Malabarismos en tejados de vidrio

La opinión pública ha presenciado en los recientes meses una escalada de denuncias por corrupción en contra del gobierno de la Concertación, por malas prácticas en la gestión de recursos públicos.

Chile Deportes, con clubes fantasmas y muertos jugando tenis o levantando pesas; SENCE, con uso fraudulento de fondos para generación de empleo y actuación de operadores que apoyaban campañas políticas y en donde hay actualmente un grupo de parlamentarios implicados; el uso de facturas falsas detectadas en las rendiciones de cuentas ante el Servicio Electoral (la punta de una madeja extensa que con empresas como Publicam supera ya los 500 millones de pesos de daño fiscal); los casos que aún están en proceso, -MOP GATE, MOP CIADE – donde se dio la colusión de intereses de empresas constructoras concesionarias de carreteras y puentes con los funcionarios que dirigían Concesiones del Ministerio Obras Públicas, y que debían fiscalizarlos; el descubrimiento de un sistema ideado para canalizar sobreprecios, triangulados por medio de contratos ficticios; alcaldes corruptos que se han apropiado de fondos previsionales de los trabajadores municipales y otros que manipulan los planos reguladores para facilitar los negocios de intereses privados invasivos de las comunidades locales (presiones y tráfico de influencias para instalar proyectos rechazados por la ciudadanía, en Cerrillos, Vitacura, Valparaíso) ; son, entre muchos otros casos, evidencias de que la corrosión de los principios y normas de probidad venía dándose desde hace mucho tiempo en Chile, en los palacios del poder, en los feudos regionales y en las pequeñas parcelas de las comunas.

El gobierno de la Concertación ha reaccionado enviando un paquete de medidas al Congreso. Sin embargo, en la crisis del 2003, lo mismo hizo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, pero, a la larga, muchas de esas medidas no han podido ser aplicadas por faltar reglamentos que jamás se dictaron. Entre otros proyectos frustrados, destaca el del Defensor del Pueblo, que habría permitido contar con una instancia legal para perseguir los abusos de organismo públicos y privados en contra de las personas y los intereses ciudadanos.

Ahora la situación se torna más crítica para la Presidente Bachelet. El fenómeno de la corrupción aparece a borbotones y en la vorágine de denuncias cruzadas dentro de la propia coalición gobernante, algunos de sus personeros han llegado a una suerte de autoflagelación. A un harakiri que talvez sea necesario para salvar la nave madre, el gobierno de Bachelet. Para eso, es preciso echar por la borda el lastre de culpas heredadas dejando que asuman esas responsabilidades políticas quienes correspondan.

Así se explica en el imaginario político la conversación de Michelle Bachelet con personas que no eran de las cúpulas de los partidos que la apoyan, y las denuncias sucesivas de Flores, Boeninger, Schaulsohn y Martner, reconociendo las malas prácticas dentro del conglomerado y en sucesivos gobiernos.

La percepción es que el gobierno se da cuenta de que ha transcurrido un año y está entre arenas movedizas, con una oposición que no le dará oxígeno, como Longueira se lo dio a Lagos en aquella negociación cuyos alcances no se han terminado de clarificar. Por lo mismo, el gobierno necesita anclarse a principios republicanos muy sólidos y se nota que se le dificulta bregar hacia decisiones de limpieza ética, por la ramificación de las máquinas enquistadas en el sistema.

En parte esto se infiere de las declaraciones del Ministro Bitrán al diario La Nación, en donde planteó el grave riesgo para la democracia que él ve en el hecho de que los agentes sujetos pasivos de la fiscalización tengan tan gran influencia en los organismos que deben fiscalizarlos. Cabe recordar que por decisión del Ministro se paralizó el puente de Chiloé que, a la luz de los cálculos del Ministerio, bajo el actual gobierno, aparecía con un sobreprecio de 250 millones de dólares. Además, en el ejercicio 2006, el Ministerio paralizó obras en la novena región por una investigación por denuncias de corrupción y hay una decena de funcionarios involucrados en el caso.

Si se revisaran los 17 años de gobiernos democráticos se encontrará en el periodismo independiente numerosos hitos que fueron disimulados bajo la alfombra o en jarrones ad hoc. Porque esas denuncias fueron testimonios dispersos, en una etapa en que no existían las redes ni la Internet, con lo que esas denuncias no alcanzaban a llegar a toda la ciudadanía, siendo, por lo tanto, posibles de disimular mediáticamente. Sin embargo hoy el peso de la prensa ciudadana, de los blogs periodísticos, hacen imposible para los que detentan el poder, mantener la mugre bajo la alfombra.

Así, los intentos de cubrir estas situaciones de corrupción como hechos aislados o excepcionales o de invocar el empate con los robos y saqueos de patrimonio público durante el régimen militar, comienzan a fracasar ante el peso de las evidencias. Si alguien realiza el esfuerzo de repasar los últimos treinta años encontrará una extensa lista de situaciones de abusos, a diestra y siiestra, que transgredieron la línea roja de la legalidad, pero que se taparon por consideraciones de Estado, por tácitos acuerdos o por presiones de lobbistas renovados que, en definitiva, dieron impunidad a sus autores, cómplices y encubridores.

Hoy la falla geológica en la ética pública y privada ha quedado al descubierto y nadie, ni de gobierno ni de oposición, puede pretender hacer malabarismos con los hechos conocidos, porque todos tienen tejados de vidrio, lo cual les obliga a consensuar medidas de fondo, un nunca más a la desfachatez y la sinvergüenzura, que implique cambios conductuales, reformas categóricas a los estilos febles y amorales o antivalóricos que impuso el pragmatismo en la política nacional.

Se legitima en estos escenarios la tutela inteligente e informada de la ciudadanía organizada y Michelle Bachelet está a tiempo, a tres años plazo, para apoyarse en las fuerzas sociales y erradicar los vicios que arrastra la coalición gobernante, convocando nuevos rostros, que estén con las manos limpias y decididos a un compromiso republicano con el servicio público, la integridad, la honestidad, la probidad, como estrategia de un estilo participativo genuino y de una limpieza necesaria de esas malas prácticas que deterioran las confianzas y ponen en grave riesgo a la democracia.
18/12/06
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