El discurso sobre los derechos de las mujeres y su indicador: el aborto 

El 9 de diciembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos
entregó al Presidente Piñera su primer informe. La intervención de la Directora del Instituto,
abogada Lorena Fríes, y la de Víctor Abramovich, Director del Instituto de
Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, se refirieron a la
necesidad de abordar desde el enfoque de derechos las desigualdades en cuyo
marco viven actualmente su vida importantes grupos de la población, entre
otros, el de las mujeres. Se señaló: "… hoy observamos que las demandas
sociales por derechos humanos son más complejas y exigentes. Ya no se pide de
los Estados solo el respeto de los derechos. Se demanda también que actúen de
manera efectiva para protegerlos y garantizarlos. Sobre todo cuando la
afectación de los derechos obedece a factores estructurales, por ejemplo
patrones de desigualdad de género, sociales o raciales. Están en juego
conflictos colectivos, la situación de grupos o sectores sociales
desaventajados"[1]. Es sabido que las desigualdades de género expresan
discriminación entre mujeres y hombres en materia de ejercicio y goce de
derechos humanos. Esta sola constatación significa que ni la protección ni la
garantía de los derechos de las mujeres están siendo cubiertas por los Estados.

En la ocasión el Presidente Piñera afirmó enfáticamente en
su discurso: "Debemos mantener y acelerar lo mucho que se ha avanzado en esta
materia en los gobiernos anteriores, pero también acelerar el tranco para
lograr una mayor igualdad en materia de derechos, de libertades, de
oportunidades y también de responsabilidades entre hombres y mujeres en nuestro
país, donde a pesar de lo mucho avanzado, todavía tenemos un largo camino que
recorrer". ¿Es que sus palabras permiten entender que se hace cargo de
injusticias que su coalición se ha empeñado en mantener, priorizando
convicciones ideológicas y religiosas en desmedro de los derechos y libertades
de las mujeres y del Estado laico? ¿Significa que, entre otras acciones,
favorecerá la construcción de mayorías políticas para hacer coherente el
discurso sobre igualdad de derechos entre mujeres y hombres, a través de
legalizar el aborto? ¿Destrabará esta discriminadora herencia de la dictadura
militar? ¿Habrá conexión entre discurso y voluntad política?

El derecho de las parejas a decidir su proyecto
reproductivo, esto es, la cantidad y espaciamiento de hijos/hijas, fue
reconocido para las parejas en la Primera Conferencia
internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Teherán 1968.
Luego, la
Conferencia Mundial de Población y Desarrollo, en Bucarest
1974, reconoció también ese derecho como individual: "Todas las parejas y los
individuos tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el
número y espaciamiento de sus hijos".

En Chile, medio siglo después, el goce de este derecho por
parte de las individuas aún no tiene el alcance que tiene para los individuos.
Cuando los hombres no desean asumir la paternidad ante un embarazo no
planificado y no deseado, abortan de diversas maneras y con múltiples
argumentos. Cuando en las mismas circunstancias las mujeres no desean asumir la
maternidad, o más aún, cuando el embarazo atenta contra su vida o su salud, el
aborto les está negado por ley. Si transgreden esta disposición en un esfuerzo
límite por defender su proyecto de vida ejerciendo su derecho a decidir, son
encarceladas y criminalizadas. ¿Acogerá el Presidente Piñera las observaciones
de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas que piden al Estado
chileno revisar su legislación sobre aborto, así como la demanda de las mujeres
chilenas que sufren esta atroz discriminación en materia reproductiva?

Dos casos impactantes – evidencia de la injusticia -, han
aparecido en los diversos medios en las últimas semanas. El primero, Karen
Espíndola, una mujer anónima y valerosa, a quien el Estado chileno obligó a
llevar a término un embarazo cuyo resultado ha sido un niño con gravísimas
malformaciones que sólo vive para sufrir las 24 horas de cada día, sin
protección o garantías para sus derechos. Posteriormente, Mónica Pérez,
destacada periodista, rostro de TVN, quien debió esperar la muerte in útero del
feto, viviendo una tortura física y psicológica , al igual que la que soportó
obligadamente Karen durante nueve meses. El impacto de la entrevista a Mónica
Pérez ha movilizado las sensibilidades de parlamentarias y parlamentarios en un
arco extremo y la respuesta ha sido un proyecto a la medida del caso.

Es de esperar que en esta ocasión la senadora Matthei y el
senador Rossi se comprometan con la iniciativa y desarrollen la abogacía
imprescindible para construir mayorías. Ya hay muchos proyectos similares
durmiendo en el Parlamento; por diversas razones se presentan, pero luego sus
autoras/es no mueven un dedo para hacerlos realidad.

También es necesario recordar que las mayorías no sólo deben
ser parlamentarias. Para que éstas sean consistentes es preciso construir
mayorías sociales. Se echa de menos la interlocución de la senadora y el
senador con la sociedad civil, y también, la claridad para entender que la
legalización de una causal no restablece el derecho negado a miles y miles de
mujeres que ven su salud atropellada por embarazos que trastocan sus vidas,
pero que no se inscriben en la causal de inviabilidad fetal.

Las mujeres necesitamos que el Estado proteja y garantice
nuestro derecho a decidir.

-La autora es médica, consultora internacional en salud y
género
 Articulación
Feminista por la Libertad
de Decidir

Nota:
[1] Víctor Abramovich

 *Fuente: La
Ciudad de las Diosas