La jugada maestra del tecnofascismo sobre América Latina

29 de junio de 2026

Hay una mano que se mueve detrás del tablero. No es invisible; son Peter Thiel y su red de multimillonarios tecnofascistas, con su proyecto evidente de dominio sobre América Latina, en concomitancia con la doctrina Trump-Monroe 2.0, que ya no es una teoría. Es una operación en marcha, brutal y sistemática.

La estrategia es simple en su perversidad: ganar las elecciones en el continente para facilitar el control final. La tarea es financiar campañas electorales construidas sobre mentiras (metáforas, diría Kast, el actual presidente chileno) en redes sociales y los medios de comunicación de masas, de modo de instalar en el poder a tipos fácilmente controlables —ya sean evidentemente corruptos, o ideológicamente afines al tecnofascismo libertario, todos entrenados en la subordinación al poder extranjero. Argentina lo vive. Chile lo empieza a sentir. Perú, Ecuador, Colombia… el mapa se tiñe. Y lo más doloroso: los pueblos y sus propias élites están ofreciendo la yugular al vampiro.

Honduras es el caso que más duele hoy. 

Le vendieron a Honduras una promesa brillante: atraer capital extranjero, desarrollo y modernidad mediante la creación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE, ¡qué sigla más trágica!), que consisten en enclaves con autonomía regulatoria, fiscal y administrativa para atraer inversión extranjera. Es, en términos prácticos, una cesión de soberanía al dominio extranjero y así ocurrió. Llegó la inversión extranjera para quedarse, un cáncer pirata con suficiente poder para hacer jaque mate a una nación entera. El enclave Próspera es la creación de Peter Thiel, quien se reunió en secreto con el argentino Milei y el chileno Kast. ¿Habrán hablado del plan de instalar este mismo tipo de enclave en Argentina y en Chile?

Próspera es una autodenominada “ciudad libertaria” ubicada en las playas más espectaculares de Honduras, en la isla de Roatán. Es una ZEDE —Zona de Empleo y Desarrollo Económico—, un concepto legal que permite a una empresa privada convertirse en el gobierno de un territorio, con sus propios tribunales, código fiscal, sistema de seguridad y marco regulatorio, ajeno al Estado hondureño. La financian los tecnofacistas Peter Thiel, Marc Andreessen y Sam Altman. Cuando el gobierno de Xiomara Castro derogó las ZEDE en 2022 y la Corte Suprema las declaró inconstitucionales en 2024, los inversores presentaron una demanda ante el CIADI —el tribunal arbitral internacional— por 10.775 millones de dólares, equivalente a casi un tercio del PIB de Honduras. En 2025 redujeron el monto a 1.630 millones. ¿Recuerdan las discusiones que sosteníamos cuando aparecieron esos tratados internacionales de libre comercio, con tribunales de arbitraje internacional, destinados a proteger a los inversionistas transnacionales a costa de los gobiernos? Pues bien, aquí tenemos un ejemplo trágico de cómo funciona esto.

El jaque es perfecto: el asesor de Trump Roger Stone gestionó abiertamente por el indulto a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado en Estados Unidos por narcotráfico, precisamente para “salvar el experimento Próspera”, ya que casi todas las demandas contra el Estado hondureño tienen origen en leyes o acuerdos firmados durante la era del corrupto Hernández. Honduras intentó resistir retirándose del CIADI, pero el arbitraje con Próspera ya estaba en curso. Un país soberano, acorralado por una empresa registrada en Delaware. Estados Unidos, cuya administración ha declarado América su zona de influencia exclusiva, en la nueva doctrina Trump-Monroe 2.0, que tanto Rubio como los tecnofacistas están ejecutando con todo el poder a su alcance.

Un detalle más para ver quiénes están involucrados en esta red corrosiva del dominio global. Roger Stone es un operador político republicano de larga data, asesor de Nixon y Trump (dos de los presidentes más corruptos que ha tenido Estados Unidos) y de figuras de la derecha. Su historial incluye manipulación electoral, lobby sucio y desinformación. Trump lo indultó en 2020 tras ser condenado por obstrucción a la justicia y por mentirle al Congreso en el marco de la investigación de Mueller.

