Fraude a mano armada
por Rafael Luis Gumucio Rivas, El Viejo (Chile)
8 años atrás 7 min lectura
22.05.2017
Según Max Weber, el Estado tiene el monopolio de la coerción legítima. En muchos casos, en América Latina particularmente, las instituciones que aplican la fuerza se han convertido en la sede principal de la corrupción y de la ilegalidad.
En términos sociológicos a este tipo de situaciones se le llamaba “el Estado inviable”; lo fue Colombia cuando el país estuvo dominado por los carteles de Cali y Medellín, y lo son hoy, y por distintos motivos, México y Brasil.
En los Estados modernos, quienes detentan el monopolio de las armas aplican la violencia contra todas aquellas personas o grupos que amenacen la seguridad del Estado o de los individuos, las Fuerzas Armadas y de Orden y las policías.
Nicolás de Maquiavelo, en la obra, El arte de la guerra, 1519-1520, criticaba a los ejércitos privados, a los mercenarios y a los condotieros del Renacimiento, a causa de su lucha por sueldo y no por la patria. Para vencer en el arte de la guerra era necesario un ejército profesional, perteneciente, en este caso, al Estado y pagado por él.( una ética del amor a la patria)
La historia prueba que el armamento y las vituallas de los ejércitos fueron siempre un muy buen negocio privado. Las grandes fortunas se hicieron sobre la base, no sólo por la compra y venta de armamentos, sino también por la provisión de los vestidos, zapatos, alimentos, medicamentos, todos estos elementos necesarios para la supervivencia de los soldados.
Desde el siglo XVIII hasta hoy, las grandes fortunas se han hecho sobre la base del aprovisionamiento del ejército. Ya lo escribíamos en un artículo anterior que Voltaire, por ejemplo, además de ser un gran escritor, era un canalla, que se hizo millonario gracias a las ventas al ejército francés. Las grandes fortunas en la República y, posteriormente, bajo el imperio de los dos Napoleones, fue el affaire de la dotación de vituallas al ejército, necesarias para su mantención, de ahí que la guerra no era un negocio para los vendedores de armas, sino de quienes proveían a los soldados de lo necesario para mantenerse vivos y listos para luchar.( Danton se hizo rico por el negocio de la guerra)
Sabemos que hay negocios más criminales y antiéticos, como la venta armas químicas durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales o, como en el caso de los industriales alemanes, que estas armas letales para gasear a millones de los judíos.
En la corrupción siempre hay que definir la esporádica y la estructural: por ejemplo, en México ocurre la segunda, pues ninguna institución funciona, y todas están podridas; lo mismo está empezando a ocurrir con Brasil: las empresas y los políticos coludidos están corrompidos hasta la médula, razón por la cual la salida a esta grave crisis muy difícil de visualizarla. Por ejemplo, una sola empresa, Odebrecht, es capaz de sobornar a un Presidente de Colombia, a cuatro de Perú y a un número indeterminado aún de diputados y senadores, no sólo de Brasil, sino también de algunos países de América Latina.
A pesar de que Italia, hoy Brasil y España tienen una crisis de corrupción estructural, aún los tribunales de justicia, sobre todo en los casos de Italia y Brasil, se han mostrado implacables con empresarios y políticos corruptos, pero fiscales y jueces en reemplazar a los políticos, pues nada peor para un país que ser gobernado por empresarios, arzobispos o jueces – en el primer caso, sería una plutocracia, una degeneración de la democracia; en el segundo, una teocracia; en el tercero, un gobierno de los jueces. El poder político no puede residir en la Bolsa de Comercio, ni en las iglesias, ni en los tribunales de justicia.
Seamos precisos: en el Chile de hoy no existe una corrupción estructural, sino elementos de corrupción en el seno de muchas instituciones fundamentales: el ejército, Carabineros, gendarmería, CODELCO, es decir en la mayoría de las grandes empresas y en algunos personeros de la casta política. Hay que saber muy poca historia para creer que la corrupción es un asunto de hoy: existió durante la guerra del Pacífico, que no sólo fue un negocio redondo para dueños de salitreras y minas de carbón, además de compradores de bonos de las guaneras peruanas, sino también para quienes aprovisionaron al ejército, bajo la dirección del ministro Rafael Sotomayor (1879-1883).
