El político y el científico

Dos perfiles sociales influyentes sobre el curso de la historia moderna,
que fueron caracterizados por el genio de Max Weber en el pequeño e
imborrable libro que da título a esta nota, convergirán al interior de
la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) luego del acuerdo
suscripto por los presidentes Mujica y Fernández de Kirchner. No es
menor esta distinción tipológica en el posicionamiento del lugar
preponderante de Weber en la fundación de la sociología moderna y la
ciencia política, particularmente de sus versiones críticas y
antipositivistas.

El puente diplomático había sido insinuado por el Presidente Electo
uruguayo al declarar semanas atrás que sería la ciencia y no la política
la que entraría a la planta cuestionada, contribuyendo de este modo a
la postergada liberación del puente físico. El éxito práctico de esta
intervención resulta insoslayable pero lo es mucho más el alcance
superador de las restricciones publicitarias vigentes hasta el momento
y, sobre todo, los antecedentes que funda para la posterior extensión de
los mecanismos de control sobre la producción industrial en general,
cualquiera sea el país o el medio ambiente afectado. En ningún caso debe
olvidarse que el verdadero objetivo es la preservación del aire y las
aguas naturales: el medio ambiente en general por sobre cualquier otro
interés del capital o inclusive de una o más naciones, como en este
absurdo conflicto binacional al que aludimos, cuyo único beneficiario es
el capital pastero finlandés.

Weber concebía al Estado como una entidad que posee un monopolio en el
uso legítimo de la fuerza para la dominación, donde la política será el
modo de influir en la distribución del poder entre los diferentes grupos
que lo comparten. Independientemente de que los fines sean egoístas o
distributivos, la aspiración de la política es el poder, al menos en su
aspecto más sobresaliente. Esta tesis no lleva necesariamente a
minusvalorar la distinción entre política revolucionaria y conservadora.
Inversamente, la de la ciencia es, entre otras, la claridad o, si lo
ponemos en términos propios eximiendo a Weber, el develamiento de lo
oculto.

El matrimonio entre ciencia y política ha estado plagado de
desavenencias e infidelidades. Si bien a la ciencia puede seducirla el
poder y a la política en parte lo oculto, la mutua desconfianza tiene
sus razones en el grado de autonomía que cada una pretende para sí,
sobre todo para darle silente participación a un tercero. A ambos les
encanta seducir por su cuenta al capital y más aún dejarse seducir por
él, en un complejo ménage à trois (hecho no tan bien contemplado por el
sociólogo prusiano). Parte de la complejidad de la relación se debe a
que los científicos, como integrantes del pueblo, inciden directamente
en la designación de los políticos en el ejercicio del poder, al menos
en estados formalmente democráticos, mientras que la política no puede
delimitar la pertenencia al campo científico o, al menos, sus
posibilidades manipulatorias son reducidísimas en esos mismos estados.
Complejos mecanismos de delimitación ejercidos entre pares establecen
las fronteras y jerarquizaciones del campo científico, las
características de la carrera y los mecanismos de movilidad. Tanto en
Argentina como en Uruguay existen distintos niveles académicos en el
plano de la docencia (que comienzan por el ayudante de segunda y
culminan en el profesor titular en el primer caso, y con cinco grados en
el segundo) además de las jerarquías precisas de investigador
científico en cada caso. Llevados al extremo de estanqueidad de los
ámbitos, ni los científicos uruguayos ni los argentinos podrían ser
designados por las instancias políticas sino por sus comunidades y con
sus propios mecanismos de elección.

El acuerdo suscripto por los Jefes de Estado acepta los dos puntos
centrales que reclamaba la posición argentina que consistía básicamente
en poder entrar en la planta de Botnia-UPM y tomar muestras dentro de su
predio. ¿Qué tendría que hacer un político en una planta industrial
cuando ya no hay cintas que cortar? Mujica responde al interrogante
excluyendo parcialmente a los políticos para sustituirlos por
científicos, aunque esto no tenga mucho más agregado práctico que el
simbólico (ya que había científicos o técnicos asesorando en la CARU)
además de fijarle un límite, dado que los científicos podrán ingresar
una vez por mes y no de manera irrestricta, como planteaba la
cancillería argentina. El acuerdo establece que un comité científico,
formado por dos argentinos y dos uruguayos, podrá entrar en la pastera
doce veces al año para controlarla. Pero el monitoreo excede a la
polémica planta para involucrar a todo el río Uruguay en los 500
kilómetros de cauce compartido y “todos los establecimientos
industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al
cauce”, en ambas orillas. También habilita la toma de muestras en el
interior de la planta y el uso de sensores.

