Netanyahu acelera la anexión silenciosa de Cisjordania

Israel registra por primera vez desde 1967 amplias zonas ocupadas como “propiedad estatal”. El paso, impulsado por la ultraderecha del Gobierno, consolida un cambio estructural en el régimen jurídico del territorio palestino.

El gabinete de Benjamin Netanyahu ha aprobado la designación de amplias áreas de Cisjordania como “propiedad del Estado”, una decisión sin precedentes desde el inicio de la ocupación en 1967. Presentada como medida administrativa para “regular explotaciones agrícolas”, la iniciativa supone en términos prácticos un salto cualitativo en la consolidación territorial israelí sobre suelo ocupado. No es un trámite técnico: es una mutación jurídica que reconfigura el conflicto sobre el terreno.

De ocupación militar a apropiación administrativa

La decisión, promovida por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, el titular de Justicia Yariv Levin y el ministro de Defensa Israel Katz, formaliza un mecanismo que Israel había evitado durante décadas por su complejidad política y su impacto internacional. Registrar tierras como “propiedad estatal” en la Zona C —bajo control exclusivo israelí según los Acuerdos de Oslo— significa consolidar la capacidad de planificación, concesión y desarrollo en favor de los asentamientos.

Desde el punto de vista técnico, la medida transforma un régimen de ocupación militar —teóricamente provisional según el derecho internacional— en un esquema de gestión patrimonial de largo plazo. El mensaje es inequívoco: la temporalidad de la ocupación deja de ser creíble.

Smotrich lo celebró como una “revolución” en el control sobre “todo nuestro país”, una expresión que borra cualquier distinción entre Israel reconocido internacionalmente y los territorios ocupados. El lenguaje no es menor. Cuando un miembro clave del gabinete habla de “nuestro país” al referirse a Cisjordania, está explicitando una doctrina de soberanía integral.

El derecho internacional como obstáculo prescindible

La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe a la potencia ocupante transferir su población civil al territorio ocupado y alterar su estatus permanente. La designación masiva de tierras como estatales facilita la expansión de asentamientos, infraestructuras y explotación agrícola bajo legislación israelí. Es un mecanismo indirecto de anexión. No requiere una declaración formal: basta con cambiar el régimen administrativo.

Un paso coherente con la deriva interna

El movimiento no puede entenderse al margen de la configuración actual del Gobierno israelí. Netanyahu gobierna sostenido por una coalición donde los sectores ultranacionalistas han ganado peso estructural. Smotrich, defensor declarado de la anexión, controla áreas clave de la administración civil en Cisjordania.

La aprobación llega además en un contexto de creciente violencia en el territorio ocupado, con expansión de puestos avanzados de colonos y restricciones cada vez mayores para la población palestina. La Autoridad Palestina ha denunciado la decisión como una anexión de facto, y Jordania, Turquía o Qatar han advertido de su impacto desestabilizador.

Pero el cálculo político interno en Israel parece prevalecer sobre cualquier consideración diplomática. Netanyahu, debilitado en otros frentes y cuestionado por la gestión de la guerra en Gaza y por su reforma judicial, encuentra en la agenda territorial un elemento de cohesión para su base más ideológica. La expansión en Cisjordania funciona como pegamento político.

El horizonte de los dos Estados, erosionado

Desde 1967, la comunidad internacional ha sostenido formalmente la solución de dos Estados como marco de resolución. Sin embargo, cada ampliación de asentamientos, cada nueva carretera segregada y cada reclasificación administrativa reduce la viabilidad territorial de un Estado palestino contiguo.

La designación de tierras como estatales consolida una red de enclaves bajo jurisdicción israelí que fragmenta aún más el territorio palestino. No es una medida aislada: se integra en una política gradual de hechos consumados.

Netanyahu puede presentar la decisión como respuesta a “procedimientos ilegales” de la Autoridad Palestina en la Zona C. Pero el desequilibrio de poder es evidente. Israel controla fronteras, espacio aéreo, recursos hídricos y planificación territorial. La asimetría convierte cualquier disputa administrativa en un ejercicio unilateral.

Una redefinición silenciosa del conflicto

La aprobación de este registro no cambia oficialmente las fronteras reconocidas por la comunidad internacional. No hay ceremonia de anexión ni ley declarativa. Sin embargo, altera la arquitectura jurídica sobre el terreno y consolida la integración funcional de partes de Cisjordania en el aparato estatal israelí.

La anexión ya no necesita proclamarse; se ejecuta en boletines administrativos.

En febrero de 2026, el Gobierno de Netanyahu no solo administra una ocupación prolongada: avanza hacia su normalización estructural. Y lo hace en un momento en que la presión internacional es dispersa y la región acumula crisis superpuestas. La decisión no resuelve el conflicto, pero redefine sus términos. Sin declaraciones solemnes, sin votaciones históricas. Con expedientes y registros.

*Eva Maldonado, redactora en Diario Sabemos, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.

-Artículo enviado a piensaChile desde OtherNews

*Fuente: Diario Sabemos

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