Chile. Minuta sobre TLC con la UE: No más colonialismo europeo

Para Chile hay cero ventaja o beneficio, y en cambio para la UE esto sigue siendo un negocio redondo que le permite asegurar su transición energética, pasar del petróleo al hidrógeno verde y a los autos con baterías de litio. Los europeos verán alimentos importados desde Chile en su mesa, pero no querrán ver, en cambio, los impactos de la extracción masiva del litio desde los salares ocasionando el desplazamiento forzoso de pueblos indígenas, o del avellano europeo cultivado con plaguicidas peligrosos que generan cáncer y contaminación, o la celulosa y los monocultivos de palta que han secado y contaminado territorios de los pueblos a lo largo del país.

Los proyectos europeos requieren minerales estratégicos como el litio y las tierras raras; energía, agua e infraestructura. Y Chile les está garantizando acceso preferente e incondicional a todo ello.

Un peligro para la paz

Además en el capítulo de Cooperación, el tratado compromete a Chile a participar y poner fuerza militar en operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, comprometiendo la neutralidad de Chile, y asociándonos a la complicidad de la Unión Europea con el genocidio a Palestina por parte de Israel. La UE no tiene fuerza militar propia y opera con sus aliados a través de mecanismos como el planteado en el tratado, que nos subordinarían a los objetivos globales de la OTAN.

Impactos en la agricultura

Respecto de la agricultura, la masificación de las plantas de energía eólica y solar se está haciendo en terrenos fiscales, proporcionados por Chile o bien contratando suelos agrícolas de privados. Eso incidirá en que se producirán menos hortalizas para el mercado interno, habrá que importar muchos los alimentos y los precios de la canasta básica aumentarán.

Sólo los grandes exportadores de productos como el vino, carnes o paltas se benefician de este tratado, pero las y los campesinos tendrán aun menos oportunidades porque los proyectos harán que aumente la crisis hídrica.

La UE reconoce en sus análisis que los beneficios serán “modestos” para la economía chilena. Y que existirán impactos en las pymes, las mujeres, sector rural, minería, construcción y turismo.

¿Nos traen trabajo?

Nos hablan de trabajo y desarrollo. Pero la Fundación Sol estableció que el trabajo sólo existe al inicio de los proyectos, y la curva cae junto con el patrimonio ecológico. A ello se sumará cada vez más la robotización, disminuyendo el empleo. El 49,6% de la fuerza de trabajo en Chile ya se desempeña en zonas de sacrificio. La minería es el sector con más subcontratación y en las actividades agrícolas, ganadería, silvicultura y pesca propiciadas por este tratado, la precarización es evidente: un 11,8% no tiene contrato de trabajo.

El tratado prohíbe condicionar la inversión a la exigencia de que nos transfieran tecnología.

Y además abre el Mercado Público sin condiciones a las empresas europeas, originando una competencia desleal con los proveedores chilenos, en especial las pymes que abastecen fundamentalmente de diversos insumos al sector salud y educación. Las pymes constituyen el 97% de los proveedores de compras públicas en 2022-23, con transacciones de más de 5.500 millones de dólares, pero la inmensa mayoría difícilmente estará en condiciones de competir con las empresas europeas. Al perder licitaciones pueden caer en la quiebra, generando más cesantía, sobre todo en mujeres, que son la mayor parte de la fuerza laboral del sector.

¿Cómo nos protegerán de los impactos?

En plena crisis ecológica planetaria, este tratado no incorpora obligaciones para el inversor respecto de sus impactos ambientales y de la consiguiente aceleración del calentamiento global por aumento de las emisiones. Sólo habrá “paneles de expertos” ante reclamos, sin ningún mecanismo vinculante respecto de los derechos humanos como el derecho al agua, los derechos ambientales y de la naturaleza. Hay un régimen global de impunidad corporativa del cual la UE se ha hecho parte. Las y los Defensores del Territorio no son amparados por este tratado.

¿Cómo protegerán ellos sus inversiones?

Los 27 estados de la Unión Europea podrán demandar a Chile en un sistema permanente de Resolución de Diferencias o Controversias que el Tratado ahora denomina como “Grupos Especiales”, a operar cuando se adopten normas o leyes que ellos consideren son una expropiación directa o indirecta. Las demandas serán resueltas con las reglas del CIADI, como ocurre con el TPP. Y ahora Chile deberá financiar cada año los tribunales permanentes aquí llamados Grupos Especiales (con 11 o 16 miembros de esos grupos especiales) incluyendo los del tribunal de apelación que contempla el sistema, con millones de dólares en salarios de nivel internacional, además del pago de los fallos en el probable caso de perder.

