La calle volvió a hablar en Colombia. A poco más de dos meses de la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia, miles de personas salieron a manifestarse en distintas ciudades del país en el primer gran pulso social contra el nuevo Ejecutivo. La convocatoria reunió a centrales sindicales, organizaciones docentes, estudiantes, comunidades indígenas y sectores políticos opositores. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y otras ciudades fueron escenario de las movilizaciones.
La jornada expresó un malestar que va más allá de una medida puntual. Las organizaciones convocantes cuestionan las decisiones económicas y sociales del Gobierno, los recortes anunciados en instituciones públicas, la eliminación de subsidios eléctricos y las amenazas que, a su juicio, pesan sobre derechos laborales, educación pública y territorios indígenas.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la financiación de servicios esenciales figuran entre los asuntos que alimentan las críticas. El magisterio, por su parte, reclama garantías laborales, atención a la salud de los docentes y la reconstrucción de escuelas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
La protesta bajo nuevas reglas
Pero la movilización tuvo un elemento adicional. El martes 13 de octubre, en la víspera de las marchas, el Gobierno expidió el Decreto 1525 de 2026, que modifica las reglas de intervención de la fuerza pública durante las manifestaciones. La norma establece que el diálogo con los manifestantes no constituye un requisito previo que impida actuar frente a quienes cometan actos de violencia.
El Ejecutivo defiende las modificaciones como una herramienta para proteger a la ciudadanía y evitar bloqueos que afecten servicios esenciales. Desde la oposición y las organizaciones sociales, en cambio, se advierte que ampliar la discrecionalidad policial puede debilitar las garantías para ejercer el derecho a la protesta. El debate no es menor en un país marcado por graves antecedentes de represión contra la movilización social.
¡UN RÍO DE GENTE EN CALI! Que Abelardo, el ILEGÍTIMO, sepa que Colombia no le pertenece y que está dispuesta a defender sus derechos. @maicajamarca_
El senador Iván Cepeda denunció que las nuevas disposiciones buscan intimidar a quienes se manifiestan. El Gobierno insiste en que la protesta pacífica está garantizada, pero rechaza los bloqueos y los actos violentos. La aplicación concreta de las nuevas reglas será uno de los puntos que habrá que seguir de cerca.
Más que una disputa entre Gobierno y oposición
Las calles también expresaron posiciones sobre el rumbo internacional de Colombia. Según EFE, entre las banderas y consignas de la jornada estuvieron las de Palestina, junto con críticas a Estados Unidos y al estrecho alineamiento del nuevo Ejecutivo con Washington.
La protesta reunió así distintas preocupaciones: desde el salario y los derechos de los trabajadores hasta la educación pública, las reivindicaciones territoriales y la política exterior. No todas las organizaciones comparten necesariamente las mismas prioridades, pero la convocatoria permitió que esas demandas coincidieran en un mismo espacio.
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Santiago Barbosa, @smoelno
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