Montaje de pruebas en contra de mapuches, herencia de la dictadura

En los próximos días se espera que los tribunales de justicia determinen si hubo o no alteración en las pruebas presentadas por Carabineros en contra de comuneros mapuches. Una denuncia que sale a la luz pública por la decisión valiente de un fiscal que simplemente no acepto utilizar herramientas adulteradas para condenar a los implicados en una supuesta operación que adolece de toda credibilidad.

Pero cual es la causa de todo esto, cual es la razón por la que oficiales de Carabineros se ven involucrados actuando como el brazo armado del empresariado para perseguir y reprimir a mapuches en una total impunidad. Y vamos un poco más atrás, cual es el origen de la corrupción que complica a los altos mandos de Carabineros y de las otras ramas de las FFAA, procesados por robo al fisco, fraude y otros delitos.

Durante años se ha insistido en que las FFAA y la policía uniformada actúan con total autonomía del poder civil y que la subordinación de estas a la autoridad política es formal, proceso en el cual los ministros de defensa y del interior simplemente son actores decorativos, sin un mando real sobre las instituciones que se supone se les subordinan. Compra de aviones y tanques con sobre precio, el fraude en el Ejército con el fondo reservado del cobre de más de $5 mil millones y la estafa en Carabineros cuyo monto sube a más de $26 mil millones, dan cuenta de instituciones comandadas por oficiales corruptos, incapaces de hacerse cargo de tales delitos y por último de dejar sus cargos, seguramente por el temor a futuras investigaciones.

La razón principal de todo esto, la causa, radica en una doctrina militar imperante de facto, heredada de la dictadura cívico militar, la doctrina de seguridad nacional, que otorga a las FFAA y Carabineros prerrogativas que les ubica por sobre el control civil, el que bajo estas condiciones es intrascendente y sin ninguna incidencia en sus decisiones. Una doctrina bajo la cual se forman a los oficiales y cuadros de las FFAA y Carabineros, en el convencimiento político que en 1973 “ganaron una guerra contra el marxismo”, que “salvaron a la patria”, y que las graves violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad que cometieron, fueron excesos de un “enfrentamiento inevitable”.

Bajo estos predicamentos, de la Doctrina de la Seguridad Nacional, se establecen al igual que lo hizo la dictadura, las concepciones estratégicas, las tácticas, las misiones, los presupuestos y las técnicas empleadas por el ejército y Carabineros en función del eterno “enemigo interno”. Identificado como tal, con un total desprecio por los partidos políticos, los sindicatos las organizaciones sociales, con lo cual se justifican las acciones represivas en contra de la población civil, en donde radica ese enemigo interno.

Así entonces la manipulación y la fabricación de pruebas, por los organismos de inteligencia, no es algo nuevo, eso es parte de la lucha en contra del enemigo interno, es la misma metodología que permitió, en el pasado, a los tribunales militares y civiles condenar a la cárcel y a la muerte a miles de compatriotas, operando en una total y absoluta impunidad. Montajes que en esos años eran acompañados por los medios de comunicación, escudándose en una falsa defensa del orden y la democracia, lo que, en nuestros días, se manifiesta en la defensa de un orden inconfesable de intereses de la derecha y del gran empresariado, que en el caso de la Araucanía son las forestales y el latifundio.

Ante las denuncias formuladas a carabineros por “sembrar pruebas “, incluso por torturas, se actualiza la exigencia que desde el fin de la dictadura se viene planteando sin éxito. La reforma a las FFAA, una asignatura pendiente que no ha sido abordada por cobardía y por las negociaciones que los dirigentes de la Concertación y de la dictadura pactaron como condición para asegurar el inicio de la transición política a la democracia, manteniendo con ello viva la herencia pinochetista en las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Una herencia nefasta que lleva implícito los montajes de inteligencia para justificar acciones militares y represivas en contra de la población civil, los que fueron recurrentes durante el periodo del terrorismo de estado en Chile y que son el legado vivo de la dictadura, el que aun orienta la vida y la estructura militar.

Para los desmemoriados y las desmemoriadas, para las nuevas generaciones, habrá que recordar lo que fue el plan Z, un montaje político y militar ideado para justificar el golpe de estado de 1973. En esos días los inventores de este macabro montaje argumentaban que Salvador Allende había decidido dar un autogolpe para terminar con la oposición a su gobierno, el que debería haberse llevado a cabo el 19 de septiembre de 1973, día nacional del Ejército de Chile.

