Chile. ¿Quién mandó quemar a Julia Chuñil?

Fiscal Calfil se niega a abrir el juicio. Igual como hizo con caso de Macarena Valdés.

“La quemaron”, dijo Juan Carlos Morstadt a su padre por teléfono, refiriéndose a Julia Chuñil Catricura, la dirigenta mapuche desaparecida desde el territorio ancestral en disputa en Los Laureles, comuna de Máfil, Región de Los Ríos. La cruda revelación de la intercepción telefónica autorizada, la hicieron este 30 de septiembre en Santiago, en CODEPU, las abogadas defensoras de la familia, Male Santana y Karina Riquelme. A ellas y a Carmen Caifil, la Fiscalía les cerró hace diez días todo acceso al caso, anulando su acreditación y dejando sin respuesta sus insistentes reclamos hasta ahora. Quedaron al margen de toda información, lo cual denunciaron como un grave incumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH. Junto al equipo jurídico estaban Pablo San Martín, hijo mayor de Julia y Juana Aguilera, de la Comisión Ética Contra la Tortura y Rodrigo Bustos de Amnistía Internacional, quien reiteró la necesidad de cuidar el debido proceso y asegurar el acceso a la justicia. La familia ha recibido a este día 30 de septiembre el decidido apoyo y solidaridad del espacio Día a Día por Julia Chuñil y de todos los colectivos que en las calles y a lo largo de Chile han estado interrogando al Estado Dónde Está Julia Chuñil, al tiempo de exigir verdad y justicia, y castigo a los responsables de su desaparición.

Morstadt ostenta la calidad de imputado en la causa. Él se niega a responder preguntas pero miles de voces roncas de dolor y espanto  lo interrogan ahora, desde el estupor que la noticia ha causado en todas y todos.

Sr. Morstadt, díganos ya, ¿Quién o quiénes quemaron a Julia Chuñil? ¿Quién dio la orden?

Jaime Calfil, el fiscal actual, el mismo que el equipo jurídico solicitó no fuera designado en el caso por su sesgo ideológico, en vez de formalizar al empresario en un juicio, escogió ampliar la lista de sospechosos a los tres hijos de Julia Chuñil, más otros miembros y amigos de la familia. Existiendo esa clara evidencia, y otra escucha telefónica que vincula a Morstadt con armas de fuego no autorizadas, la Fiscalía persiste en acumular elementos para un montaje que desvíe la atención de quien figura como el principal responsable, el empresario agroforestal ligado a redes del poder político y financiero en la Región de los Ríos. “Si me pasa algo, ya saben quién fue”: la frase premonitoria de Julia Chuñil en su entorno fue emitida tras la serie de amenazas que precedieron a su desaparición.

El imputado es además deudor del Estado pues no canceló los más de $1.000 millones de pesos que debe a CONADI, entidad que le devolvió graciosamente la propiedad de las 900 hectáreas en disputa.

¿Error o filtración interesada?

En la web del Ministerio de Justicia y/o de la Fiscalía estuvo por algunas horas disponible por un incomprensible error o por un plan deliberado, hace unos días, el oficio reservado 1849 del Fiscal Calfil dirigido al Juez de Garantía de Los Lagos, solicitando “medidas intrusivas” (intercepciones telefónicas) no sumadas a la carpeta investigativa. Los antecedentes que exponemos a continuación, así como la frase de Morstadt sobre el destino final de Julia Chuñil, figuran en ese oficio. A días de un nuevo aniversario de la desaparición, podrían ser usados una vez más en medios de comunicación asociados al poder hegemónico, que buscan deslegitimar la lucha por verdad y justicia para Julia Chuñil, inculpando a la familia.

El oficio del desprolijo fiscal Calfil al juez de garantía detalla que cuenta con tres testigos reservados (secretos) de los cuales no entrega ningún antecedente, pero son probablemente carabineros ya que uno de ellos escuchó uno de los audios citados en el relato. Los testigos secretos son su fuente principal para la lista de sospechosos, en la cual figura Pablo San Martín, porque su madre le habría vendido un terreno días antes de la desaparición. A partir de unas palabras de una menor, citadas por uno de los testigos secretos, la hija de Julia Chuñil, Jeanette Troncoso, es presentada como sospechosa.  Javier y Andalien, los otros hijos varones también aparecen como sospechosos por supuestas contradicciones respecto del primer día de búsqueda. El relato de un testigo secreto sostiene que   vio a los tres hermanos quemando ropas de la madre en un tambor con bencina, fuera de la casa de Julia. Para lograr el consentimiento del juez, el fiscal Calfil citó además el supuesto hallazgo de huellas de sangre de los hijos Javier y Andalién, en la casa recuperada, y en una astilla de la carreta, pese a que en la carpeta investigativa nunca se puso aquello como prueba.  Cita los análisis de LABOCAR que se sabe está bajo el mando del suboficial José Arriagada, con un expediente de fracasos y malas prácticas en un caso ocurrido en la Región del Biobío con un menor, del cual tuvo que ser apartado. En este caso, las abogadas denuncian que estuvo a cargo de las pesquisas por georadar enfocándolas todas hacia el núcleo familiar.

El fiscal Calfil por su parte, evidenciando total desconocimiento de los protocolos en caso de desaparición forzosa, interpretó la frase “sin cuerpo no hay delito”, como una autoinculpación de otra persona de la familia, a la cual le atribuye “manejo de información reservada”. Pero ese término es de uso frecuente e histórico entre personas que buscan a un desaparecido. Sin duda hay menosprecio y subestimación del aprendizaje que hacen los familiares de una persona desaparecida, en medio de su dolor y desesperación.

Se trata del mismo fiscal que nunca abrió el juicio por el feminicidio empresarial de Macarena Valdés. Recordamos que Rubén Collío denunció al fiscal Calfil en 2019 en espacios públicos, por haber puesto la carpeta investigativa de la muerte de Macarena Valdés en manos de empleados de la empresa RP Global. Funcionarios de esa empresa eran los principales sospechosos, porque antes habían acosado y amenazado a la joven madre de 4 hijos, defensora de su territorio. Asimismo, posteriormente, en medio de un desfile de fiscales tal como ahora, en la investigación se perdió el informe relativo a la autopsia independiente que demostraba que Macarena había sido asesinada antes de ser colgada para simular un suicidio.

A días de cumplirse 11 meses de la desaparición de Julia Chuñil, defensora de bosques y aguas, madre y abuela, impunidad y montaje se dan la mano y la justicia clasista hace caso omiso de las advertencias internacionales sobre su corrupto desempeño. El gobierno informó en agosto a la Comisión Interamericana de DDHH, y a las organizaciones de la sociedad civil, que estaba redoblando sus esfuerzos en el caso, y que mantenía informado sobre ello a la familia tal como se les había requerido.  La permanencia de Calfil a cargo del caso es a todas luces insostenible.