Buenos Aires (Argentina), 17 Septiembre de 2020
En diversas noticias siempre leemos sobre los abusos e incidentes en protestas protagonizadas por activistas saharauis favorables a la independencia en los territorios ocupados por Marruecos. Estos reclamos, siempre de carácter pacífico, son respondidos con dureza por fuerzas de seguridad del gobierno de ocupación.
En otras palabras reconoció la existencia de una disputa y que los presuntos “derechos” que tiene sobre el territorio, quedan sujetos a la decisión de la población originaria, los saharauis. En cierto punto, asumió la verdad histórica- jurídica, plasmada en el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 1975, donde claramente indicó que el territorio del Sahara Occidental NUNCA FORMO PARTE DE MARRUECOS, ni de la “ENTIDAD MAURITANA”.
La invasión marroquí de 1975-1976, transformó al Sahara Occidental en un territorio sujeto a ocupación militar y por ende quedó bajo el régimen del Derecho Internacional Humanitario o DIH , consagrado en las Convenciones y Protocolos de Ginebra. La finalidad del DIH es limitar y atenuar las calamidades de la guerra, formado por normas consuetudinarias y escritas, además del principio “Cláusula Martens” que prevé en aquellos casos no previstos por el derecho, tanto las personas civiles como los combatientes están bajo protección y la autoridad de los principios del derecho internacional que derivan de la costumbre establecidas, los principios de humanidad y la conciencia pública (conf. IV Convenio de La Haya, Preámbulo y Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, art. 1°). La finalidad de la cláusula Martens es cubrir jurídicamente aquellas situaciones que pudieran surgir en el curso de las hostilidades y no estuvieran contempladas por las normas convencionales, al hacerlo cumple también la función de garantizar la validez y aplicabilidad continuada de normas preexistentes no incluidas en los Convenios.
En atención que el Sahara Occidental es un territorio ocupado, los saharauis no tienen ninguna obligación de obedecer las leyes de Marruecos. El derecho internacional reconoce el “derecho a la resistencia”. Naciones Unidas tiene resoluciones al respecto e incluso reconoció expresamente como sujetos a los movimientos de liberación nacional. No en vano, el Frente Polisario, tiene una representación en dicho organismo internacional. En su momento en un libro que escribimos sobre este tema dijimos «El Estado ocupante puede establecer algunas normas que permitan cierta subordinación, con la finalidad de mantener la seguridad en el marco de las Convenciones de Ginebra, pero deben ser distintas a las normas vigentes al territorio ocupado».El Estado ocupante es responsable de garantizar el bienestar de la población del territorio ocupado, mantener los servicios públicos esenciales, la educación y la salud de la población. El estado ocupante no puede modificar las leyes e instituciones de la zona ocupada, debe respetar a los funcionarios existentes, la legislación, el funcionamiento de la Cruz Roja/Medialuna Roja, y los organismos de protección civil. Marruecos borró por la fuerza cualquier vestigio de instituciones saharauis. Impuso sus leyes, instituciones, trajo colonos, impuso sus tribunales, en abierta contradicción al derecho internacional. En otras palabras anexó el territorio ocupado al suyo propio, lo que es considerado un crimen internacional. Son crímenes internacionales también el expolio de recursos naturales como de las actividades que se llevan a cabo, sin consentimiento, ni participación de los naturales del territorio.La represión a manifestaciones públicas, como fue en su momento el Campamento de Gdeim Izik, siguiendo por la represión constante a las manifestaciones que exigen desde la liberación de presos políticos, respeto a los derechos humanos, pasando por reclamos de independencia, son graves transgresiones a la IV Convención de Ginebra; los juicios realizados contra los activistas saharauis, son nulos. A ello se agrega los graves atropellos contra los activistas juzgados por tribunales militares por el Campamento de Gdeim Izik, violatorios al régimen del DIH como también a los tratados de derechos humanos, sobre los cuales la potencia ocupante tiene obligaciones.
El cúmulo de crímenes es extenso, como no dar explicaciones sobre 150 prisioneros desaparecidos durante la guerra de liberación 1975-1991, además de otras 400 desapariciones de civiles, durante los anos más duros de la ocupación. Son crímenes de guerra y lesa humanidad, sobre los cuales la potencia ocupante ni siquiera ha querido dar alguna explicación.
El Reglamento de La Haya, encuadrado dentro del DIH habla sobre el régimen de la vida pública en los territorios ocupados. La potencia ocupante ha impedido sistemáticamente, bajo una política de asimilación forzada. La negativa a legalizar sindicatos, asociaciones civiles y ONG de derechos humanos, son graves infracciones que ha venido cometiendo la potencia ocupante desde hace décadas, a pesar de los llamados de la comunidad internacional.
Escuadrones de la muerte. La escuela francesa
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Los derechos de las mujeres en la nueva constitución.
El diario de Carmenza
Carmenza sabía que recorría las tierras de los descendientes de la gente que se había liberado de cadenas, huyendo. Los esclavistas jamás dejaron el poder en Colombia. Se vistieron de virreyes y después de libertadores. Se dieron libertad a sí mismos y luego destruyeron a quienes clamaban por una libertad real para toda la sociedad, hasta que destruyeron el mismo ejercito libertador. Hasta que hicieron de la palabra democracia una burla.
El diario de Carmenza
Carmenza sabía que recorría las tierras de los descendientes de la gente que se había liberado de cadenas, huyendo. Los esclavistas jamás dejaron el poder en Colombia. Se vistieron de virreyes y después de libertadores. Se dieron libertad a sí mismos y luego destruyeron a quienes clamaban por una libertad real para toda la sociedad, hasta que destruyeron el mismo ejercito libertador. Hasta que hicieron de la palabra democracia una burla.
¡Que poco sabemos de la historia de Chile (III)
Se ha sabido que la Constitución de 1925 buscó sustituir el desprestigiado régimen parlamentario oligárquico, incorporando a los emergentes sectores medios al aparato del Estado y buscando implantar un modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones. Pero lo que se ha mantenido eficazmente oculto -¡hasta el día de hoy!- es que junto con ello se reprimió fuertemente a los sectores proletarios mineros y urbanos que intentaron también adquirir protagonismo en nuestra sociedad.