• El Gobierno de España, que proclama la defensa de los DDHH, es requerido para que salve la vida de las hermanas Jaya, lo mismo que ha hecho con refugiados afganos.

• La activista saharaui Sultana Jaya y una hermana se encuentran en grave estado por COVID-19, contagiadas después de un asalto a su casa por agentes marroquíes que  dijeron “no vais a durar ni diez días”.

• Pedro Sánchez escribió el 23 de agosto: “España es esto: solidaridad, humanidad. Vamos a seguir trabajando para ayudar a quienes más lo necesitan”.

“España siempre va a estar comprometida con la defensa de los derechos humanos”. Lo dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 21 de agosto pasado ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel y el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Fue en la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde visitaron a refugiados afganos evacuados de Kabul. Además de añadir a los derechos humanos la defensa de la democracia y la libertad, Sánchez afirmó que “Afganistán no es un lugar ajeno a España”.

Pero si hay un lugar que no es ajeno para España,y en el que tiene una responsabilidad histórica, es el Sáhara Occidental, que fue provincia española, no se descolonizó y fue entregado a Marruecos. Es el territorio del que España, según la ONU y la Audiencia Nacional, sigue siendo la potencia administradora de iure, aunque hasta ahora los diferentes gobiernos del PP y del PSOE no han querido hacer frente a esa obligación.

En ese territorio en el que sus habitantes tenían DNI español se encuentran en muy grave estado la activista de DDHH Sultana Jaya y su hermana menor, Um-Almumnin, enfermas de COVID-19. Después de diez meses sin poder salir de su casa, en Bojador, sometidas a aislamiento sin orden judicial y al asedio continuo de agentes y paramilitares marroquíes, el 22 de agosto la familia Jaya sufrió otro asalto, en el que los marroquíes restregaron trapos en la boca y la nariz de las hermanas Jaya, además de esparcir productos tóxicos por la vivienda.

Días después, Sultana y Um-Almumnindieron positivo por COVID-19, y se teme que otros miembros de la familia hayan resultado también contagiados. Las palabras de uno de los asaltantes fueron contundentes: “No vais a durar ni diez días”.

La familia Jaya no tiene atención médica debido al asedio que padecen desde el 19 de noviembre de 2020, como ha relatado el Secretario General del Frente Polisario, Brahim Gali, en la carta enviada al secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidiendo que actúe con urgencia para salvar la vida de Sultana Jaya y su familia.

Petición al Gobierno de España

En España, el delegado saharaui, Abdulah Arabi, se ha dirigido al Gobierno de Pedro Sánchez para que España cumpla con sus responsabilidades como potencia administradora y salve la vida de Sultana y su familia. Se lo ha dicho al jefe del Gobierno, el mismo  que con motivo de la crisis de Afganistán escribió el 23 de agosto en un tuit que “España es esto: solidaridad, humanidad. Vamos a seguir trabajando para ayudar a quienes más lo necesitan”.

El Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS), que se concentra los lunes en Madrid ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha dirigido al ministro José Manuel Albares para que rescate a las hermanas Jaya y las traiga a España a fin de recibir urgentemente tratamiento médico. El MPPS recuerda a Albares, quien el 13 de julio pasado escribió “Defendemos los derechos humanos sin condiciones”,que cuando la policía marroquí arrancó un ojo a Sultana, fue acogida en España.

En la carta a la ONU de Brahim Gali, que fue tratado de COVID-19 en España y salvó la vida, se destaca la denuncia que Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Front-Line Defenders, entre otras organizaciones internacionales, han hecho del caso de Sultana Jaya, a la que se niegan los Derechos Humanos, de los que España se proclama firme defensora, como explica el MAEC en su página web.

Y una veintena de organizaciones militantes de la lucha del pueblo saharaui y de derechos humanos han suscrito un comunicado en el que piden una intervención urgente para salvar la vida de las activistas y “ponga punto y final a este arresto domiciliario que constituye una grave violación de los derechos humanos más básicos”.

En la siguiente relación se describen algunos hechos ocurridos en agosto de 2021 en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, especialmente las agresiones sufridas por la familia de Sultana Jaya, y en cárceles marroquíes con presos políticos saharauis, según organizaciones sociales y medios de información saharauis y españoles:  AGOSTO SAHARAUI 2021Descarga

*Fuente: Contramutis