Las objeciones que pueden hacerse son varias, pero en ningún caso
deberían concluir en el desprecio al avance que supone este paso, como
parece sostener la asamblea ambiental de Gualeguaychú. Por ejemplo, en
el plano de instrumentación concreta, que no se estableció el tipo
preciso de muestras que se tomarán, ni dónde específicamente. O también
la vaguedad del artículo 2 que atribuye a la “autoridad de aplicación”
la toma de las muestras. Pero el hecho de que algunas variables
permanezcan aún indefinidas no lleva a esta conclusión, menos aún cuando
el punto central del reclamo ambientalista es la evidencia de
contaminación, cosa que requiere inevitablemente de instancias
probatorias como las que se comienzan a implementar. Es preferible que
sean los cuatro científicos quienes lo definan, aún presionados por los
políticos, y no cuatro políticos tironeando ciegamente de una cuerda
imaginaria. Deberá recordarse que uno de los primeros reflejos críticos
de los militantes ambientalistas fue el de cuestionar la contundencia de
las pruebas científicas aportadas por Argentina a la Corte
Internacional. ¿Puede haber victoria más contundente para un ofendido
que la satisfacción aún parcial de la demanda, pero su franca extensión
más allá de los límites de la ofensa original? ¿No es un éxito rotundo
que el medioambiente se controle en donde se sospechó originalmente,
pero también en las propias narices si ese era el objetivo? ¿No es una
conquista el monitoreo de todos los vertederos industriales y agrícolas,
incluyendo a los clientes de Monsanto, sean o no militantes de la
asamblea ambiental?

Pero si tuviera que escoger el mayor logro de este paso, es la
resolución de que la información que se obtenga “será pública,
respetando los tiempos científicos” y en segundo lugar, el hecho de que
se comenzará por controlar a Botnia y a la desembocadura del río
Gualeguaychú, sobre el que está ubicado el parque industrial de aquella
ciudad. Luego el monitoreo se extenderá a las restantes fábricas
argentinas y uruguayas ubicadas sobre el río, lo que es una prueba de
capitalización de la crisis para un mayor control del medioambiente en
general.

El éxito del conocimiento científico no reside exclusivamente en la
agudeza del trabajo del o de los científicos que lo procuran, sino de la
difusión que adquiera y del control que a través de él realiza la
comunidad científica mediante sus endogámicas publicaciones. El
conocimiento científico no puede ser sino público, del mismo modo que
las fuentes sobre las que abreva. El Gobierno argentino presentó su
demanda contra el Estado uruguayo ante la Corte Internacional de
Justicia de La Haya el 4 de mayo de 2006. Al día siguiente, la
Cancillería resolvió que todas las actas emanadas de la CARU y toda la
documentación relacionada con el conflicto pasaran a tener carácter
“reservado”, pero peor aún es que esa resolución (817/06) tenía carácter
retroactivo al 1 de enero de 2002, año de negociación del ex presidente
Batlle con las pasteras Botnia y Ence.

Poco más de un mes atrás, el 27 de junio, sostenía en una contratapa de
este diario que “la construcción de indicadores, la medición de
variables, en suma, la información, constituían un insumo indispensable
para la elaboración de políticas públicas, que, dicho sea de paso,
trascienden a los gobiernos de turno de cualquier latitud o a sus
perfiles ideológicos. De donde deduzco que las materias primas para las
políticas públicas deben ser, necesariamente, de dominio público. Y en
lo que a la actividad de las empresas respecta, el relevamiento y la
publicidad es absolutamente vertebral a la fijación de políticas, por el
carácter “privado” de su actividad”.

Con la firma de este acuerdo, (del que puede deducirse por la cita
anterior mi satisfacción actual) se da el puntapié inicial para el
verdadero debate político que se avecina. Aquél que se desarrolla en el
campo de juego de la información pública y de la publicación de
resultados. Ya había insistido en este mismo sentido respecto a la
información de la Corte Electoral y a su papel insustituible en el
debate político posterior. No es el objeto de análisis el problema sino
la naturaleza pública de las fuentes que delimitan el campo. No se debe
esperar por ello, en ningún caso, consensos automáticos ni fáciles
conclusiones. Menos en este triste caso.

Sólo una herida al chauvinismo, con el cual no hay debate posible ni pasta que valga.

– Emilio Cafassi, es Profesor Titular e investigador en Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires