EE.UU.: La lucha por los derechos de inmigrantes 

ALAI AMLATINA, 27/04/2006, Santa Bárbara (California).-  Con una serie de huelgas y manifestaciones, sin precedentes, los y las inmigrantes latinos han desatado una lucha sin cuartel contra la represión, la explotación y el racismo que enfrentan habitualmente en los Estados Unidos.  Las movilizaciones iniciaron el 10 de marzo, cuando más de medio millón de inmigrantes y sus simpatizantes salieron a las calles de Chicago.  Fue el acto de protesta más grande registrado en la historia de esa ciudad.

Luego de la acción en Chicago, las huelgas y protestas se expandieron en cadena a otras ciudades, grandes y pequeñas, a lo largo y ancho del país.  Millones salieron el 25 de marzo para un "día nacional de acción".  Entre uno y dos millones de personas manifestaron en Los ángeles -en el mayor acto de protesta pública en la historia de la ciudad-, y millones más hicieron lo suyo en Chicago, Nueva York, Atlanta, Washington D.C., Phoenix, Dallas, Houston, Tucson, Denver y docenas de otras ciudades.  De nuevo, el 10 de abril, millones acudieron al llamado a otro día de protesta.

Además, cientos de miles de colegiales en Los ángeles y otros lugares del país abandonaron sus planteles en apoyo a sus familiares y comunidades, arriesgando la represión policial y las sanciones legales.  El mensaje se expresa claramente en el grito de los manifestantes: "¡Aquí estamos y no nos vamos!" (1)

Esta draconiana ley criminalizaría a los inmigrantes indocumentados, estableciendo como un delito criminal estar en los Estados Unidos sin documentación.  También prevé la construcción de los primeros 1100 kilómetros de una muralla militarizada entre México y EE.UU. y duplicar el tamaño de la Patrulla Fronteriza estadounidense.  Es más, se aplicarían sanciones criminales contra cualquier persona que proporcione ayuda a los inmigrantes indocumentados, incluyendo las iglesias, grupos humanitarios y agencias de servicios sociales.

Una vez tramitado el proyecto HR4437 en la Cámara, éste quedó estancado en el Senado.  El demócrata Ted Kennedy y el republicano John McCain co-patrocinaron un proyecto de ley de “compromiso”, que hubiese quitado la cláusula de criminalización que contiene HR4437, y permitido un plan limitado de amnistía para ciertas personas indocumentadas.  Habría permitido que quienes puedan demostrar que han residido durante por lo menos cinco años en EE.UU. soliciten la residencia, y más tarde la ciudadanía. 

Aquellas personas residentes en EE.UU. durante dos a cinco años tendrían que volver a su país de origen, y entonces solicitar un permiso temporal de "trabajador huésped", a través de las embajadas norteamericanas.  Quienes no podrían demostrar haber estado en EE.UU. durante dos años serían deportados.

Incluso este proyecto de ley de “compromiso” habría derivado en deportaciones masivas y mayores niveles de control a todos los inmigrantes.  Sin embargo, al final la oposición republicana lo desechó.  De modo que, para fines de abril, el proceso legislativo se estancó por completo.  Es probable que cualquier nueva acción legislativa se posponga hasta después de las elecciones del congreso de este próximo mes de noviembre.

Explosión de ira
No obstante, la ola de protestas abarca mucho más que el HR4437.  Representa la explosión de la ira represada y el repudio frente a una situación agravada de explotación y de un incremento de la represión y el racismo contra inmigrantes.  En años recientes, los y las inmigrantes han estado sujetos a todos los abusos inimaginables.  Por dos veces, en el estado de California, se les ha negado el derecho de obtener licencias de manejar.  Ello significa que deben depender de un transporte público inadecuado o inexistente, o correr el riesgo de manejar ilegalmente; más grave aún, la licencia de manejar es a menudo un documento indispensable para realizar transacciones esenciales, como cobrar los cheques o alquilar un apartamento. 

Los 3000 kilómetros de la frontera entre EE.UU. y México están cada vez más militarizados y miles de inmigrantes han muerto al cruzar la frontera.  Se incrementan los grupos de odio anti-inmigrante.  Un discurso público descaradamente racista, que hace pocos años habría sido considerado extremista, se ha vuelto cada vez más corriente, y tiene antena libre en los medios de comunicación masivos.

En un plano más siniestro, la organización paramilitar Minutemen, una versión moderna anti-latina del Ku Klux Klan, se ha expandido desde su lugar de origen en la frontera sur de Arizona y California, hacia otras partes del país.  Los Minutemen reclaman que ellos deben "dar seguridad a la frontera", ante un inadecuado control en manos del Estado.  Su discurso, más que racista, es neo-fascista.

Se ha filmado a algunos de ellos con camisetas que despliegan el lema "Kill a Mexican today" (hoy mata a un mexicano).  Otros han organizado safaris humanos en el desierto, con fines de lucro.  Los clubes Minutemen han sido promovidos por líderes de la derecha, hacendados adinerados, empresarios y políticos.  Pero su base social se apoya en aquellos sectores de la clase obrera blanca, otrora privilegiada, que han sido flexibilizados y desplazados por la reestructuración económica, la desregulación laboral y la fuga global de capitales.  Estos sectores hacen ahora de los inmigrantes el chivo expiatorio -con el beneplácito de los sectores oficiales-, viéndolos como la causa de su falta de seguridad y su pérdida de estatus económico.

Los y las inmigrantes y sus simpatizantes se han organizado a través de expansivas redes de iglesias, clubes de inmigrantes y grupos de derechos, asociaciones comunitarias, medios de comunicación hispanos y progresistas, sindicatos y organizaciones pro justicia social.  Las movilizaciones de inmigrantes indudablemente han atemorizado a los sectores gobernantes. 
En abril se reveló que KBR, una subsidiaria de Halliburton -la antigua empresa del vicepresidente Dick Cheney, que mantiene lazos estrechos con el Pentágono y una de las principales contratistas en la guerra de Irak- ganó un contrato de $385 millones de dólares para construir centros de detención de inmigrantes en gran escala, ante la eventualidad de un "flujo de emergencia" de inmigrantes.

La problemática inmigrante presenta una contradicción para los sectores dominantes.  El capital requiere de mano de obra barata y dócil de inmigrantes latinos (y otros).  Los/las inmigrantes latinos/as han copado masivamente los escalones más bajos de la fuerza laboral norteamericana.  Ellos proporcionan casi toda la mano de obra agrícola y gran parte de la que se emplea en los hoteles, restaurantes, construcción, conserjería y limpieza doméstica, cuidado de niños, jardinería y diseño de jardines, reparto, empaque de carne y aves, venta al detal, y mucho más.

Toda vez, los sectores dominantes temen que una marea creciente de inmigrantes latinos pueda conllevar una pérdida de control cultural y político, volviéndose una fuente de
contra-hegemonía e inestabilidad; algo así como sucedió en París, el año pasado, con el levantamiento de los trabajadores inmigrantes en esa capital europea, contra el racismo y la marginalidad.
No es que los empresarios quieran eliminar la inmigración latina.

Al contrario, ellos quieren mantener una inmensa reserva de mano de obra explotable, que subsista bajo condiciones precarias, que no disfrute de los derechos civiles, políticos y laborales de los ciudadanos, y que sea desechable mediante la deportación.  Es la condición de deportable que ellos quieren conservar, puesta que esta condición asegura la posibilidad de sobre-explotar con impunidad y de desechar sin consecuencias, en el caso que esa mano de obra se vuelva insubordinada o innecesaria.

La administración Bush se opone al HR4437, no porque esté a favor de los derechos de los inmigrantes, sino porque tiene que hacer un acto de equilibrio, para encontrar una fórmula que asegure un suministro estable de mano de obra barata a los empresarios, y al mismo tiempo permita un mayor control estatal sobre los inmigrantes.  La propuesta de Bush es un programa de "trabajadores huéspedes", que descartaría la legalización de los inmigrantes indocumentados, los obligaría a regresar a sus países de origen, para que allí soliciten visas de trabajo temporales, e implementaría nuevas y más duras medidas de seguridad fronteriza. 
Hay una larga historia de tales programas de "trabajadores huéspedes", que datan del programa de braceros, que trajo a millones de obreros mexicanos a EE.UU. para cubrir la escasez de obreros durante la Segunda Guerra Mundial, para deportarlos una vez que había de nuevo una disponibilidad de obreros nacionales.  (Traducción ALAI).

* Texto completo en http://alainet.org/active/11278
– William Robinson es profesor de Sociología, de Estudios Globales e Internacionales y de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos, en la Universidad de California – Santa Bárbara.
(1) NDLR: Para el 1 de mayo de 2006, se ha convocado a un paro general denominado "Un día sin migrantes", que se acompaña de una acción internacional de boicot a la compra de productos norteamericanos ese día.
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