El Estado no es una empresa con fines de lucro: A propósito de la confusión que nos gobierna

16 de mayo de 2026

Hay un error conceptual que, cuando se instala en el poder, tiene consecuencias devastadoras: confundir el Estado con una empresa privada. No es un error menor ni técnico. Es una falla de formación que distorsiona la comprensión misma de lo que significa gobernar.

El caso del gobierno de Kast, con su equipo económico proveniente del mundo empresarial privado, ilustra esta confusión con particular nitidez. Para quienes han construido su visión del mundo en torno a la lógica de la rentabilidad corporativa, el Estado aparece como una entidad que “gasta” y, por lo tanto, debe “ajustarse”. Esa lectura, aparentemente técnica y prudente, es, en el fondo, profundamente equivocada.

El Estado invierte; no gasta

La empresa privada existe para acumular ganancias en beneficio de sus inversionistas. Su racionalidad estructural la impulsa a reducir los costos al mínimo posible —incluidos los salarios— y a maximizar el retorno del capital. No hay maldad en ello: es simplemente su naturaleza y su función dentro del sistema económico.

El Estado, en cambio, existe para otro fin radicalmente distinto: mejorar las condiciones de vida de las personas, que son el sujeto último de su razón de ser. Cuando el Estado financia educación de calidad, vivienda digna, salud universal o servicios sociales, no está “gastando”: está invirtiendo en el capital humano, social y civilizatorio de la nación. Esa inversión produce retornos que ningún balance contable puede captar del todo, pero que sostienen la cohesión social, la productividad futura y la dignidad de la vida en común.

El rol regulador del Estado frente al mercado tampoco es un lujo ideológico: es la condición necesaria para que la competencia no degenere en abuso. Las reglas del juego, los mecanismos redistributivos —como los impuestos progresivos y los servicios sociales focalizados en quienes más los necesitan— son instrumentos de equilibrio, no de penalización del éxito.

Cuando la gerencia privada toma el timón de lo público

El problema surge cuando quienes llegan al gobierno carecen de la formación necesaria para comprender esta diferencia fundamental. Al ver el déficit fiscal, su instinto —entrenado en otro tipo de institución— es recortar el gasto, como ocurre hoy con gobiernos de derecha, como el de Kast en Chile o el de Milei en Argentina. Así, lo que es inversión en educación se convierte en “gasto prescindible”; lo que es acceso a la salud para todos se vuelve “carga fiscal insostenible”; lo que es vivienda digna aparece como “subsidio ineficiente”.

Esta lógica no solo es conceptualmente errónea, sino también socialmente peligrosa. Cuando se aplica de manera sistemática, erosiona los pilares del bienestar colectivo, profundiza la desigualdad y debilita la capacidad del Estado para cumplir su función histórica. Los números azules del balance fiscal pueden coexistir perfectamente con una nación más enferma, más ignorante y peligrosamente más fragmentada.

El problema también es responsabilidad ciudadana

Sería cómodo atribuir esta confusión únicamente a los gobernantes. Pero hay una dimensión más incómoda: una parte importante de la ciudadanía apoya estos modelos precisamente porque comparte, en alguna medida, esa misma confusión. La narrativa del “Estado austero que no derrocha” tiene un atractivo intuitivo, especialmente en contextos en los que la confianza en las instituciones públicas es baja, a menudo producto de una campaña publicitaria insidiosa, teñida de prejuicios o intereses encubiertos.

Es ahí donde la educación cívica y el debate público claro, honesto y responsable adquieren una urgencia que trasciende lo académico. Comprender qué es el Estado, para qué existe y cuáles son sus obligaciones irrenunciables no es materia reservada a los economistas ni a los cuentistas políticos: es condición básica de una democracia madura.

Gobernar un país como si fuera una empresa privada no es eficiencia: es un diagnóstico equivocado aplicado con precisión quirúrgica. Y las consecuencias las pagan siempre quienes menos pueden permitírselo.