Los «archivos» de Guatemala quiebran la impunidad

Wendy Méndez tenía nueve años la última vez que vio viva a su madre Luz. Era marzo de 1984. Ambas estaban bajo custodia policial en Ciudad de Guatemala y Wendy estaba siendo torturada. “Pusieron mi cabeza en un balde de agua y me dieron golpes de corriente eléctrica. Recuerdo que uno de los policías se reía y decía a mi madre ‘mira lo que estamos haciéndole a tu nena’”.

Aquella época (fines de los ’70 y comienzos de los ’80) fue el período más violento de una guerra civil que se prolongó por más de tres décadas en Guatemala (1960-1996), entre guerrillas de izquierda y gobiernos derechistas respaldados por los militares.

Es una guerra que en muchas formas sigue todavía, pese a la paz formal firmada en 1996; las ejecuciones extrajudiciales continúan y nadie ha sido llamado a rendir cuentas por las atrocidades que, de acuerdo a la comisión oficial del país sobre verdad de posguerra, dejaron más de 200 mil muertos o “desaparecidos”.

Esta falta de toma de responsabilidades ha significado que cientos de miles de personas como Wendy nunca han podido conocer qué ocurrió a sus parientes y amigos. Pero eso está empezando a cambiar.

Hoy en Ciudad de Guatemala los homicidios son cosa corriente y existe una sensación de ilegalidad, más de 10 años después del cese de la guerra, tanto así que tras visitar el país el año pasado, el informante especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Philip Alston, declaró que “hay ahora más asesinatos por día que los que había durante los oscuros años del conflicto civil.

El asesinato de mujeres, la ejecución de individuos seleccionados por elementos de la policía y el ejército, las pandillas y los homicidios vinculados al crimen, han creado un extendida sensación de inseguridad. Las estimaciones oficiales de 5 mil o más ejecuciones extrajudiciales por año, están por debajo ciertamente de la cifra real de muertes”.

A pesar de la barbarie de la guerra (especialmente a comienzos de los años ’80, cuando los mayas de Guatemala fueron muertos por decenas de miles por las fuerzas gubernamentales del general Efraín Ríos Montt y sus aliados paramilitares), una cultura de la impunidad ha prevalecido, casi impenetrable. Ahora, esta barrera será rota y se abrirá: los funcionarios de derechos humanos del país fijaron una fecha para publicar el primer lote de documentos de un archivo de la policía secreta, cuya existencia fue negada durante años por las fuerzas de seguridad.

Los archivos, que suman miles de páginas, incluyen información clasificada relacionada no sólo con los desaparecidos, sino también con espías, informantes, funcionarios de Gobierno y escuadrones de la muerte clandestinos. El material pertenecía a la Policía Nacional, segunda sólo del ejército como núcleo de las fuerzas de seguridad durante la guerra, una entidad tan inextricablemente vinculada a la violencia que el acuerdo de paz de diciembre de 1996, que terminó la lucha, especificó que sería desbandada.

Investigadores de derechos humanos dicen que la importancia de estos archivos, cuya divulgación está prevista para el 5 de julio, no debe exagerarse en una nación que todavía lucha por superar el legado del conflicto interno.

Ahora Méndez espera que los archivos revelen que ocurrió con su madre y que inicien un amplio proceso de justicia. Su publicación “podría finalmente llevar a algunas personas a prisión y a que nosotros sepamos”, dice. “Mi madre tenía una vida. La gente que hizo esto todavía está libre en las calles”.

METROS DE DOCUMENTOS
En tanto, un juez de la corte nacional de España, Santiago Pedraz, emitió órdenes de arresto a la Interpol contra Ríos Montt, jefe de Estado de 1982 a 1983 y otros siete prominentes personalidades guatemaltecas de esa época. Entre los cargos están genocidio y tortura.

Los acusados incluyen a los ex presidentes Oscar Humberto Mejía Victores y Romeo Lucas García; a los generales en retiro Benedicto Lucas García y ángel Aníbal Guevara Rodríguez; al ex ministro del Interior Donaldo álvarez Ruiz; y también han sido mencionados los es jefes de la policía Germán Chupina Barahona y Pedro García Arredondo.

Mejía Victores y Chupina Barahona están en la cárcel bajo otros cargos en Guatemala y Lucas García murió en Venezuela en mayo del año pasado. Se cree que el ex ministro del Interior álvarez Ruiz vive exiliado en alguno de los estados vecinos. Pero García Arredondo y Lucas García viven todavía en Guatemala, de acuerdo a trabajadores de los derechos humanos. En cuanto al ex dictador Ríos Montt, confirmó recientemente que tiene planes de postularse al Congreso en septiembre. Si es electo sería inmune a procesos por crímenes de guerra.

El archivo se encuentra en una ex base policial y depósito de municiones en ciudad de Guatemala, rodeada con alambres de púa y bajo guardia armada de 24 horas. Se nos permitió el acceso a condición de que no identificáramos a ninguno de los 100 investigadores que trabajan aquí.

