EE.UU. enfila ciberfascismo contra Venezuela como nuevo intento de golpe

Además de 930 sanciones, una feroz campaña mediática de grandes corporaciones internacionales y el terrorismo financiado desde el exterior, ahora Venezuela es blanco de un ataque ciberfascista que, al igual que las otras agresiones, su autor intelectual es Estados Unidos y la ultraderecha regional y nacional.

Este nuevo intento de golpe de Estado entró en vigor a pocas horas después que el Consejo Nacional Electoral anunciara el primer boletín de las elecciones del 28J, en las que el candidato Nicolás Maduro salió triunfador con el 51.2% de los votos.

Su campo de acción es el ciberuniverso, y su objetivo es crear zozobra e incertidumbre en el pueblo al atacar sitios web de importantes organismos del Estado, así como a plataformas tecnológicas estatales.

El primer golpe ocurrió el día de la elección, cuando hackers venezolanos y de todo el mundo, muchos de ellos atribuidos a los activistas de la agrupación Anonymous, atacaron en horas de la noche a los servidores de la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral (CNE) para detener el conteo y así retardar el anuncio del primer boletín, lo que sería de antesala a otros planes violentos de la ultraderecha. A pesar de ello, los técnicos del Poder Electoral pudieron levantar la red y contabilizar los votos.

Un reporte presentado por la vicepresidenta sectorial para la Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, en una reunión conjunta con el Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación, liderada en Caracas por el presidente Maduro, se detalla que hasta el 12 de agosto expertos estatales así como de empresas privadas contabilizaron a 25 plataformas tecnológicas públicas afectadas.

En otro balance ofrecido el 14 de agosto, el número de sitios web había ascendido a 106.

Entre los organismos afectados están el Consejo Nacional Electoral (CNE), Ministerio Público (MP), el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Banco Central de Venezuela (BCV), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) y el Instituto Venezolano de Seguros Sociales.

“Estos ataques cibernéticos han venido afectando a la colectividad nacional, de múltiples formas; desde el punto de vista educativo, las plataformas bancarias, las plataformas de telecomunicaciones, en el sistema Patria. Incluso también a las plataformas dedicadas al sistema de salud como el Instituto Venezolano de Seguros Sociales”, explicó.

En la reunión, Jiménez refirió las alarmas reflejadas en gráficos emitidos por las empresas foráneas como Netscout, localizada en Massachusetts, EEUU, y Kasperky, una de las plataformas más robustas de ciberseguridad empleadas en Rusia. Esta última “reporta a nivel mundial que el primer país más atacado en Suramérica es Venezuela durante los meses de julio y agosto”, advirtió.

En su ponencia detalló que el 65,52 % de los ataques ha sido por la denegación distribuida de servicio (DDoS, por sus siglas en inglés), estrategia que consiste en saturar y colapsar los servidores que arrojan páginas web con millones de solicitudes lanzadas al mismo tiempo, en un lapso corto, desde distintas computadoras.

La ministra detalló que han detectado sitios web que reciben 30 millones de solicitudes por minuto. Explicó que detrás de esta arremetida hay mucho dinero, ya que en el universo del ciberdelito un hacker puede recibir entre 1.000 a 5.000 dólares la hora si se trata de una embestida DDoS que supera el terabyte de consumo.

“Esto significa que lo que está detrás de los ataques es un gran poder, tecnológico y económico”, dijo, al tiempo que especificó que el 95% de las embestidas viene de computadoras de granjas, es decir ordenadores de escritorio bastantes sofisticadas, y menos de 2 % con plataforma tecnológicas móviles.

Otro de las formas más comunes del hackeo masivo de la ultraderecha —explicó la ministra— ha sido el robo de información asociado con software malicioso, con un 17.24 %. La modalidad de secuestro de rutas BGP (redirección maliciosa del tráfico de internet) representa el 3.45 %; robo de DNS (control del dominio de un sitio web seguro que redirige a una persona víctima a uno falso para robar datos personales) con un 6.90%; y desfiguración de páginas web 3.44%.

