Estamos fastidiados. La causa está en las mentiras puestas en movimiento una vez más, respecto de la decisión de la autoridad sanitaria de hacer posible el acceso a la ”píldora del día después” (PDD) a niñas de 14 años, sin la ingerencia de sus padres.
Pues ya empezamos otra vez -en este país que se dice moderno, al que le faltarían sólo milésimas para un nivel de desarrollo económico y cultural avanzado y fantástico- con el viejo y manido cuento, obsoleto en el resto del mundo, de que la píldora del día después es ”abortiva”, de que es ”anti vida”, de que es ”siniestra”, de que es ”diabólica”, de que es ”cancerígena”, de que ”promueve el Sida”, de que es ”maldita” y así por el estilo. Y que los padres son los más activos y más eficaces pedagogos sexuales de la juventud. Y más.
Respecto de la píldora famosa, la ciencia ya dijo claramente en su momento de qué se trata y no vamos a repetirlo. Pero no omitiremos tampoco las dudas que se alimentan, o las mentiras que se esparcen para torpedear la aplicación de la medida planificada por ministerio de Salud. Ilustres y menos ilustres personajes se llenan la boca y desde luego, las páginas y las pantallas de los medios de comunicación, pronunciando doloridas, sabihondas o espantadas alocuciones en “defensa” de la vida y en contra de una inaceptable “agresión” a la vida familiar. La misma cantinela de siempre, mentirosa y destemplada. Escuchándolas se pregunta uno si será posible encontrar un grado tan alto de irracionalidad, de cretinismo y de “mala leche” al mismo tiempo, en algún otro lugar del planeta. Es legítimo estar en desacuerdo con algo, pero hay una diferencia esencial entre disentir y falsificar la verdad o mentir con delirio.
Pues, es del todo increíble que personas “grandes” digan lo que dicen. Para colmo, personas con cargos de responsabilidad pública y política. Dichas personas saben perfectamente que todo cuanto argumentan es falso. Y que las perversas intenciones que le atribuyen a la autoridad de la Salud Pública son igualmente falsas. De falsedad absoluta. Lo saben de sobra, pero el interés político de algunos o la postura ideológica de otros, los lleva a secundarizar la solución de emergencia de un grave problema social, para priorizar, ya sea su antagonismo con el gobierno o la prevalencia de dogmas particulares por sobre el interés general. Lo triste, lo indignante es que dan por cierto que en este país somos todos imbéciles.
En esta onda, dos alcaldes de la UDI (claro) han presentado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para frenar el procedimiento de las autoridades de la Salud. Para salvaguardar a los jóvenes, dicen. De la píldora “diabólica”, tal vez, pero no de la falta de educación sexual, no de los embarazos indeseados, no de los mitos ni los infundios. Lo importante es que es una oportunidad para la agitación política en contra del gobierno. Sabios, honestos ediles
La pretensión de que poner la PDD a disposición de jóvenes de 14 años sin autorización de los padres, es un atropello a los derechos educativos de la familia, es evidentemente gratuita. Por cierto, el derecho de los padres a la educación sexual de sus hijos es un derecho inalienable y no hay nadie, absolutamente nadie que esté en contra de ello. Además, dicha educación es absolutamente necesaria. Otra cosa es que ello corresponda a la realidad. Es archisabido y está archicomprobado que en este país -de tradicional y máxima represión y ocultamiento sexual- ningún niño recibe educación sexual alguna de parte de sus progenitores, cualesquiera sea el sector social al que pertenece (salvo las consabidas excepciones que confirman la regla, claro está).
Recordemos que algunos representantes de la derecha nacional quieren hacernos creer que la menor incidencia de embarazos juveniles no deseados en los sectores de altos ingresos, se debe a que en éstos, existe una mayor ingerencia educativa de la familia en la sexualidad de sus hijos, lo que no es efectivo. El menor porcentaje de embarazos juveniles en dichos sectores se debe a tres factores fácilmente identificables: a) un mayor acceso a la información de carácter sexual y reproductiva; b) un mayor acceso a los recursos anticonceptivos y c) la existencia de una mayor presión social en contra de la concepción fuera del matrimonio. La imaginaria educación sexual familiar es tan nula en los sectores de ingresos más altos como en aquellos más bajos.
Por su parte, ni el Estado ni la sociedad a través de la función educativa que les compete, cumplen debidamente con su deber en esta materia. La más rotunda prueba de la ausencia de esta educación sexual familiar o escolar, son las decenas de miles de embarazos adolescentes que se producen cada año. La Sra. Presidenta ha hablado recientemente de 40.000. (El año pasado se hablaba de cifras aún más altas). Si estos datos no prueban nada, no sabemos qué podría hacerlo.