Según los gestores del plan Z, ese día el presidente Allende, invitaría almorzar, al Palacio de Gobierno, a los principales jefes de las Fuerzas Armadas, momento en el cual estos serían acribillados por los meseros. Finalizado este asesinato en masa se instauraría la «República Popular Democrática de Chile», como lo relataban los documentos supuestamente encontrados en el Banco Central y en la caja fuerte del ministro de Allende, Daniel Vergara.

Fue la propia CIA, a través de la desclasificación de sus archivos, la que aseguró que el Plan Z (Nota de la Redacción: Ver video más abajo)nunca existió, que este fue parte de la guerra psicológica de las Fuerzas Armadas para “desbaratar el marxismo en el país” y justificar la persecución de la oposición. Quienes planificaron el golpe cívico militar de manera premeditada utilizaron el plan Z para infundir miedo a la población a la que atacaron sin piedad, con la prepotencia del poder en sus manos, decidiendo sobre la vida de las personas, inocentes o culpables, hombres, mujeres y ancianos, sanos o enfermos, para el caso daba lo mismo.

Posteriormente y durante todos los años de dictadura y particularmente entre el año 73 y 78 son cientos los casos archivados por la justicia militar y que fueron presentados como enfrentamientos, los que, al cabo de los años en democracia, la justicia ha demostrado que fueron asesinatos, encubiertos. Era común en esos años ver en Televisión o leer en periódicos y revistas, noticias que hablaban de “extremistas abatidos por las fuerzas de seguridad”, los que en realidad eran chilenos y chilenas que habían sido secuestrados, torturados y luego asesinados para hacerlos desaparecer.

En nuestra memoria está viva la imagen de un titular del diario La Segunda, en el año 1975, “Exterminados como ratones”, con el epígrafe “59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”. Un montaje ideado para encubrir el asesinato de chilenos y chilenas a manos de la DINA, bautizada como Operación Colombo.

Otro de los montajes recordados por la crueldad con que actuaban los organismos de seguridad del Estado, fue que hizo la CNI, (Central Nacional de Informaciones) para asesinar a sangre fría a doce militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en venganza por el atentado al dictador Augusto Pinochet el 7 de septiembre de 1986. Diez de los doce Rodriguistas fueron detenidos, interceptados en la vía publica, en distintos puntos de Santiago, otros en casas de seguridad. Todos fueron brutalmente torturados y asesinados en dependencias de la CNI o en los lugares donde fueron aprehendidos, entre el 15 y 16 de Julio de 1987. Luego trasladaron sus cadáveres a la calle Pedro Donoso donde simularon un enfrentamiento.

El único episodio de resistencia a la CNI fue en la calle Varas Mena, lugar donde se realizaba una escuela de formación político militar. Allí Juan Waldemar Araya y Wilson Henríquez Gallegos se enfrentaron a la CNI para permitir la retirada de una veintena de militantes Rodriguistas, quienes escaparon del lugar sanos y salvos. Posteriormente ambos fueron asesinados a sangre fría

Esa es parte de una historia represiva que azoto nuestro país, hoy el blanco de la seguridad nacional son los comuneros mapuches, ellos son el enemigo interno que sufre las tácticas de la doctrina militar pinochetista, en la versión moderna de la guerra de baja intensidad. Los hechos y datos de la realidad son indesmentibles, antes de la ridícula operación huracán, están los casos, entre muchos otros, de Patricio González y Luis Marileo, ambos asesinados por un ex capitán de Carabineros que les acusó del robo de caballos, acusación que luego se demostró como falsa.

Los militares que nos opusimos al golpe de estado cívico militar, que nos negamos a participar en la brutal represión en contra de nuestro pueblo, rechazamos toda esta situación, así como la actitud vacilante del actual gobierno para imponer el control, exigiendo respuestas al mando militar y la renuncia del actual jefe de Carabineros por inepto, como sucedería en cualquier democracia en el mundo.

Las acusaciones que recaen hoy en Carabineros, de adulterar pruebas para inculpar a inocentes, son parte de la herencia dictatorial, situaciones que no van a cambiar mientras esta institución y las FFAA se rijan por una doctrina militar que les aleja de la comunidad nacional, que entiende a los militares como el instrumento útil de la elite dirigente, que cuando se asusta y ve peligrar sus intereses, los acuartelan en situación de ‘alerta’ endureciendo la histérica disciplina prusiano fascista.