiamiento es una propuesta de corto plazo, sustentado en el presupuesto fiscal y los excedentes del cobre. Por eso lo que se esta pidiendo es un sistema de financiamiento permanente, que garantice recursos suficientes a nuestro sistema educacional, el cual debería proceder de los excedentes del cobre y de una reforma tributaria, por ejemplo al Impuesto a la Renta de Primera Categoría, incrementando este tributo del 17% al 20% como mínimo.

Si se lleva el impuesto de primera categoría del 17% al 20% esto le reportaría al país cerca de USD 1.700 millones adicionales, permitiendo sustentar en gran medida los USD 2.600 millones que el Estado de Chile necesita gastar en educación si desea igualarse al 1.3 PIB que presenta la OCDE.

Pero siguiendo el fundamentalismo neoliberal, el gobierno particularmente la UDI no va a estar  de acuerdo con esta propuesta, ojala cambien de opinión, porque según ellos la idea de una reforma tributaria “esta asociada a un déficit” y en el momento actual el gobierno no tiene un problema de recursos. Además son temerosos a que este mecanismo se asuma como permanente, afectando los intereses de las empresas que representan.

Respecto de la calidad, este es un concepto que debe ser bien analizado, mas aun si va a quedar como uno rector de la educación en el país, para esto la definición de la calidad en la educación debe superar el reduccionismo eficientista económico, porque el juicio de la eficiencia no se puede realizar solo a partir de criterios que salen de la lógica económica, sino que a partir de criterios que se originan en la lógica educativa y pedagógica.

En rigor la calidad es una categoría empresarial, cuya definición (de la calidad) no es única ya que se trata de una apreciación subjetiva, su definición se refiere a “una cualidad y propiedad inherente de las cosas, que permite que éstas sean comparadas con otras de su misma especie”. Pero no hay una sola dimensión de la calidad, si nos referimos a un producto, la calidad permite  diferenciarse cualitativa y cuantitativamente respecto de algún atributo requerido. Si nos remitimos al usuario, la calidad implica satisfacer sus necesidades y deseos, esto quiere decir que la calidad de un producto depende de la forma en que este responda a las preferencias del cliente. ( También puede decirse que la calidad significa aportar valor al cliente, consumidor o usuario).

Todos estos conceptos conforman la base del sistema de acreditación en chile y su aplicación mecánica a la educación, ha permitido que lo que hasta ahora se ha impuesto en el país con la Ley de Acreditación de la Educación Superior, es un predicamento político que responde tal como se esta empleando, a los fines mercantiles de la reforma de la educación que se pretende imponer. En términos generales la ley exige para que una universidad se acredite esta debe cumplir con tres requerimientos específicos; la Autorregulación, el  Aseguramiento de la Calidad y unos Propósitos declarados.

Cumpliendo con estos requisitos las instituciones universitarias logran la acreditación por un periodo de tiempo especifico, obteniendo el documento de “ credibilidad” que les homologa a sus pares en el mercado. En la practica aquí también se aplica el principio de la autorregulación introduciendo en la política universitaria el dogma neoliberal, aquel que reza que los mercados no deben ser intervenidos y que mientras más desregulados son más eficientes.

En el sistema  de acreditación la política de autorregulación significa que la universidad disponga, no se les exige, de políticas, mecanismos y controles que velen por el cumplimiento de los “propósitos declarados” por ella. Por lo tanto bajo estos predicamentos la desregulación no es mas que una cuestión ideológica, que implica que las entidades actuantes en el mercado pueden vigilarse de forma eficaz a si mismos.

Pocas universidades trabajan realmente la gestión de la calidad como sistema integral, la diferencia no es menor, la gestión de la calidad exige al que pretende certificarse, que someta a prueba su sistema con las partes interesadas con las cuales interactúa. Obligándose a la exigencia de construir procesos, evaluarlos y dar cuenta de una construcción de la calidad y de una cultura que permite la continuidad de tales políticas en la institución universitaria.

Así entonces, lo que hace la ley de aseguramiento de la calidad es dejar en manos de la organización educativa, bajo un marco “autorregulatorio” (procedimientos y registros), que esta pruebe que lo que se dice que va a hacer se haga. En este sentido el slogan de “propósitos declarados” resulta al final  de cuentas en una triquiñuela, que se impone a la calidad y a la excelencia, un sistema a través de la cual se intenta homologar a las universidades en el mercado mas allá de su calidad demostrada o constatada .

De esta manera se asimilan universidades que son certificadas por cumplir, hipotéticamente con los requisitos mínimos de docencia o gestión institucional, con universidades que además de docencia, desarrollan investigación y vinculación con el medio, este ultimo como expresión de la necesaria dialéctica entre la universidad y una sociedad que pretende un proyecto de desarrollo compartido por y para todos.

Considerando todo lo anterior, el concepto de la calidad que se establezca debe ser distinto  a lo que ahora se entiende como acreditación universitaria, ( y de la educación). Este sistema debe responder a la educación que chile necesita, a los fines y objetivos de un sistema de carácter nacional, que haga realidad la atención educacional de calidad a los individuos desde su nacimiento hasta la ancianidad, esto es “educación permanente para toda la vida”.

El concepto de calidad que queremos debe garantizar un sistema educacional cualitativamente diferente del actual, con una cobertura que abarque a la población en su conjunto, incluyendo conceptos y principios como los de laicidad, igualdad de acceso, la no discriminación sexual, racial o religiosa y el equilibrio de los programas educativos entre la ciudad y el campo. Además la calidad del sistema educativo no puede ser autorreferente, este debe ser reconocido en referencia a los observadores internacionales —la UNESCO, la UNICEF, la OMS, el PNUD, la FAO, organizaciones no gubernamentales y expertos especialistas independientes.

La calidad debe ser garantizada por agencias independientes en el cual prima la excelencia de indicadores de rendimiento y eficacia del sistema, entre otros: Profesores vs cantidad de alumnos en aula; la tasa de deserción escolar, de repeticiones por curso, número de titulados. Esta calidad también se calibra con los resultados obtenidos en las pruebas internacionales de conocimientos y competencias. La calidad tiene que ver también con los métodos de aprendizaje, pedagógicos o didácticos, con el sistema educativo y la aplicación sistemática de mejoras tales como la introducción de las TIC. Pero sobre todo, la calidad de una institución educativa es medida por la extensión de la enseñanza universitaria a toda la sociedad, para contribuir a la socialización y al acceso al conocimiento. También debe garantizar la inversión en programas de investigación científica e infraestructura, así como la pertinencia de los programas de estudio y carreras  acordes  a la vinculación con el medio. La calidad debe Certificar los gobiernos universitarios y sistemas  de administración eficientes y garantizar el respeto a la ley que no permite el lucro en la educación.

Estos son los cambios que chile necesita y por los cuales hay que seguir luchando.

Dr. Enrique Villanueva M.

Académico experto en calidad

Vicepresidente Centro de Estudios Exonerados Fuerza Aérea _73  CEEFA