Jiménez, quien también lleva el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lamentó que la plataforma del Sistema Nacional de Ingresos, que lleva esta cartera y que este año administra el ingreso a las universidades a más 360.000 bachilleres haya recibido 4 millones de ataques, lo que ha impedido la asignación de cupos.

Alertó que Venezuela es víctima de una sofisticación en estos ataques, y registra constantemente un número, volumen y diversidad notable en las arremetidas cibernéticas dirigidas todas a “las plataformas tecnológicas del Estado”.

Apuntó a la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por sus siglas en inglés), “cuyo presupuesto puede afrontar el financiamiento de ataques DDOS de alta magnitud y alta duración”.

La NSA presta sus servicios a entes de EEUU como la Oficina Federal de Investigación (FBI) y Agencia Central de Inteligencia (CIA) así como a la corporación Alphabet (principal filial de Google), Meta (que maneja Whatsapp, Facebook e Instagram), Apple y Microsoft.

Toda la información confidencialidad robada se ha ventilado, sin medida y con total impunidad, en las llamadas redes sociales, como X, Instagram, Facebook y Whatsapp.

“Anonymous y otros agentes que se dedican a los delitos informáticos han estado con una campaña feroz contra nuestra República (…) van generando todo un ecosistema de terror, que, por supuesto, afecta la psiquis de los venezolanos (…) y una matriz negativa hacia la República desde el punto de vista científico, emocional, académico y tecnológico”.

Para frenar esta nueva faceta del golpe contra el país, la científica propuso al jefe de Estado la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, para “atender todo el desarrollo de la República en esta materia, y fortalecer nuestras plataformas tecnológicas, entendiendo que existen países que han dedicado esfuerzos importantes en acciones bélicas en atacar a naciones como la nuestra”, enfatizó.

Este nuevo consejo estará integrado por la vicepresidencia de la República, la Fiscalía General y los ministerios de Interior, Justicia y Paz, y el de Ciencia y Tecnología.

Aparataje corporativo militar sediento de recursos

En una entrevista posterior realizada a La Iguana, Jiménez denunció que estas grandes corporaciones, como X, Meta, Google, Apple y Microsoft no ofrecen servicios gratuitos. Por el contrario, los usuarios pagan el uso de estas plataformas con su información personal que luego es vendida a poderes fácticos corporativos, en donde luego, es usada para manipular y generar comportamientos o hábitos.

Las redes sociales pueden “potenciar la sensación de bienestar, pueden ser muy útiles, pero también pueden ser empleadas para la desestabilización y ésta es la alerta que tenemos que dar”, dijo. En el caso de Venezuela, y otros países como Reino Unido, este tipo de plataformas “han sido empleadas para las amenazas, para promover el odio, el vandalismo y el terrorismo”, agregó.

Estos ataques, advirtió, “tienen un efecto sobre la salud mental de los ciudadanos”, ocasionandoles depresión, ansiedad al ser bombardeados con contenido de odio y xenofobia.

Jiménez aclaró al referido medio, que la obsesión de Elon Musk, dueño de X, no es la “libertad” y “democracia” en Venezuela. Este magnate —añadió— es la representación de toda la clase corporativa energética de EEUU, que está sedienta de expoliar los recursos naturales de la región, específicamente Venezuela.

El plan económico de Estados Unidos, para los próximos 50 años, “no tiene una matriz energética diferente a la base petrolera de gas y petróleo, de combustibles fósiles, por lo tanto su industria, en los próximos 50 años, no tiene ninguna transición energética”, alertó.

Ante esto, se han conjurado las empresas energéticas, de redes y el Pentágono para armar “un gran andamiaje del capitalismo tecnológico de la vigilancia que mercantiliza la información nuestra, pero que además la usa como elementos de la guerra, como elementos para la desestabilización”, enfatizó.

Por eso, consideró como prioridad que el Estado tipifique como terrorismo a los ciberataques que buscan generar intranquilidad social. “Tenemos que construir ahora en nuestro marco jurídico la definición de esos delitos y las penas que tienen que por supuesto pagar las personas que cometan estos actos porque no pueden atentar contra la vida humana”, expresó.

*Fuente: KoeyuDigital