Los verdaderos falsos exonerados

Esta semana, el presidente de un comando de exonerados políticos denunció que hay unas 100 mil pesonas recibiendo beneficios como exonerados políticos sin haberlo sido jamás, y abrió una caja de Pandora cuyos contenidos muchos ya conocían, sospechaban o han intentado ocultar.

Las reacciones fueron insólitas. La Coordinadora Nacional del Programa Reconocimiento al Exonerado Político (PREP) del Ministerio del Interior, Marta Joignant, aseguró que era “imposible engañar al sistema", ya que la Contraloría de la República debía tomar razón de cada caso. Sin embargo, la Contraloría hace sólo eso, “tomar razón” de lo que decide el Ejecutivo; o sea, acusa recibo.

El presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, le hizo un flaco favor a Joignant, y más encima, salió totalmente impune de sus dichos. Dijo que la propia Contraloría habría permitido que las oficinas parlamentarias registraran a indigentes como exonerados políticos como una manera de asegurarles una pensión. ¡Plop!.

Más allá de la exagerada cifra entregada por el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, Raúl Celpa, -porque significaría que dos-tercios de los 145.286 calificados como exonerados políticos está mintiendo-, para nadie es un secreto la variedad de irregularidades en la postulación y otorgamiento de beneficios a exonerados políticos. Irregularidades de las que el PREP por cierto se ha enterado, porque a sus oficinas le han llegado decenas de denuncias a través de los años, denuncias, por lo demás, que se han hecho públicas en la prensa.

Se han otorgado beneficios (pensiones y abonos de tiempo por lagunas previsionales) a personas que nunca fueron exoneradas; se ha falsificado documentación; se han pagado favores y cobrado comisiones; se ha sido poco riguroso y negligente en el proceso de verificación para calificar a un postulante como exonerado; y se han creado “verdaderas mafias” – como me lo describió un profesional del PREP- para lucrar con la desgracia ajena.

Desde la aprobación en 1993 de la primera ley para otorgar beneficios a los exonerados políticos – aquellos que perdieron sus trabajos por razones políticas durante la dictadura militar-, algunos autoproclamados “dirigentes de comandos de exonerados políticos” han cobrado servicios y comisiones por tramitar las postulaciones, a pesar de que el proceso no requiere de intermediarios y es completamente gratuito. Otros han falsificado documentos y/o han inscrito a personas que no cumplen con los requisitos, y sobre esto, basta recordar las denuncias públicas en las Provincias de Osorno y Llanquihue el año pasado.

En Río Negro, Fresia y Puerto Montt, entre otras localidades, se denunció que autoridades comunales estaban tramitando y cobrando comisiones indebidamente por postular a exonerados. En algunos casos, se cobraba una comisión considerable a exonerados verdaderos que postulaban a beneficios. En otros, se falsificaba documentación para postular a exonerados falsos, incluyendo la invención de “asentamientos”, ya que la ley también acoge a quienes fueron despojados de sus tierras. A algunos de ellos también se les estaba cobrando una comisión.

Se habló de más de 100 casos fraudulentos. El diputado Fidel Espinoza dijo al Diario Austral de Osorno (5 marzo 2007) que los mismos beneficiarios le habían informado que “algunas autoridades comunales les han cobrado para hacerlos partícipes de este programa, cuyo ingreso es gratuito, y que en algunos casos, las incorporaciones han sido fraudulentas para hacerles entrega de beneficios que no les corresponden”. Entregaron nombres y apellidos, y denunciaron detalladamente la situación al PREP.

Pero tal vez donde más se viola el espíritu de la ley del exonerado político es en relación a militares golpistas y políticos de derecha. 

Una segunda ley sobre exonerados aprobada en 1998 amplió el universo de potenciales beneficiarios para incluir a funcionarios del Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, entre otros. Esto permitió que cualquier parlamentario que hubiese quedado sin trabajo el 12 de septiembre de 1973 –porque fue clausurado el Congreso- podría postular a beneficios como exonerado. Y así postularon y lograron pensiones y abonos de tiempo varios parlamentarios que pública y notoriamente instaron al golpe militar y apoyaron a la dictadura.

En cuanto a los militares, la ambigüedad de la ley los favoreció. Podrían postular muchos, ya que la ley hablaba de exoneraciones “debido a cambios en el orden institucional”. No preguntaba si eran golpistas o no golpistas, si habían sido miembros o colaboradores de la DINA o la CNI, o si habían torturado, asesinado o desaparecido a personas.

Esto provocó una verdadera avalancha de postulaciones entre 1998-2000. Sólo del Ejército postularon más de 1.200 oficiales en retiro; muchos sólo querían mejorar sus pensiones. La mayoría de las veces, dicen en el PREP, bastaba con el aval o patrocinio de algún político o abogado para calificar.

En la época, la persona encargada de evaluar los antecedentes presentados por cada postulante y recomendar su calificación era el Jefe Técnico del Programa, Luis Salinas Rojas, segundo en el PREP. No fue terriblemente riguroso en la calificación ni en el mantenimiento de los archivos con los antecedentes y documentación que respaldaría la calificación de exonerado. 

En diciembre de 2003, cuando uno de los “exonerados” que Salinas había aprobado calificar fue procesado como cómplice del asesinato, se desató un terremoto al interior del PREP. Se buscó desesperadamente el archivo del “exonerado” para ver sus antecedentes, pero nunca se encontró. En el PREP se dieron cuenta de que había varios casos que se “les habían pasado”, y se pusieron a buscar y ordenar las carpetas con la documentación de respaldo para revisarlas caso a caso. Sin embargo, muchas carpetas de los militares calificados como exonerados políticos no se encontraron, y siguen sin aparecer, si es que alguna vez existieron. Muy poco después, Luis Salinas se fue raudamente del PREP, pasando a un cargo gerencial en el INP. 

