Inmigrantes, crisis económica y legitimidad ciudadana

La crisis económica mundial ha resuelto una de las paradojas centrales de la relación entre los inmigrantes y los principales países receptores. Hasta la crisis, los gobiernos de estos países enfrentaban la dualidad de una estructura productiva demandante de fuerza de trabajo inmigrante para cubrir las ocupaciones que son rechazadas por los trabajadores nativos, y una sociedad civil exigiendo que se restrinja la entrada de inmigrantes. La crisis ha permitido resolver lo que algunos han llamado la paradoja de la necesidad del inmigrante indeseado.

El fin de la paradoja no se debe, sin embargo, a un giro favorable a la inmigración en la percepción de las sociedades civiles, sino a una desaceleración de la demanda de fuerza de trabajo inmigrante. De modo que si las demandas de la estructura productiva y las de la población local coinciden, es porque el rechazo de esta última encuentra ahora, un fundamento material en la contracción de la oferta de empleos degradados. 

No es casual que en parte importante de estos países se estén implementando políticas migratorias orientadas a empujar a los inmigrantes hacia afuera y a impedir que sigan ingresando. En el Estado español encontramos ejemplos claros de este tipo de políticas: se ha recortando el número de ocupaciones para las que se otorgan permisos de trabajo, se ha implementado un programa de “retorno voluntario” para los inmigrantes desempleados, y se han suprimido los planes de reclutamiento de inmigrantes en los países de origen. Esta voluntad explicita de empujar hacia afuera a los inmigrantes, ha puesto en evidencia que toda la legitimidad con que contaban, estaba sujeta a al aporte neto que realizaban con su trabajo a la economía local. Sostener la legitimidad de los inmigrantes en un argumento como este, implica asumir de antemano que cuando su contribución pase a ser menor que el gasto que suscitan, es legítimo, si no expulsarlos, al menos empujarlos hacia afuera.

Ahora bien, estas políticas no son cuestionables solo por su fundamento, sino también porque su ineficacia, supondrá un incremento en la precariedad y las desprotección de los inmigrantes. Su previsible fracaso se debe a dos motivos: 

Primero, la perspectiva de vivir una crisis económica en un país desarrollado, es preferible que hacerlo, en el mejor de los escenarios imaginables, en los países de procedencia. El impacto que está teniendo la crisis en España, para seguir con el ejemplo, por intensa que sea, no se acerca ni en intensidad, ni lo hará en sus consecuencias, a las crisis que vivieron muchos de los países de procedencia de los inmigrantes desempleados que pueden optar al programa de “retorno voluntario”. Baste recordar cómo abandonaron el siglo pasado países como Argentina y Ecuador, o incluso Colombia y Perú, para entender por qué resulta verosímil plantear que ante una crisis económica que se presenta como mundial, los migrantes de estos países entenderán que es preferible quedarse donde están, que volver a sus sociedades de procedencia.

Segundo, las políticas de recorte de los permisos de trabajo van a suponer una intensificación del desplazamiento de los inmigrantes hacia la economía informal. Es un hecho consensuado entre los especialistas, que el principal mecanismo de acceso de los inmigrantes a los mercados de trabajo de las sociedades receptoras, son las redes sociales. Igualmente demostrado está el hecho de que las redes migratorias son eficientes independientemente de su grado de institucionalización. Los contactos informales son tanto o más funcionales que las asociaciones u organizaciones que forman parte de las redes. De manera que unas políticas de recorte de los mecanismos formales de acceso al empleo,  redundará en un reforzamiento de los vínculos informales de las redes y en un incremento de la irregularidad en el reclutamiento de trabajadores. 

Más allá del probable fracaso de estas políticas, el problema de fondo que debe plantearse no consiste ciertamente en buscar unas políticas más eficaces, sino en cuestionar el principio que gobierna la legitimidad ciudadana de los inmigrantes. Si esta legitimidad se basa solo en el aporte económico derivado de su desempeño en el trabajo; el principio del ius laborans, su reconocimiento queda sujeto a la contingencia, y funda una desigualdad estructural con la población autóctona. Si por el contrario, la legitimidad del inmigrante se construye sobre la base de un reconocimiento social y político en virtud de su condición de residente, entonces, estaremos frente a una reconfiguración global del fundamento de la ciudadanía. Los principios del ius sanguinis y el ius soli están obsoletos, y el ius laborans, es insuficiente. La introducción del principio del ius domicili, supondría la apertura de las comunidades políticas a una nueva forma de ciudadanía, más pluralista, igualitaria y menos a contracorriente de unos procesos sociales nuevos, que desde abajo, tienden a borrar los contornos de la nación.

Coordinador de Tesis del Programa de Doctorado PROSPAL
Arena Pública, plataforma de opinión Universidad ARCIS
Enviado a piensaChile por le periodista Jordi Berenguer