El Sistema de Resolución de Controversias incorporado en este tratado está igualmente por encima de los tribunales nacionales e internacionales, dando más derechos a los inversores que los establecidos en las leyes europeas. Si el inversor gana la demanda contra el Estado, deberá ser compensado por ejemplo, por no cumplir las “legítimas expectativas de ganancia del inversor”. Los Estados pueden legislar, pero serán demandados si sus leyes no son del gusto de los inversores.

Más riesgos aun con ENEL

ENEL, del grupo italiano Fortuna, ya demandó en 2019 a Panamá por 11 millones de euros. ¿Qué harán si consideran muy elevadas las multas por daño a consumidores, o si se confirmara el posible fin de la concesión por pésimo servicio? Los inversores europeos que están en Chile ya acumulan un historial de demandas: en las AFP está Plan Vital, del Fondo Generali de Italia que ya ha demandado a Panamá. En el negocio del Agua está Secyr, empresa española que ya demandó a Panamá. Por su parte, Sodexo (servicios alimentarios), demandó a Hungría por expropiación indirecta, al perder la concesión de establecimientos penitenciarios y ganó así 73 millones de euros. Telecom (del cual es filial Movistar) tiene un record de demandas con Argentina, México, y Colombia, esta última por 394 millones de dólares por no renovarle la concesión. Y ADP (concesionaria del aeropuerto, francesa, estatal) ya tiene demandado a Chile por bajar sus ganancias en pandemia.

Más ventajas para la UE

En comercio digital, el tratado prohíbe restringir el comercio transfronterizo de datos, y prohíbe exigir a las empresas el algoritmo y la ubicación de los centros de procesamientos de datos. Las grandes empresas Big TEch europeas estarán exentas de pagar impuestos, ya que no habría donde cobrarles y sus ganancias serán totales tras alimentar sus sistemas con un nuevo extractivismo de datos.

En otros rubros, entre el 2003, fecha de inicio del Acuerdo, y el 2019, el valor de las exportaciones de maquinarias de la gran empresa europea, subió de US$ 3.287 millones a US $10.856 millones, con un aumento anual del 7,7%. En medicamentos y agrotóxicos, las exportaciones aumentaron en un 135%; en vehículos un 145%.

¿Habrá progreso con este nuevo TLC?

Chile en estos 20 años siguió exportando lo mismo a Europa: materia prima sin mayor valor agregado, de los sectores minero, frutícola, vitivinícola y forestal que representan el 90% de las exportaciones. Este tratado incorpora nuevas normas de propiedad intelectual que harán más difícil la producción oportuna de medicamentos genéricos y para enfermedades raras. El UPOV 91, convenio sobre la protección de los obtentores y privatizadores de la semilla, también contemplado en este tratado, amenaza la recuperación y protección de la semilla campesina porque facilita aún más el registro (un tipo especial de patente) para los obtentores de las empresas semilleras, y criminaliza el libre intercambio de semillas. Las normas del tratado favorecen el agronegocio de exportación, con uso intensivo de plaguicidas peligrosos y de semilla industrial y perjudican la agricultura familiar campesina e indígena y los cultivos agroecológicos, obstaculizando el camino para la soberanía alimentaria, tan necesaria en tiempos de crisis. No impide a empresas como Bayer/Monsanto o Syngenta exportar a Chile agrotóxicos que están prohibidos en Europa, discriminándonos los riesgos de salud para temporeras y consumidores.

¿Qué buscan?

Quieren el litio y se aseguran el mejor precio, es decir el mismo precio que Chile fije para sus necesidades internas, como por ejemplo para darle valor agregado al litio generando baterías en el país. Y quieren hidrógeno verde a costa del impacto de ambas explotaciones en los territorios, con el consiguiente aumento de la crisis hídrica.

¿Y el capítulo sobre las mujeres?

El Tratado se dirige a las mujeres en tanto empresarias, es sobre” Mujeres y Comercio” y no es vinculante. Las trabajadoras no están. Las temporeras que trabajan en los packing del agronegocio y cuyas comunidades están afectadas por cáncer, saqueo de sus aguas y contaminación, no son mencionadas acá. Las mujeres campesinas e indígenas tampoco.

Los empleos de los sectores abarcados en el tratado tienen una participación de mujeres no mayor del 24% (en el sector de agricultura), y bajan hasta llegar a un 7% en otros sectores. Para las mujeres, los tratados de libre comercio sólo han traído mayor precarización y subcontratación, además de aumentar las tareas de cuidado, por los impactos en la salud de los plaguicidas peligrosos y el despojo de las aguas por diversos tipos de proyectos extractivistas.

Por eso, lo único sensato es votar en CONTRA de un tratado que sólo beneficia a la Unión Europea y nos congela como país exportador de materias primas.

Agosto de 2024

*Fuente: Resumen Latinoaméricano

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