Así fue que solicitaron y consiguieron beneficios de exonerados algunos militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, ex parlamentarios de derecha que conspiraron activamente para el golpe militar, y funcionarios de la Junta. 

Estos son algunos de ellos:

Rafael González Verdugo (también “Berdugo”), ex agente civil del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA). “Espía” de carrera, tras el golpe militar, fue ubicado en el Departamento II (Inteligencia) del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN). En diciembre de 2003, fue procesado como cómplice de homicidio calificado del estadounidense Charles Horman, ejecutado en septiembre de 1973. Fue calificado como exonerado político de la Fuerza Aérea en noviembre de 1999 y recibe una pensión de $464 mil pesos.

Edwin Dimter Bianchi, ex teniente de Ejército, participó en el “tanquetazo” en contra del gobierno de Salvador Allende (junio 1973). Tras el golpe militar, fue enviado como represor al Estadio Chile. Una investigación de esta periodista confirmó que Dimter era el oficial al que los prisioneros políticos del Estadio Chile llamaban “El Príncipe”, a quien acusan de dar muerte a Víctor Jara, aunque esto no se ha comprobado judicialmente. Fue citado a declarar en la causa de Jara en 2006 en calidad de imputado. Dimter fue dado de baja en 1976, y consiguió trabajo en el Ministerio de Obras Públicas. En 1985, ingresó a la Superintendencia de AFP, escalando posiciones hasta lograr un alto cargo de confianza. Postuló como “exonerado político” en febrero de 1999, y fue calificado como tal un año después, recibiendo un abono de tiempo de 11 meses y 29 días. Sin embargo, tras la revelación pública de su pasado y una ruidosa funa en su lugar de trabajo, fue despedido de la Superintendencia de AFP y el PREP le quitó el beneficio.

Patricio Kellet Oyarzún, ex capitán de Ejército, jefe de inteligencia del Regimiento Cazadores de Valdivia en septiembre de 1973. Posteriormente, fue jefe de gabinete del general Roberto Guillard. Dejó el Ejército en mayo de 1986. Fue calificado como exonerado político en marzo de 2002, gracias a una carta de patrocinio del ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Luis Toro. Una carta corta, manuscrita, que acreditaba que era un buen tipo. El Jefe Técnico, Luis Salinas, conocido de Toro, entonces recomendó su calificación como exonerado político.

Horacio Toro Iturra, ex general de Ejército. Tras el golpe militar, fue designado por Pinochet como segundo jefe del Comité Asesor de la Junta de Gobierno (COAJ). En 1975, fue agregado militar de la Junta en Francia. Pasó a retiro en 1978, y fue calificado como exonerado político en mayo de 2002. Se benefició con un abono de tiempo de 54 meses.

Enrique Cruz Laugier, comandante del Grupo de Artillería del Regimiento Tacna al momento del golpe militar. Ese día, atacó el palacio presidencial con artillería. Se retiró del Ejército en septiembre de 1987, y postuló a los beneficios de exonerado político, siendo calificado como tal en enero de 2000. Fue jefe de seguridad del Senado hasta 2004, cuando un reportaje de La Nación Domingo reveló su pasado. Hoy recibe una pensión como exonerado político.

Al que no le resultó la movida fue al ex oficial de Ejército Salvador Ballas Siglic. Postuló a los beneficios para exonerados siendo que él fue sumariado y dado de baja del Ejército antes del golpe, y por golpista. Ballas había participado vestido de uniforme en la manifestación de mujeres en contra del entonces Comandante en Jefe del Ejército general Carlos Prats, frente a su casa, en agosto de 1973. Pinochet, quien reemplazó a Prats, ordenó su baja, pero la tramitación demoró y el decreto fue emitido seis meses después del golpe militar, por lo que alcanzó a estar en el periodo para postular como exonerado. Alegó que la baja fue motivada por razones políticas, pero el Programa lo rechazó. Indignado, envió una carta acusando al PREP de discriminación.

Y los civiles…

Sergio Onofre Jarpa Reyes, ex senador del Partido Nacional y activo promotor del golpe militar. Fue embajador de la dictadura y también su Ministro del Interior. Fue calificado como exonerado político en julio de 2000 y recibió el beneficio de abono de tiempo de 35 meses.

Hermógenes Pérez de Arce Ibieta, ex diputado del Partido Nacional, férreo defensor del golpe militar y del general Pinochet hasta el día de hoy. Colaboró en las comisiones legislativas de la Junta Militar, y es columnista eterno de El Mercurio. Pidió ser calificado como exonerado político y lo logró en febrero de 1999, pero no obtuvo ningún beneficio porque nunca perdió trabajo – no tenía lagunas previsionales.

Juan de Dios Carmona Peralta, ex senador de la Democracia Cristiana, apoyó el golpe militar y luego fue Consejero de Estado de la Junta Militar. En 2001, recibió la Condecoración 11 de Septiembre de parte de la Corporación 11 de Septiembre. Fue calificado como exonerado político en febrero 1999 y desde entonces recibe una pensión de $644.000 pesos.

Mario Arnello Romo, ex diputado del Partido Nacional, apoyó el golpe y fue un entusiasta hincha de Pinochet. Fue calificado como exonerado político en noviembre 1999, con una pensión de $611.000 pesos.

Tal vez ahora sea un buen momento para volver a buscar esas carpetas.
28 noviembre 2008