Se ignora, a veces, que quienes aplaudieron “la pacificación de la Araucanía”, es decir, el genocidio del pueblo mapuche, eran los más avanzados pensadores liberales – Benjamín Vicuña Mackenna, Diego Barros Arrana, José Manuel Balmaceda, entre otros -. Para los liberales rojos, civilizar era sinónimo de exterminar mapuches. (peor en el caso del pelado Sarmientos y Mitre en nuestros vecinos)
El político Marcial Martínez se adelantó en muchos años al escenario que está ocurriendo hoy, con el “milicogate, pacogate, Codelcogate, quien proponía “estatizar” el cohecho y el soborno, es decir, en vez de que los empresarios y candidatos a cualquier cargo de representación popular sobornaran a los ciudadanos, lo hiciera directamente el Estado: sería menos oneroso por el efecto de la centralización y tendría, además, la ventaja de la cual gozan los ejércitos profesiones y de los ejércitos particulares; de esta manera pasaríamos del feudalismo al “neoliberalismo norcoreano” – frase genial de Carlos Ruiz, ideólogo del Frente Amplio – así, entre el Estado y el mercado se produce una perfecta simbiosis, en el sentido que de Estado enriquece a las empresas que se transan en el mercado. De qué extrañarse que el Partido Socialista chileno invierta en Bonos de empresas, tales como Soquimich y las empresas reguladas por el Estado. Pedir que la superintendencia respectiva que regule el mercado es ridículo, pues en el liberalismo norcoreano no existe mayor diferencia entre uno y otro.
El presidente de la UDI de ese entonces, Pablo Longueira y el Presidente de la República, Ricardo Lagos, fueron en extremo coherentes al propiciar que las empresas donaran secretamente recurso a los candidatos, a la presidencia de la República y parlamentarios, como a los candidatos municipales. Algo similar tenía en su mente Marcial Martínez en la república plutocrática. La frontera entre los negocios y la política es, simplemente, muy tenue en la república plutocrática.
En el Estado guardián, la misión de las instituciones que tienen el monopolio de la fuerza es la protección de un orden, basado en la propiedad privada que hay que salvaguardarla como como el bien más importante de la civilización cristiana.
Al llevar a efecto la propuesta de Marcial Martínez, en el sentido de que el gobierno tenga la función de sobornar al ciudadano común, y no al privado, parece lógico que un sector de la alta oficialidad de Carabineros haga uso y abuso, en forma fraudulenta, de dineros destinados al funcionamiento de la institución, en el sentido de que parte del presupuesto más los gastos reservados pase a los bolsillos de altos mandos de la división de intendencia, dentro de la institución de Carabineros.
Es casi imposible saber el monto defraudado y la fecha en que comenzó: hasta ahora vamos en 2006, con sumas de miles de millones de pesos. El general Flavio Echeverría Cortez, ex jefe de finanzas de Carabineros, ya ha acusado a varios generales de responsabilidad en el mal uso de gastos reservados.
El “milicogate” opacado ahora por “pacogate”, aparece con cantidades aún mayores de fondos defraudados al fisco, por concepto de malversación de dineros del 10% de la venta del cobre. Era demasiado grande la cantidad para que algunos oficiales inescrupulosos no se tentaran de realizar recortes sustantivos en los dineros restantes de la conversión de dólares a pesos. Del enriquecimiento del ex general en jefe del ejército, José Miguel Fuente-Alba, permanece en el silencio para los medios de comunicación, pues el principio de una noticia opaca la otra.
El olvido es mucho más poderoso que la prescripción de los delitos para que los electores siempre tropiecen con la misma piedra, es decir, votar por los más diablos y amantes del dinero.
Bibliografía
Gonzalo Vial, Historia de Chile, 1920-1973
Rafael Luis Gumucio Rivas, Corrupción y Poder. Revista Polis U bolivariana
Nota en toda institución hay personas honestas. Los pobres que trabajan en ellas no tienen nada que ver con el abuso de los poderosos
Marcial Martínez Diputado y diplomático liberal fines Siglo XIX comienzo del XX
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