Pandemia provoca aumento en los niveles de pobreza sin precedentes

• Presentación de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

La pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en América Latina niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, así como un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo en las mujeres, debido a la pandemia del COVID-19 y pese a las medidas de protección social de emergencia que los países han adoptado para frenarla, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La Secretaria Ejecutiva de la comisión regional de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, presentó una nueva edición del informe anual Panorama Social de América Latina 2020, el cual señala que la pandemia irrumpe en un escenario económico, social y político complejo: bajo crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales. Además, pone al desnudo las desigualdades estructurales que caracterizan las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad y desprotección social, así como la injusta división sexual del trabajo y organización social del cuidado, que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía de las mujeres.

Según las nuevas proyecciones de la CEPAL, como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región, que registrará una caída del PIB de -7,7%, se estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5% y la tasa de pobreza alcanzó el 33,7% de la población. Ello supone que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019.

El documento indica que persisten las brechas entre grupos de población: la pobreza es mayor en áreas rurales, entre niñas, niños y adolescentes; indígenas y afrodescendientes; y en la población con menores niveles educativos. Agrega que el aumento de los niveles de pobreza y pobreza extrema sería todavía mayor sin las medidas implementadas por los gobiernos para transferir ingresos de emergencia a los hogares. Los gobiernos de la región implementaron 263 medidas de protección social de emergencia en 2020. Estas alcanzaron al 49,4% de la población, aproximadamente 84 millones de hogares o 326 millones de personas. Sin esas medidas, la incidencia de la pobreza extrema habría alcanzado el 15,8% y la pobreza el 37,2% de la población.

“La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y, en la actualidad, se vive un momento de elevada incertidumbre en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis. No cabe duda que los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles y que es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región”, afirmó Alicia Bárcena.

Por ello, la CEPAL insta a garantizar la protección social universal como pilar central del Estado de bienestar. Precisa que, en el corto plazo, es necesario implementar o continuar las transferencias de emergencia propuestas por la Comisión: ingreso básico de emergencia (IBE), bono contra el hambre e IBE para mujeres; mientras que en el mediano y largo plazo, se debe avanzar hacia un ingreso básico universal, priorizando a familias con niños, niñas y adolescentes y apostar por sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social, incrementando su cobertura, como componente central de un nuevo Estado de bienestar.

También llama a avanzar hacia nuevos pactos sociales y fiscales para la igualdad en tiempos de pandemia, y a garantizar la salud, la educación y la inclusión digital, para que nadie se quede atrás.

“El llamado de la CEPAL a un nuevo pacto social está más vigente más que nunca: la pandemia es una coyuntura crítica que redefine lo que es posible, y abre una ventana de oportunidad para dejar atrás la cultura del privilegio”, afirmó la alta funcionaria de las Naciones Unidas.

El informe señala que el efecto adverso de la pandemia sobre los ingresos de las personas afecta principalmente a los estratos de ingresos bajos y medio-bajos. Se estima que en 2020 unos 491 millones de latinoamericanos vivían con ingresos hasta tres veces la línea de pobreza. Alrededor de 59 millones de personas que en 2019 pertenecían a los estratos medios experimentaron un proceso de movilidad económica descendiente.

De acuerdo al documento, se espera que la desigualdad del ingreso total por persona aumente en 2020, dando lugar a un índice de Gini promedio un 2,9% más alto que el registrado en 2019. Sin las transferencias realizadas por los gobiernos para atenuar la pérdida de ingresos laborales, cuya distribución tiende a estar concentrada en los grupos de ingreso bajo y medio, el aumento esperado del índice de Gini promedio para la región habría sido del 5,6%.

El reporte advierte también sobre los fuertes impactos de la crisis del COVID-19 sobre el mercado laboral. La tasa de desocupación regional se ubicó en 10,7% al cierre de 2020, lo que representa un incremento de 2,6 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019 (8,1%). Agrega que la caída generalizada del empleo y la salida de la fuerza de trabajo ha afectado con mayor intensidad a mujeres, trabajadoras y trabajadores informales, jóvenes y migrantes.

El informe presenta un capítulo especial sobre la economía del cuidado como sector estratégico para una recuperación con igualdad. Destaca que la pandemia ha revelado el enorme costo que significa para los países de la región no tener un sistema integrado de cuidados de amplia cobertura, desfeminizado y de calidad. Por esto, advierte, “es urgente invertir en este sector para enfrentar la crisis, garantizar el derecho a cuidar y a recibir cuidados, así como reactivar la economía desde una perspectiva de igualdad y desarrollo sostenible”.

Por ello, la CEPAL insta a avanzar hacia una sociedad del cuidado que permita garantizar una recuperación igualitaria y sostenible en América Latina y el Caribe.