De qué revolución nos hablan

En las reformas educacionales impulsadas por el Gobierno hay
muchas iniciativas dignas de elogio y aplauso, pero todavía no se entiende bien
si éstas van a reforzar el compromiso del Estado o le van a seguir endosando a
los privados la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones. Es público
y notorio que los gobiernos de la Concertación favorecieron el desarrollo explosivo
de establecimientos particulares con subsidio del fisco, mientras descuidaron
gravemente la educación pública primaria y secundaria. Lo mismo que ocurrió con
las universidades, donde los favores del Ministerio de Educación al sistema
privado restringió severamente los presupuestos que debieran destinarse a las
entidades del Estado, en beneficio de los establecimientos que, aunque tienen
prohibido el lucro, se han constituido en magníficos negocios sin acreditación
y supervisión seria. No es de extrañar, entonces, que una vez que dejan sus cargos
en el Gobierno, diversas personalidades deriven como sostenedores de colegios
particulares o miembros de las planas ejecutivas de las universidades privadas.
Tal como otras autoridades del área económica toman asiento después en los
directorios de los bancos y las sociedades anónimas.

Si los gobiernos concertacionistas sacralizaron el modelo
económico de la Dictadura,
y nuestro Estado siguió reduciéndose en 20 años de post pinochetismo, es dable
esperar que un gobierno de centro derecha continúe en la misma senda, aunque a
ratos actitudes y medidas de Piñera provoque en los opositores, y en la propia
Izquierda,  la sensación de que les están
robando sus "banderas de lucha". Con todo, nada hace prever que la actual
administración nos vaya a sorprender con una "revolución" educacional,
institucional o económica. Quienes ahora nos gobiernan también siguen con los
ojos nublados a una realidad nacional y mundial que constata la importancia del
estado rector, la solvencia de las políticas públicas, como la probidad de las
empresas fiscales.

Pruebas palmarias de esto es que la empresa más lucrativa y
que más beneficios les reporta a los chilenos es Codelco, cuya actividad
sostiene el erario público a diferencia de las empresas extranjeras y privadas
que vacían nuestros yacimientos y escatiman el pago de impuestos dignos. Lo
mismo que ocurre con la
Universidad de Chile que se mantiene como el plantel
principal, de mayor calificación y reconocimiento nacional e internacional,
pese a todas las expoliaciones de la Dictadura y los gobiernos que la siguieron.
Expresión de ello es, también, la capacidad demostrada por el estado para
emprender un rescate tan asombroso como el de los 33 mineros en  Norte, mientras que muchas empresas privadas
demuestran su fracaso y usura en el transporte público, los bancos y en la
administración de servicios tan esenciales como la entrega de agua y
electricidad. Actividades que en otros países fieles al capitalismo y a la
doctrina neoliberal  le han quedado
reservadas a los estados y no a la "iniciativa privada". Ni menos foránea.

En esto de lograr medidas efectistas y mediáticas se
promueve la jubilación masiva de docentes y se estimula el interés de los
jóvenes por estudiar pedagogía, pero no se emprende la inversión pública para
recuperar el Pedagógico que perteneció y lleno de honra a la Universidad de Chile,
dotándolo de buenos formadores de los nuevos profesores y de los recursos que
se necesitan para apuntar a lo esencial: garantizarle a las nuevas generaciones
calidad educacional. Así haya que traer maestros del extranjero como se hizo
en  los primeros años de la República y con
excelentes resultados. Se habla, asimismo, de dotar a los rectores de los
liceos de mayores facultades e ingresos personales, pero nada se dice de entregarles
más dinero y recursos para mejorar sus instalaciones, laboratorios y otros.
Cuando todavía se cuentan por decenas los establecimientos dañados por el
terremoto que no pueden siquiera normalizar sus actividades.

Finalmente, en cualquier cometido educacional es preciso
tener en cuenta que el principal agente de una buena educación es la familia y
el adecuado estándar socio económico de sus integrantes. Niños mal alimentados,
hogares sin libros y acceso a internet 
conspiran actualmente  contra de
las potencialidades de las nuevas generaciones. Está más que probado que el
desnivel cultural de los niños y jóvenes no depende tanto de si concurren a un
establecimiento público o privado, puesto que unos y otros tienen los mismos
docentes, pero los pobres están marcados por carencias que no tienen los de los
hogares pudientes.

Para que exista, por lo tanto, una "revolución" educacional
o cultural es preciso que se den pasos sustantivos para terminar con las
inequidades flagrantes y se les reconozca a todos los chilenos ingresos dignos.
Lo que éste y los gobiernos anteriores se han resistido acometer cuando se le
niega al Magisterio el pago de la deuda histórica con los maestros, cuando se
rechazan las demandas salariales de los empleados públicos, cuando se ampara un
sistema en que se favorece que los ricos y los inversionistas extranjeros sean
cada vez más ricos, aunque acudan al tráfico de influencia, al uso de
información reservada, la evasión y una colusión escandalosa que, incluso,
atenta contra las leyes del idolatrado libre mercado.

*Fuente: Radio U de Chile