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El trasvase de la maldición

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São Franscisco es uno de los ríos mas grandes de Brasil. El Gobierno quiere su trasvase, contra la voluntad del pueblo de la cuenca, a pesar de la huelga de hambre hasta la muerte de un obispo muy popular. Aquí están las razones en contra el trasvase.

El Gobierno brasileño, a través del Ministerio de Integración Nacional, ha declarado que «va a salir del campo de la retórica» y va a proceder ya a la licitación de las obras de trasvase del río San Francisco, presupuestadas para esta etapa en 100 millones de reales (48 millones de dólares estadounidenses). Eliminados los obstáculos legales, disuadido el obispo que hizo huelga de hambre, Dom Luiz Flávio Cappio, y con el discutible aval del Instituto Brasilero de Agricultura y Medio Ambiente (IBAMA), el Gobierno pretende realizar ahora el trasvase. El argumento de base es emocional: «no se puede negar un jarro de agua a 12 millones de víctimas de la sequía».
Exactamente con la intención de dar agua al triple de víctimas se debe cuestionar este proyecto. Baso mis datos en un artículo publicado el día 23 de febrero en O Estado de São Paulo del respetable periodista Washington Novaes «Un nuevo desfile y la misma fantasía», y en otras fuentes.

El apoyo principal al proyecto fue dado por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, donde el gobierno federal, él solo, tiene la mayoría de los votos. Por el contrario grandes especialistas en el área como los profesores Aziz Ab’Saber y Aldo Rebouças de la Universidad de São Paulo, Abner Curado de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte, João Suassuna de la Fundación Joaquim Nabuco… demostraron que el problema del Semiárido es más de gestión que de escasez.

La Agencia Nacional de Aguas (ANA) mostró que se puede abastecer a los municipios sin tener que transvasar las aguas del río. El IBAMA, que dio el aval, proporcionó, sin querer, argumentos contra el proyecto. Reconoce que el 70% del agua sería para riego y el 26% para el abastecimiento de ciudades; que la mayor parte del agua transvasada iría a embalses donde se pierde hasta el 75% por evaporación; que el 20% de los suelos que se pretende regar «tienen limitaciones para el uso agrícola» y «el 62% de los suelos necesitan control, por causa de su fuerte tendencia a la erosión».

El Tribunal de Cuentas de la Unión dice que el proyecto no beneficiará al número de personas pretendido. Efectivamente, las comparaciones entre los proyectos del Gobierno y de la ANA, hechas por Roberto Malvezzi, buen conocedor de la cuenca del San Francisco, demostró que el del Gobierno costaría 6.600 millones de reales, atendería solamente a cuatro Estados (Pernambuco, Paraíba, Río Grande del Norte y Ceará) y beneficiaría a 12 millones de personas de 391 municipios, mientras que el proyecto de la ANA costaría 3.300 millones, alcanzando a nueve estados (Bahía, Sergipe, Piauí, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará y Norte de Minas), beneficiando a 34 millones de personas de 1.356 municipios.

El propio Comité de Gestión de la Cuenca, que conoce bien la situación del río, estuvo en contra del trasvase por 44 votos contra 2; dice además que éste atendería a menos del 20% del Semiárido y que el 44% de la población del medio rural continuaría sin agua. Son razones de mucho peso.

Si el Gobierno quiere efectivamente llevar agua a los sedientos del Nordeste debe reabrir la discusión pública, o si no, asumir el proyecto de la ANA. De no ser así, podemos contar con una nueva huelga de hambre del obispo. Entre el pueblo, que no quiere el trasvase, y las presiones de autoridades civiles y eclesiásticas, él permanecerá al lado del pueblo. E irá hasta el final. Entonces el trasvase será el de la maldición, hecho a costa de la vida de un obispo santo y evangélico. ¿Estará el Gobierno dispuesto a cargar con esa mancha a lo largo de todo su futuro?
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