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21 Abr 2026

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Escándalo político en Colombia: Un alto dirigente de Uribe beneficiado de los paramilitares

por Redacción de APM (Colombia)

19 años atrás 5 min lectura

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Un alto dirigente del Partido Conservador, integrante de la coalición que apoya al presidente de Colombia, álvaro Uribe, es el gerente de una empresa agrícola que se ha beneficiado de la intimidación violenta de grupos paramilitares contra comunidades afro-colombianas para arrebatarles tierras y utilizarlas para cultivos de plátanos.

Se trata de Juan Manuel Campo, miembro del directorio nacional del Partido Conservador, uno de los aliados del Gobierno del presidente álvaro Uribe, que está siendo investigado por la Fiscalía por sus actividades al frente de la compañía multinacional estadounidense Multifruits, desde el 2004.

Según denuncias de varias organizaciones no gubernamentales (ONG), esa empresa utilizó artimañas jurídicas y la ayuda de presiones de grupos paramilitares para dividir a la comunidad afro-colombiana, dueña de las tierras, y firmar una alianza estratégica que le permitió producir los plátanos.

Ana Carmen Martínez, una de las desplazadas por grupos paramilitares de ese territorio, que según establece la Constitución pertenece a su comunidad, manifestó que los "paras" decían que en esa zona operaban guerrillas de izquierda, pero que eso simplemente era "un pretexto por quitarnos las tierras. Porque saben que son tierras productivas y que las necesitan para sus megaproyectos".

Multifruits firmó un contrato con la multinacional estadounidense Del Monte Fresh Produce para exportar cada semana 52 toneladas de plátanos a los mercados de Estados Unidos y Europa desde terrenos disputados por comunidades afro-colombianas en el departamento del Chocó, en el noroeste del país.

La investigación por parte de la Fiscalía supone un nuevo eslabón en el escándalo que acecha al Gobierno de Uribe desde que sus aliados políticos fueron acusados por la Corte Suprema de Justicia de participar en la creación y financiamiento de grupos paramilitares, culpables de masacres contra la población civil y de apoderarse de enormes cantidades de terrenos en la década pasada.

Las averiguaciones indican que los grupos paramilitares, que se han desmovilizado como parte de un proceso de paz con el Gobierno, disfrutaron durante sus años alzados en armas de una relación simbiótica con dirigentes políticos y empresariales. Tres congresistas han sido encarcelados recientemente por esos vínculos.

Juan Manuel Campo, sin embargo, sería el primer caso en el cual un político con un alto cargo ha sido acusado de sacar provecho económico de sus vínculos con los grupos paramilitares.

Su tío, Rodolfo Campo, es un exitoso empresario en el sector agrícola y es desde agosto de este año director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), la agencia estatal que ha sido acusada en repetidas ocasiones de corrupción y que tiene como una de sus funciones la redistribución de tierras en el campo.

Ambos provienen del departamento del César, en el norte del país, donde los grupos paramilitares dominaron amplios territorios con mano de hierro.

La elite política de esa región se benefició de la intervención de los grupos paramilitares en las campañas electorales y permitieron que sus comandantes desfalcaran las arcas públicas, aseguraron fiscales, senadores de partidos de oposición y víctimas entrevistadas por la agencia de noticias AP.
La Comisión Colombiana de Juristas y otro grupo defensor de derechos humanos, Justicia y Paz, presentaron la denuncia contra Multifruits y Juan Manuel Campo ante una mesa conformada por varias organizaciones del estado y ONG para examinar casos de tierras que fueron apropiadas ilegalmente.

La multinacional Del Monte Fresh Produce no negó que tiene un contrato con Multifruits, aunque manifestó en un correo electrónico que "no opera plantaciones o posee tierras en Colombia" y que "compra de varios cultivadores" en el puerto de Turbo, la puerta de salida para las exportaciones de Multifruits, en el departamento de Chocó.

La creación de Multifruits ocurrió en el 2001, el mismo año que los grupos paramilitares declararon públicamente su intención de controlar la cuenca fluvial de Cacarica, donde se encuentra su plantación. En 1997 comenzaron con su campaña para tomar el control de la zona: expulsaron a cientos de campesinos de sus tierras y asesinaron y desaparecieron a sus opositores.

En abril del 2005, Multifruits hizo una alianza estratégica con un grupo que decía representar la comunidad de Cacarica, a pesar de que la Corte Constitucional dictaminó el año anterior que ese grupo no era el representante legal de la comunidad. Ese caso surgió por las protestas de la comunidad por la deforestación ilegal en el territorio a manos de empresas madereras.

Campo manifestó durante una entrevista telefónica que él es uno de los inversores que fundó Mutifruits, pero negó tener algún vínculo comercial con los grupos paramilitares y dijo que no sabía sobre el dictamen de la Corte Constitucional.

"Mi labor en esa zona es producir plata (dinero), no es ninguna otra distinta a producir plata", aseguró. "Sé de las noticias que se conocen de la incursión paramilitar en esa zona pero no conozco ningún detalle sobre el asunto", añadió.

La AP dice tener una copia del contrato entre Multifruits y la filial de Fresh Del Monte en Colombia. El mismo establece una producción eventual en 20 mil hectáreas, aunque Campo aseguró que los cultivos de la empresa sólo abarcan 120 hectáreas. Campo dijo que Multifruits exporta actualmente unas 1.500 cajas de plátanos.

Según una estimación del gobierno, la población civil ha sido forzada a abandonar unas 6,8 millones de hectáreas desde 1980 por la presencia de grupos paramilitares y la guerrilla de izquierda.

En muchos casos, los grupos ilegales armados despojaron a gente para sembrar la coca, pero en la zona del Caribe los desplazados fueron forzados a vender sus terrenos a precios muy bajos a personas con vínculos a los grupos paramilitares.

Nota distribuida por Red Virtin  virtin@etb.net.co

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