Tarapacá: Región en llamas 

Sería una obsecuencia a la farsa sino señaláramos que Tarapacá, particularmente, Iquique y Alto Hospicio, se encuentran inmersa en una grave y prolongada crisis de seguridad humana y pública. Hasta el momento, ninguna autoridad, con las atribuciones, competencias y mandato para responder y resolver este tipo de conflictos se ha hecho cargo o ha entregado alguna propuesta real para enfrentar la situación.

Somos la primera región con la mayor tasa de incidencia COVID19 y la más alta en aumento de casos diarios, sin contar la Metropolitana.

En un año, pasamos de 18 a 51 homicidios anuales. El sicariato se instituye como una manera de ganarse la vida y de cobrar cuentas. Los prestamistas ilegales y matonescos se reproducen como maleza.

El narcotráfico, nada nuevo en la región, se consolida como cadena de valor y generación de ingresos y empleo informal.

La habitabilidad y movilidad urbana sigue siendo precaria y cada vez se torna más grave. El incendio en Laguna Verde, la multiplicación de tomas, el hacinamiento y la alta densidad en Iquique y Alto Hospicio hacen de lo que debería ser un área metropolitana regional una bomba de tiempo.

Aunque la conducta de la mayoría de los migrantes no tiene nada que ver con las excepciones negativas, es cierto que la migración irregular y la ausencia del control estatal permite que se infiltren delincuentes y organizaciones criminales ocultos entre los miles que entran con buenas intenciones buscando un mejor pasar para sus hijos e hijas. Son estos pocos, pero peligrosos criminales, los que traen consigo prácticas de sus lugares de origen que modifican cualitativamente el comportamiento criminal local.

El aumento de temperaturas, la escasez de agua, las lluvias de verano y aluviones son efectos del cambio climático que hace años ya sabemos y deberíamos estar preparados para enfrentar las contingencias al respecto, pero actuamos como si no supiéramos lo que se viene y todos los años nos sorprendemos.

Todo lo anterior se podría haber evitado si la institucionalidad pública regional, a pesar de carecer de autonomía, y las autoridades gubernamentales, aunque carentes de competencias y liderazgo para tomar la iniciativa, hubiesen diseñado una estrategia de Seguridad Humana Regional basada en el enfoque de la Acción Preventiva y no en la clásica improvisación de la Respuesta Reactiva.

Solo por poner ejemplos, ya sabíamos que el comportamiento de los Iquiqueños ante el COVID era temerario, ¿Por qué no se implementó una campaña comunicacional y de terreno para concientizar puerta a puerta, barrio a barrio, lugar de trabajo por lugar de trabajo para incidir en la cultura y comportamientos ante los nuevos brotes de COVID19?

Si se sabe que habrá altas temperaturas y que en verano los incendios son más frecuentes, ¿por qué no se generó un plan preventivo o de contención de eventuales incendios en zonas vulnerables?

Si toda la literatura académica, científica, más las señales de hace tres o cuatro años sobre la presencia de organizaciones criminales y la introducción de nuevas prácticas criminales en la región, nos exponía la correlación con el fenómeno de la migración irregular, ¿por qué no se ejecutó un plan de monitoreo y una labor exhaustiva para identificar los potenciales criminales, sus zonas de asentamiento y su área de influencia?

¿Por qué no hubo mayor inversión social en infraestructura para dotar a nuestros jóvenes y sus familias de espacios y actividades que sirvieran de cortafuego a la influencia delictiva? La ciudad es mucho más que la costanera o las avenidas. La inversión y la transformación urbana para el esparcimiento, infraestructura cultural y la habitabilidad hay que desarrollarla en los lugares donde la gente vive y no lejos de ellos. Generar proximidad de centros sociales, culturales y educativos es fundamental para prevenir.

Todo era evitable.

Todo esto ocurre en una región con riquezas, pero que se van a Santiago, porque tenemos un Estado ausente, mínimo y centralista. Por una parte, tenemos un poder Ejecutivo regional que no sale de su zona de confort, marcando el paso, dependiente de las directrices de Santiago, sin propuestas ni iniciativa. Por otra, una elite y actores políticos que en vez de colaborar a generar una gobernanza regional que tome como agenda los problemas más urgentes y graves de la región se enfrasca en trifulcas cuyos resultados no importan ni impactan en la vida de la gente que más sufre.

Aún estamos a tiempo. El nuevo gobierno deberá hacer frente a estos grandes problemas, pero estos no se solucionarán de un día para otro ni tampoco con mera palabrería ni rabietas. Para implementar una estrategia seria que combine la Acción Preventiva con la Respuesta Reactiva, necesitamos de autonomía, recursos y democracia.

Urge sentar en una sola mesa a todos los actores del territorio, desde la dirigente vecinal hasta el Gobernador Regional, pasando por el Delegado Presidencial y otras autoridades intermedias, empresarios y trabajadores, para que, en conjunto, con autonomía y recursos necesarios podamos liberarnos del miedo, de las amenazas a la seguridad y de la miseria. Diseñar y socializar todos y todas una Estrategia Regional para la Seguridad Humana en Tarapacá.

Solo juntos y juntas podemos dar este paso, toda esa fuerza solidaria que emerge orgullosa después de cada desastre o catástrofe, la necesitamos para dialogar, prevenir y responder.

Ciudadanía, sociedad civil, gobierno regional e instituciones descentralizadas, todos juntos y juntas, podemos salir adelante y evitar que nuestra región sea una permanente región en llamas.

-El autor, Rubén Moraga Mamani, es Diputado del Partido Comunista por Tarapacá

*Fuente: Edición Cero