El Hondurasgate y la mano de Rubio: cómo instalaron a un abogado de paramilitares en la presidencia de Colombia

En abril de 2026 se filtraron 37 audios —verificados forensicamente con la tecnología Phonexia y corroborados por el medio de investigación Earshot— que exponen a Juan Orlando Hernández como operador directo de Washington y de Tel Aviv (el Israel de Netanyahu) para desestabilizar los gobiernos progresistas de México y Colombia. Los audios revelan la creación de plataformas de desinformación financiadas desde Honduras y Argentina para intervenir en procesos electorales de la región, con fondos públicos hondureños y unos 350.000 dólares atribuidos al gobierno de Javier Milei. La arquitectura de esa operación tiene un nombre propio en Washington: Marco Rubio. El presidente Petro declaró tener pruebas de que un líder de extrema derecha colombiano estaba en contacto directo con el secretario de Estado Marco Rubio para derrocar al gobierno colombiano —lo que Rubio confirmó indirectamente al calificar públicamente a Petro de “figura problemática” y al excluir a Colombia de su lista de aliados estratégicos en América Latina. El resultado: las maniobras de Trump y Rubio para influir en los comicios colombianos a favor de De la Espriella —quien ya ha propuesto reinstalar bases militares estadounidenses bajo un “Plan Colombia 2.0”— no pueden minimizarse en ningún sistema democrático. Hernández, el narcotraficante indultado, no es un beneficiario del sistema: es su operador en el terreno.

Abelardo Gabriel de la Espriella Otero (nacido el 31 de julio de 1978) es abogado penalista, empresario y político de extrema derecha, presidente electo de Colombia, quien asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026. Venció en segunda vuelta a Iván Cepeda por cerca de 250.000 votos en las elecciones más reñidas desde que se instauró la segunda vuelta en 1994. Su prontuario es controvertido: se hizo figura pública defendiendo a clientes de alto perfil vinculados a grupos paramilitares de derecha, y representó a Alex Saab, empresario venezolano acusado en EE.UU. por lavado de dinero; además, en 2005 fundó FIPAZ, organización que promovía un referendo para prohibir las extradiciones en Colombia y organizaba foros con comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las AUC fueron un grupo paramilitar de extrema derecha activo entre 1997 y 2006, responsables de masacres, torturas, desapariciones forzadas y desplazamiento masivo de civiles, y se les atribuye el 38% de las masacres del conflicto armado colombiano, además de financiarse con el narcotráfico internacional. EE.UU. la designó organización terrorista extranjera en 2001 por sus actos sistemáticos de violencia contra civiles, su papel en el tráfico de cocaína hacia América del Norte y Europa, y sus métodos de terror que encuadraban en la definición legal estadounidense de terrorismo.

Once congresistas demócratas enviaron el 17 de junio de este año una carta formal al Secretario de Estado, Marco Rubio, al Secretario del Tesoro y al Fiscal General encargado, exigiendo que se investigara a De la Espriella por vínculos documentados con Alex Saab y por haber ejercido durante años como abogado defensor y vocero de líderes de las AUC, y presionando, además, para bloquear las extradiciones de jefes paramilitares a EE.UU. Los legisladores también solicitaron investigar el origen de su fortuna, en particular los recursos utilizados para sus inversiones inmobiliarias en Florida, y cuestionaron la «injerencia descarada» de Trump al respaldar públicamente su candidatura.

Esta es la arquitectura del poder que se está levantando sobre nuestros pueblos.

No es casualidad. Es diseño.

La pregunta que nos quema e inquieta es si el pueblo latinoamericano despertará antes de que el jaque se convierta en mate.

¿Habrá suficientes patriotas de la Patria Grande, leales y solidarios, con liderazgos honestos, para despertar de nuestro largo letargo?