03 de enero de 2023

“No existen expertos libres de una ideología, ni en Chile ni en ninguna parte”
Miguel Lawner

“La democracia es el gobierno del pueblo que ejerce su soberanía sin ningún impedimento”.
Charles de Gaulle

Ante el vergonzante “Acuerdo por Chile” suscrito por los mismos sectores políticos que el actual Presidente de la República calificara hace seis años como las dos derechas, con una de las cuales hoy gobierna, nuestra Fundación, siempre abierta al diálogo social e independiente de tutelajes partidarios, estima imperioso e ineludible el deber ciudadano y democrático de denunciar sus nefastos alcances.

Después de tres meses en que la derecha -sin prisa alguna- rechazara todas las propuestas del oficialismo, para demorar posibles acuerdos y se esmerara en aportar más limitaciones y evitar los temas que afecten los intereses del gran empresariado -su financista y corruptor-, los partidos de gobierno terminaron sometiéndose.

En esta actitud influyó el Presidente de la República, quien les presionó al señalar pocos días antes, que era preferible un mal acuerdo a no tener ninguno.

Esto evidencia que sus supuestas convicciones políticas, expresadas en discursos electoreros, son cuestionados en los hechos, y que su débil gobierno, mal calificado de “centro izquierda”, persiste en seguir el itinerario que fija la derecha tradicional (RN, UDI, Evópoli), a la que se terminaron sumando ex concertacionistas, “Amarillos por Chile” y el Partido Demócrata en formación (que reúne a ex DC), por lo que debiéramos calificarlo como un gobierno de pseudoizquierda.

El acuerdo es un nuevo triunfo de los sectores conservadores o reaccionarios, que no desean ningún cambio sustantivo y que salen fortalecidos tras las volteretas del gobierno. Es un triunfo del statu quo, que obtiene un traje a la medida, no del pueblo sino de los diputados y senadores que garantizan la mantención de un Congreso corrupto salvo escasas excepciones; que negocian de espaldas a la ciudadanía para asegurar que las privilegiadas granjerías del poder legislativo continúen intactas.

Es un triunfo de la herencia pinochetista, porque los “bordes” y límites impuestos en el acuerdo, hacen que todo el proceso termine siendo un pequeño ajuste a la actual Constitución, manteniendo el carácter subsidiario o indirecto del Estado Neoliberal; el libremercado en la salud, la educación, la vivienda y la continuidad de los amarres institucionales, eso que la dictadura llamó “democracia protegida”.

Es decir, que el modelo neoliberal instalado sangrientamente hace cincuenta años, permitirá seguir violando todos los derechos y libertades históricamente adquiridas en sus luchas por nuestro pueblo; que persistirán los abusos del gran empresariado contra la gran mayoría de Chile y los privilegios para el 1% de la población -los dueños del país-, enriquecidos al amparo del modelo neoliberal, debido al empobrecimiento y pérdida de los derechos económicos, sociales, sanitarios y culturales, como del robo de nuestros bienes comunes, todos ellos, logros democráticos que la ciudadanía había conquistado hasta 1973.

En relación con nuestros maltratados pueblos originarios, se desconocen todos los avances logrados para reconocernos como un país culturalmente diverso, conformado por una decena de pueblos con costumbres, cosmovisión e idioma propios, lo cual lejos de acercar soluciones constituye una provocación, que estimula y radicalizará el más que centenario conflicto en el wallmapu.

Lo anterior ha ocurrido como resultado de una campaña sostenida, iniciada desde antes de la instalación de la Convención Constitucional, sin que ningún sector político se atreva a defender sus grandes avances democratizadores, facilitando el acoso sostenido de convencer a los representantes de los partidos del gobierno, sobre la necesidad de incorporar a expertos, como si quienes participaron en cabildos y asambleas de barrios y comunas, y luego como convencionales electos, que escucharon en audiencias las variadas propuestas de más de un millar de organizaciones, antes de entrar a debatir cada uno de los temas, no resultaran suficientemente expertos en el conocimiento de las grandes demandas nacionales o en los efectos de la micro y macro economía.

Ahora, en vez de los 155 ciudadanos de todas las clases sociales, edades y profesiones que integraron la Convención anterior, habrá solo 50 miembros electos por la ciudadanía, pero esta vez sin permitir listas de candidaturas independientes. Quienes estén en esa condición de no pertenecer a ningún partido y si es que logran ser candidatos, lo harán luego de ser aceptados por alguno. Es decir, los próximos “independientes” serán escogidos por los partidos, deberán tener padrinos y un libreto prefijado.

Los partidos más grandes, responsables del estallido social, podrán imponer los candidatos, y los electos serán proporcionales al número de senadores que elije cada circunscripción. Se impone según un cociente cercano al 13% de la votación nacional a uno o más de 24 expertos. El cálculo indica que en el Senado, la derecha tradicional nombrará 6 y la nueva derecha -que se hace llamar “centro-izquierda”- otros 6. Mientras en la Cámara de Diputados la derecha tradicional nombrará 5 y 7 la derecha emergente.

Por todo esto, el Premio Nacional de Arquitectura, ex prisionero político en Isla Dawson, y principal responsable de la construcción del edificio del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM, ex Diego Portales, originalmente construido para la UNCTAD III, Miguel Lawner, llamó al engendro de que tratamos, el acuerdo de la infamia, agregando que no se siente motivado a votar en el próximo plebiscito.

En suma, este proyecto de Constitución está concebido para recoger lo esencial de la actual Carta de 1980, redactada por un puñado de expertos nombrados por Pinochet, que demoraron siete años en su elaboración y que se aprobó con fraude, por no existir registros electorales.

En consecuencia, rechazamos en forma categórica, tanto el actual infamante proceso como a la clase/casta política que lo generó, por su abierta traición a los intereses de todo Chile. Un acuerdo cupular cuya desvergüenza superó lejos el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, cuando en un tiempo récord de 2 días llegaron a un trato para desvirtuar el estallido social y salvar el sistema político, con Piñera incluido. Ahora se tomaron 3 meses para agregar más y mayores temas prohibidos e impedir la discusión democrática de las legítimas aspiraciones de justicia a la que aspira más del 80% del pueblo.

Por todo ello, es que llamamos al mundo social a rebelarse contra esta burla a la democracia y a la soberanía popular, a manifestar nuestra indignación republicana, impulsando un proceso de debate y de resistencia ciudadana activa contra esta inaceptable felonía.

FUNDACIÓN NUEVA EDUCACIÓN Y SOCIEDAD, FNES

Santiago, diciembre de 2022

*Fuente: Politika

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