Hay una pila estimada de 75 metros de documentos y el más antiguo de los encontrados tiene fecha de 1880. Cada página debe ser limpiada, leída, clasificada y escaneada a computadora una tarea que podría tomar 25 años.

Fueron investigadores de la oficina de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala quienes tropezaron accidentalmente con los expedientes en 2005, mientras buscaban un escondite de municiones. Tomó meses obtener la orden de un tribunal autorizando una investigación y asegurando la protección de los documentos, y más meses todavía reclutar y entrenar a un equipo de investigadores.

Gustavo Meono, a cargo de la indagación de la Procuraduría, dice que hay presión psicológica sobre estos trabajadores, que saben que sus vidas pueden estar en riesgo a causa de lo políticamente sensible del trabajo. Ha recibido numerosas amenas de muerte, hay personas “extremadamente desagradadas” en los escalones más altos del Gobierno y el ejército y, dice Meono, “la gente sigue desapareciendo en Guatemala”. Hay temores también sobre la continuidad del proyecto después que el jefe de la Procuraduría Sergio Morales Alvarado deje el puesto en septiembre. Algunos de los hallazgos han incluido hasta ahora mensajes confidenciales de la policía a importantes líderes guatemaltecos.

Se están revelando cientos de rollos fotográficos.
Algunos muestran fotos de cuerpos y detenidos. Meono confirma que los investigadores han priorizado los primeros años de los ’80, cuando tuvo lugar la mayor parte de los asesinatos. Parece seguro que en esto se centrará el primer conjunto de documentos que se divulguen.

El director de la Fundación Forense Guatemalteca, Freddy Peccerelli, trabaja en oficinas protegidas también por guardias armados. Veterano del trabajo forense tras la guerra de Bosnia, tiene la tarea de encontrar y exhumar cuerpos de los cientos de tumbas masivas ocultas a través de Guatemala. “Dicen que entre 40.000 y 45.000 personas desaparecieron durante la guerra, pero yo creo que la cifra es mucho más alta”, dice.

“MUERTOS CONOCIDOS”
Según la comisión oficial para la verdad, la “Comisión para la Clarificación Histórica” (establecida con apoyo de la ONU, mediante un acuerdo entre el Gobierno y los rebeldes de la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca), hubo más de 620 masacres durante la guerra.

Las fuerzas del Gobierno y los paramilitares fueron responsables de más del 90% de las atrocidades, según el informe de 1999 de la comisión. Una comisión no oficial de derechos humanos dirigida por la iglesia Católica llegó a conclusiones similares.

Tras 12 años de trabajo, el equipo de Peccerelli en la Fundación Forense (organización no gubernamental financiada en parte por donantes de Naciones Unidas y en parte por organismos extranjeros de beneficencia), ha recuperado los restos de cerca de 5.000 personas. Dice que tomará el tiempo de una vida encontrar “un cuarto de los muertos conocidos”, pero cree que el archivo resultará crucial para identificar a las víctimas.

“A los 18 años de edad, a cada uno en Guatemala se le entrega una tarjeta de identificación con sus huellas digitales. Sabemos que el archivo tiene miles de fichas de identificación individuales, por lo que esperamos poder comparar cuerpos y tarjetas”.

También Peccerrelli dice que se han hecho amenazas contra su vida y que se han enviado cartas a miembros de su familia, incluyendo a su hermano, quien además fue amenazado con un arma, y agrega que “personas que nos han dado datos sobre tumbas masivas han terminado muertas”.

La principal figura tras la comisión católica para la verdad, el obispo Juan Gerardi, fue asesinado dos días después de haber publicado el informe de su grupo en 1998. En el edificio de la Fundación Forense están actualmente los restos de 850 personas. Sobre una mesa yace un esqueleto. “Este es un hombre de 35 a 40 años de edad encontrado en una tumba masiva en Pavit, en el sur de Guatemala. Sufrió cinco traumas en la base del cuello (…) creo que fue matado con un cuchillo”, dice el examinador forense, bajo condición de anonimato.

Los recuerdos son todavía dolorosos para Méndez, cuyo crimen fue haber sido hija de padres que apoyaban a los rebeldes. Su madre trabajaba en la universidad estatal de San Carlos y producía panfletos antigubernamentales. A pesar de numerosas peticiones, Méndez nunca ha recibido información alguna acerca de ella por parte del Estado, pero en 1998 una bitácora militar robada por un soldado fue hecha pública en Estados Unidos. Contenía 182 nombres e incluía una fotografía de Luz.

“La bitácora dice que el 2 de mayo de 1984 mi madre fue transferida a U4”, dice Méndez.

“Hemos sido incapaces de decodificar el U4, pero aun así nos dice que mi madre fue mantenida viva durante dos meses. El archivo podría decirnos más. Sólo saber lo que pasó con ella sería suficiente y quizás hasta podríamos encontrar el cuerpo de mi madre”.

La bitácora contenía también información sobre otro pariente, Farfun Rubén. El código junto a su nombre era 300. Lo que significa que fue ejecutado.