Si aceptáramos el criterio de los sostenedores del imaginario rol ”activo” de la familia en la educación sexual, habría que convenir en que es justamente esta familia nacional tan educadora, la principal responsable de los 40.000 embarazos de sus hijas adolescentes. Hablamos de 40.000 niñas que a pesar de la supuesta tuición parental, no le ”pidieron permiso” a sus papás para tener sexo con sus pololos, ni supieron tampoco cómo evitar el embarazo. Y hablamos sólo de las menos, es decir, de aquellas que quedaron embarazadas, no de todas aquellas y aquellos que mantienen relaciones sexuales regular o irregularmente. O sea, estamos constatando la ineficiencia o la ausencia de esa idílica educación y tuición familiar en la formación sexual de nuestra juventud. Si existiera alguna educación sexual (aún mínima) en la familia o en la escuela, esa cantidad extrema de embarazos sería imposible.
Es necesario una vez por todas, dejarse de falacias y admitir que la educación sexual en el seno de la familia es un espejismo, una mentira, una ficción. Será del todo lamentable, pero la realidad certifica que tal educación sexual familiar no existe y nunca ha existido. En consecuencia, es absurdo, es idiota, es irresponsable, combatir las medidas de emergencia que adopta el Estado o el gobierno en materia de salud sexual, sustentándose en ficciones totalmente ajenas a la realidad. En particular, atribuyendo al gobierno intenciones de sustitución del rol familiar en una formación sexual adolescente que no existe.
Si una niña de 14 años que está fuera de toda tuición familiar o escolar en materia sexual, decide tener relaciones sexuales con alguno de sus pares masculinos, no sabemos con qué derecho, con qué razón y con que finalidad, la sociedad deba impedirle a posteriori hacer uso de los recursos anticonceptivos que están a su alcance. La sociedad o sea la familia, ya falló antes y está fuera de toda lógica y razón pretender que la respectiva familia pudiera incorporarse ”retroactivamente” a la vida sexual de aquella niña y a permitir o impedir su libre voluntad de acceder a la píldora del día después. Aún así, entendemos que la disposición gubernamental en ningún caso excluye la intervención de los padres si la interesada lo considera conveniente.
Todo lo cual, no tiene nada que ver, por cierto, con lo que pueda ser deseable en esta materia. Pero la tozuda realidad y los deseos son – como también saben los mentirosos- cosas muy distintas.
La suposición o la afirmación de que el Estado o el gobierno adopta con su política preventiva o de emergencia posiciones valóricas en contra de la vida humana es otra de las falsedades que se enarbola sin el más mínimo rubor.
La Nación está compuesta por individuos de múltiples ideologías, credos y religiones y por consiguiente con diferentes principios valóricos respecto de la vida humana y diferentes actitudes frente a una gravidez deseada o no. Estos principios y actitudes deben ser todas igualmente respetables para el Estado y por consiguiente está fuera de los derechos de éste el adoptar posturas valóricas propias de unos u de otros. En esta materia, el Estado y el gobierno deben ser y son totalmente neutros. Es lo que caracteriza y define la condición laica del Estado chileno.
La adopción de determinadas políticas de salud pública, deben tener su origen única y exclusivamente en la realidad objetiva de carácter médico y social que existe en el país y no en consideraciones subjetivas de carácter ideológico o religioso. Sin embargo, cada vez que el gobierno intenta hacer efectiva su obligación en esta materia, el circo nacional organiza rápidamente su ”gran-escandalera-gran”, con total prescindencia de la realidad social y médica de la juventud.
La responsabilidad sobre el destino final de un embarazo, deseado o no, compete sólo a la potencial madre o si se quiere, cuando es menor de edad, a su familia. No al Estado ni a gobierno alguno. Tampoco son éstos quienes tengan que definir cuándo surge la vida humana o pronunciarse acerca de la mayor o menor sacralidad de ésta, asunto controversial que sólo compete a cada credo o filosofía definir para sus creyentes y seguidores, respetando lo que puedan creer otros miembros de la sociedad.
Eso sí, es responsabilidad y obligación del Estado y del gobierno proporcionar a la población condiciones de acceso igualitario a los recursos médicos y sanitarios, previniendo y eliminando toda discriminación. La utilización o prescindencia de estos recursos es una decisión absolutamente individual (o familiar) y no hay y no debe haber en ello ingerencia alguna del Estado o del gobierno de turno.
Las tergiversaciones y las falsedades con las cuales se pretende engañar o confundir a la población en esta materia, a la vez que socavar la acción del gobierno, son repetitivas, pero no por eso menos fastidiosas y agobiantes. Pues la escandalera organizada en torno a la medida de la autoridad de Salud, tiene un carácter eminentemente político. Es mentirosa, dañina y de espaldas a la realidad.
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